El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes un anteproyecto de
reforma parcial de la Ley de Propiedad Intelectual que incluye medidas
para perseguir con más eficacia las webs de descarga ilegal, así como un
reforzamiento del control y capacidad sancionadora de la Administración
sobre las entidades de gestión de derechos de autor.
La entidades de gestión piden su paralización.
El ministro de Cultura, José Ignacio Wert, ha dicho en rueda de prensa que la norma atiende sobre todo a dos objetivos:
la demanda de "mayor transparencia" en las entidades de gestión y la
necesidad de actuar contra quienes facilitan "a gran escala" la descarga
ilegal de contenidos culturales.
El texto, que ahora será sometido a debate de de los sectores
afectados y de los organismos consultivos antes de su remisión al
Parlamento, previsiblemente después del verano, pretende dar respuesta
en materia de lucha contra la 'piratería' digital a la inoperancia de la
Comisión de Propiedad Intelectual, transcurrido un año de su entrada en
funcionamiento.
Retirada de catálogos
El anteproyecto
agiliza la identificación de las páginas que facilitan contenidos no
permitidos y su persecución internacional mediante edictos electrónicos.
A partir de la reforma, la comisión podrá solicitar a una
web
con contenidos piratas la retirada de catálogos completos de autores,
sin tener que hacer la reclamación obra a obra, como ahora.
También se instaura un régimen sancionador para las webs piratas,
con multas de entre 30.000 y 300.000 euros, y un mecanismo de
requerimiento a las teleoperadoras y anunciantes que tengan acuerdos con páginas que faciliten descargas no autorizadas a que cesen esta actividad.
En cuanto a las entidades de gestión, el Ministerio de Cultura podrá
intervenir en una entidad de gestión que haya cometido irregularidades,
imponiéndole una multa que podrá llegar hasta el 2% de su recaudación
anual.
