Un hombre murió por hipotermia en Chuquisaca (Bolivia), después de que pobladores de la zona lo dejaron atado a un árbol a la intemperie, tras sorprenderlo cometiendo un robo. Tenía dos cómplices que lograron escapar.
Sucedió
el domingo en el área de Culpina, donde el ladrón fue descubierto
cuando robaba en una vivienda junto a otras dos personas que lograron
escapar.
El ladrón fue amarrado a un árbol y golpeado por los pobladores, que después lo dejaron atado en el mismo lugar.
Horas después, a medianoche, agentes de policía lograron rescatar el cuerpo sin vida de la víctima.
Los linchamientos de supuestos delincuentes en Bolivia ocurren con frecuencia y, según han advertido expertos juristas, muestran que en el país rige una pena de muerte de facto aplicada por muchedumbres.
Las turbas siempre argumentan que aplican la llamada justicia comunitaria indígena, reconocida en la Constitución que rige en Bolivia desde 2009, pero que no establece ni ampara la pena de muerte, ni los castigos físicos.
Las autoridades bolivianas y organismos internacionales, entre ellos la ONU, han mostrado su preocupación por estos actos que la Policía no logra frenar, ya que muchos tienen lugar en zonas rurales en las que apenas hay agentes que puedan enfrentarse a los grupos de personas furiosas.
Según organizaciones de defensa de los derechos humanos, en Bolivia se producen entre diez y veinte casos de linchamientos consumados cada año, además de una mayor cantidad de intentos fallidos.
El ladrón fue amarrado a un árbol y golpeado por los pobladores, que después lo dejaron atado en el mismo lugar.
Horas después, a medianoche, agentes de policía lograron rescatar el cuerpo sin vida de la víctima.
Los linchamientos de supuestos delincuentes en Bolivia ocurren con frecuencia y, según han advertido expertos juristas, muestran que en el país rige una pena de muerte de facto aplicada por muchedumbres.
Las turbas siempre argumentan que aplican la llamada justicia comunitaria indígena, reconocida en la Constitución que rige en Bolivia desde 2009, pero que no establece ni ampara la pena de muerte, ni los castigos físicos.
Las autoridades bolivianas y organismos internacionales, entre ellos la ONU, han mostrado su preocupación por estos actos que la Policía no logra frenar, ya que muchos tienen lugar en zonas rurales en las que apenas hay agentes que puedan enfrentarse a los grupos de personas furiosas.
Según organizaciones de defensa de los derechos humanos, en Bolivia se producen entre diez y veinte casos de linchamientos consumados cada año, además de una mayor cantidad de intentos fallidos.
