
Jueves, 16 de Octubre de 2014
Paco Pimentel, 70 años, lleva desde 2006 investigando,
trabajando e intentando desterrar el miedo entre los vecinos de Ronda
(Málaga) para recuperar los restos de su abuelo y 1.700 fusilados más en
el pueblo, según ha podido documentar.
lamarea.com / OLIVIA CARBALLAR / 14-10-2014
Exhumación en El Álamo (El Madroño, Sevilla), en noviembre de 2011. ARMH
El pasado agosto, la asociación de familiares concluyó las labores de
localización de fosas en el cementerio, para cuyos trabajos recibió una
subvención de 6.000 euros por parte de la Dirección General de Memoria
Democrática de la Junta de Andalucía. Ahora, este departamento acaba de
iniciar los trámites administrativos para comenzar la exhumación de la
primera fosa, donde se calcula que puede haber un centenar de personas
como mínimo, pero Paco y los demás familiares, tras años esperando este
momento, se oponen a esta intervención. Denuncian que la Administración
está actuando al margen de ellos y sin su consentimiento. “No tocarán la
fosa. No la tocarán sin un plan sensato que permita una exhumación
completa y no una foto de políticos con un boquete abierto.
No queremos que con nuestros muertos se haga política ni negocio.
Tantos años esperando esto, toda una vida luchando, llorando y resulta
increíble que ahora nos veamos en la tesitura de tener que oponernos”,
dice rotundo Pimentel, que tiene muy presentes los paseos con su abuela
en el cementerio, cuando era niño, en busca de su abuelo, Frasquito el
bueno, zapatero fusilado el 14 de marzo de 1937.
La Dirección General de Memoria Democrática tiene previsto destinar a
este trabajo inicial de exhumación 17.000 euros y asegura que ha
ofrecido la máxima colaboración a la asociación. Fuentes del
departamento dirigido por IU explican que han intentado hacerles
entender que la nueva política de memoria es pública, es decir,
es la Administración la que tiene que asumir las exhumaciones:
“Somos la única administración pública, junto con algún ayuntamiento y
diputación, que está haciendo una política de memoria de acuerdo a las
recomendaciones del relator de la ONU y asumiendo un papel que
corresponde al Estado. Esta asociación, que tiene todo el derecho del
mundo a manifestar su desacuerdo, no asume esta política”, añaden.
La asociación, sin embargo, asegura que acepta y aplaude que sea el
Estado el responsable, lo que no comparte es que “quieran restar
protagonismo” e incluso “marginar” a las familias en un proceso que han
liderado hasta el momento. “Tras las catas, pedimos una subvención en
2013 para iniciar la exhumación y nos la denegaron porque no había
dinero. En una asamblea de IU nos informaron de sus intenciones y les
mostramos nuestro rechazo, luego nos mandaron una carta y ahora nos
enteramos por casualidad de que han publicado en el Boletín Oficial de
la Junta
un anuncio con el inicio de la exhumación
por su cuenta y riesgo. ¿Por qué para actuar ellos sí hay dinero y para
hacerlo nosotros no? Con ese dinero, además, es una chapuza lo que
quieren hacer. ¿Y luego qué?
¿Y las pruebas de ADN? ¿Dónde se guardan los huesos?”, se pregunta Pimentel indignado. Las exhumaciones de fosas grandes o complicadas, generalmente, llevan años de trabajo.
Ofrenda floral que la asociación realiza cada año en el cementerio de Ronda
La Dirección de Memoria afirma que ese dinero servirá sólo para una
primera fase e insiste en que con la nueva política no concederá
subvenciones a asociaciones privadas. Según explica, es la
Administración, a través de un comité técnico -compuesto actualmente por
el director general de memoria, un funcionario de esa dirección, dos
representantes de asociaciones y un miembro de la Consejería de
Justicia-, la que decide dónde intervenir según varios criterios. En
primer lugar, el de urgencia. Por ejemplo, en el caso de un cementerio
que vaya a ser desmantelado. Y, en segundo lugar, en función de la
situación técnica del proceso. Es decir, se actuará antes en fosas donde
las catas estén ya realizadas y se haya formulado la correspondiente
denuncia al juzgado que en enterramientos aún sin tocar. En el caso de
Ronda, la intervención fue propuesta en una reunión del comité el pasado
12 de marzo, según las actas publicadas en la
página web de la Dirección.
En este conflicto, los familiares, de momento, tienen de su parte al Ayuntamiento, gobernado por PP y Partido Andalucista, que
no ve nada claro conceder el permiso a la Junta sin el apoyo de los familiares.
Según el consistorio, “un tema tan delicado” no puede llevarse a cabo
sin ellos. De todas formas, aseguran que la Junta aún tiene que
completar la documentación enviada para conceder o no la autorización.
Los familiares presentarán alegaciones.
No es la única asociación que muestra su enfado ante esta nueva
política de la Dirección de Memoria Democrática, que se verá refrendada
en la ley de memoria que está preparando. Tras la publicación del
anteproyecto, varios colectivos memorialistas denunciaron que la
Administración se arroga la potestad de las exhumaciones pero
apartándolos y, lo que ven mucho más grave, incluso pueden ser
sancionados si deciden asumir la exhumación ellos mismos, de forma
privada, como ha ocurrido en muchos casos hasta ahora, entre otras
razones, porque la Administración en general o no ha tenido dinero o
sencillamente no los ha escuchado.