
       ALFONSO ALBA | 
 
Documentación incautada durante la primera fase de la ‘Operación Seguro’.
 
La ‘Operación Seguro’ desarrollada por la Policía Nacional ha 
conseguido desmantelar una trama formada por diez empresas que 
realizaban contratos de trabajo falsos para obtener de manera 
fraudulenta subsidios por desempleo, permisos de residencia y beneficios
 penitenciarios
Agentes de la Policía Nacional, en el marco de la 
Operación Seguro,
 ha destapado en Córdoba un entramado empresarial creado para defraudar a
 la Seguridad Social, procediendo a la detención de 51 personas. Según 
ha informado el Cuerpo Nacional de Policía, la operación se ha llevado a
 cabo después de investigar un total de 10 empresas cuyos titulares 
realizaban contratos de trabajo falsos y altas irregulares, todo ello 
con la finalidad de obtener, de manera fraudulenta, subsidios por 
desempleo, permisos de residencia y beneficios penitenciarios.
La primera fase de la investigación se inició a finales del mes de 
noviembre del pasado año, tras interponer una ciudadana extranjera una 
denuncia en la que manifestaba haber sido víctima de una estafa por 
parte de un gestor que le prometió regularizar su situación en España a 
cambio del pago de 600 euros.
Como resultado de las gestiones realizadas, los investigadores 
identificaron a un hombre que figuraba como titular y gestor de varias 
empresas, que adeudaba a la Seguridad Social unos 200.000 euros. Fruto 
de esta investigación, los agentes pudieron constatar como dicha persona
 había realizado contratos de trabajo a nombre de seis empresas 
ficticias, todas ellas bajo su gestión, y con apariencia legal, pero que
 no desarrollaban actividad laboral alguna, comprobando como las 
referidas empresas se habían creado con única finalidad de recibir 
prestaciones sociales (ascendiendo la cuantía irregularmente percibida a
 205.000 euros) y, con ello, propiciar que personas extranjeras carentes
 de documentación para residir legalmente en España pudieran solicitar 
su regularización en nuestro país, al justificar su actividad laboral.
Una vez recopiladas las pruebas e indicios necesarios se estableció 
un operativo en el que se llevaron a cabo registros tanto en la asesoría
 como en el domicilio del principal investigado. En ellos se intervino 
gran cantidad de documentación y material informático de las seis 
empresas ficticias como contratos de trabajo, sellos, certificados, 
nóminas de trabajadores, facturas, seguros, escrituras de constitución 
de empresas, listados de trabajadores y empresas, movimientos bancarios,
 etcétera.
DETENIDO EL CABECILLA Y CINCO EMPRESARIOS 
Una vez analizada la información incautada en los registros los 
investigadores procedieron a la detención del principal responsable, el 
asesor-consultor autorizado en todas las empresas ficticias, y de otros 
cinco empresarios cordobeses implicados en los mismos hechos. Además, se
 logró localizar y detener a 28 trabajadores de las empresas ficticias, 
los cuales, habían solicitado prestaciones públicas indebidas 
(desempleo, subsidios, incapacidad temporal, jubilación anticipada…) y 
entre los que había varias personas extranjeras que habían tratado de 
regularizar su situación en nuestro país con los contratos fraudulentos.
No obstante, la operación no se dio por concluida, por lo que en el 
desde el mes de marzo hasta junio del presente año, y después de un 
estudio exhaustivo de la documentación intervenida en los registros 
realizados en la primera fase, los investigadores localizaron contratos 
de trabajo y nóminas de las empresas ficticias a nombre de otros 
supuestos trabajadores, que habían acumulado días de cotización con el 
único fin de en un futuro solicitar el cobro de prestaciones y subsidios
 públicos.
Además, los agentes pudieron comprobar como algunos de dichos 
trabajadores habían utilizado igualmente contratos y nóminas falsas para
 tratar de regularizar su situación en nuestro país, así como incluso 
para obtener beneficios penitenciarios. Por todo ello, en esta segunda 
fase se ha procedido a la detención de otras 17 personas como presuntos 
autores de un delito de falsedad documental, la mayoría en Córdoba, así 
como dos de ellos en Madrid y Alicante.
Esta operación ha estado enmarcada dentro del convenio de 
colaboración entre el Ministerio del Interior y el Ministerio de Empleo y
 Seguridad Social en materia de lucha contra el empleo irregular y el 
fraude a la Seguridad Social .