miércoles, 5 de febrero de 2014

"El feto era inviable y los médicos se lavaron las manos"





Daniela, en su casa de Madrid


El Hospital de La Paz, uno de los mayores centros públicos de Madrid, se ha negado a practicar un aborto a Daniela, una mujer de 32 años que había sufrido una rotura de la bolsa y que con 20 semanas de gestación estaba sin líquido amniótico. En esas condiciones, el feto es inviable y hay riesgo de infección grave para la madre.

Pese a que cumplía los requisitos que marca la vigente ley del aborto, el centro se negó a interrumpir el embarazo y le dieron el alta para que acudiera a una clínica privada después de que la Comunidad de Madrid constatara que cumplía los requisitos para someterse a un aborto. Una portavoz del hospital confirmó que en ese centro todos los médicos son objetores y que el servicio de Ginecología y Obstetricia decidió en bloque en 2010 no practicar abortos en ningún caso.

Daniela, brasileña y fisioterapeuta de profesión, relata su trauma con entereza y afirma junto a su compañero Miguel, profesor de universidad que "era un niño muy deseado, llevábamos dos años en tratamiento de fertilidad".

Cuando estaba de 16 semanas, se despertó con todo lleno de sangre. Comenzaron entonces las pruebas, pero pese a los indicios los médicos de La Paz descartaron que tuviera rota la bolsa de líquido amniótico en la que crece el feto. El día de fin de año volvió al hospital y ahí la ingresaron y le pusieron antibiótico como prevención. Una rotura de la bolsa puede generar una infección a la madre.

El día 7 de enero la mandaron a casa ya con un diagnóstico de oligoamnios severo, que implica que hay poco líquido amniótico. "Nos decían que el feto tenía pocas posibilidades, pero decidimos esperar porque era un niño muy deseado", dice Miguel.

El 23 de enero, embarazada de 20 semanas, Daniela vuelve a urgencias de La Paz, el hospital público más cercano a su casa, de nuevo con pérdida de líquido. El diagnóstico ya es inequívoco: Rotura Prematura de Membranas en gestación previable. La bolsa está rota y le ponen antibiótico intravenoso.

Sin líquido amniótico, el útero presiona al feto, que no desarrolla capacidad pulmonar y tiene muchas posibilidades de sufrir malformaciones que le impedirán vivir. Además, hay grave riesgo de infección para lal madre.

Ahí empieza lo que Daniela y Miguel califican como una tortura. “Nos decían que al niño no se le formarían los pulmones y que había riesgo de infección para Daniela. Pintaban un panorama terrible pero no daban una solución. Teníamos una semana para decidir porque se acercaba el plazo que marca la ley”, dice Miguel.

Convencidos de que no quedaba otra, y después de esperar cuatro semanas desde la primera pérdida de líquido, pidieron al hospital acabar con el embarazo. “Nos dijeron que allí no lo hacían, que si el feto no tenía latido me lo sacaban pero que si tenía no iban a hacer nada”, recuerda Daniela.

En estos casos, si el hospital no practica abortos, lo normal es derivarlo a una clínica privada. Pero Daniel cuenta que le dijeron que no sabían qué hacer, que si quería interrumpir el embarazo debía tomar el alta y gestionárselo ella. “Para mí no es algo voluntario, sino terapéutico. No había solución. Me duele que pongan que yo pedí interrumpir el embarazo”, señala Daniela.

Miguel y Daniela deciden irse con el alta médica. Le retiran el antibiótico intravenoso y se lo recetan vía oral. Entonces acuden a una oficina de la Comunidad de Madrid para que, ahora sí, les deriven a la clínica privada Dator, especializada en abortos.

"Es una hipocresía que te digan que el feto es inviable, pero luego ellos se lavan las manos a la hora de resolver la situación”, reflexiona Miguel. La pareja ha querido contar su caso para que se conozca la realidad del aborto en Madrid y pedir que la sanidad pública lo garantice “al menos en el caso de interrupciones terapéuticas debidas a que el feto no es viable”.

Una portavoz del hospital La Paz señaló ayer que todos sus médicos se declaran objetores, tras una decisión tomada en bloque por el servicio. Este hecho contraviene la Ley del Aborto de 2010, que señala que la objeción de conciencia es un derecho “siempre individual del personal sanitario, que debe manifestarse anticipadamente y por escrito”. En La Paz no existe un registro de este tipo. La Ley también afirma que los profesionales tienen ese derecho “sin que el acceso y la calidad asistencial de la prestación puedan resultar menoscabadas por el ejercicio de la objeción de conciencia”.

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