
Miembros
del equipo dirigido por el arqueólogo Jesús Román, durante el trabajo
de excavación de una de las fosas comunes de El Marrufo. / © Juande
Setenta y seis años después de la sublevación militar franquista
contra las autoridades democráticas de la II República, van a recibir
honrosa sepultura los restos de 28 personas –seis de ellas eran mujeres–
vilmente asesinada en la provincia de Cádiz, cuyas fosas, anónimas y
camufladas en el monte, fueron descubiertas el pasado verano en el
cortijo del Marrufo, cerca ya de la provincia de Málaga. Ellos fueron
una parte de las víctimas de lo que el historiador
Fernando Sígler Silvela ha denominado “
el terror caliente”.
Sígler ha estudiado con detalle la represión en los montes gaditanos y
cifra en más de trescientas las personas fusiladas por las tropas de
Franco y sus compinches, el general gaditano
José Varela Flores y el sevillano
Gonzalo Queipo de Llano.
Uno de los primeros objetivos de los
golpistas consistió en eliminar la resistencia republicana en una
provincia estratégica para sus planes de bombear mercenarios desde la
colonia marroquí a la península con el objetivo de tomar Madrid a sangre
y fuego. De ahí que en los primeros meses de la contienda enviaran
varias columnas a ocupar las localidades gaditanas y fusilar a sus
representantes locales y dirigentes sindicales. No pocos se refugiaron
en la sierra, concretamente en el valle de La Sauceda, entre Jimena,
Ubrique y Cortes de la Frontera.
La Sauceda era un pequeño poblado, ya cerca de la provincia de
Málaga, en el que una columna mandada por el teniente de la Guardia
Civil de Ubrique,
José Robles, que conocía bien la
zona, detuvo a decenas de personas que fueron fusiladas sin causa ni
juicio previo. En el cortijo Marrufo, propiedad de una de las familias
bodegueras más adineradas de Jerez de la Frontera, instalaron un centro
de reclusión y tortura al que iban a parar los detenidos en La Sauceda y
las localidades limítrofes.
De la mayoría de los detenidos nunca más se supo, pero sus familiares
no los olvidaron y, después de cuarenta años de dictadura y de la bien
cumplida Transición con el lema “olvido y perdón”, la iniciativa de la
Asociación de Familiares de Represaliados por el franquismo y del Foro
de la Memoria, que agrupa familias desde el Campo de Gibraltar a las
localidades de la Sierra gaditana, ha conseguido localizar siete fosas y
rescatar los huesos de esos 28 seres queridos.
Este periódico informó meses atrás del hallazgo de las fosas en el cortijo Marrufo, cuyo propietario,
Jaime González, dio el visto bueno a las catas. Los trabajos dirigidos por el arqueólogo
Jesús Román Román
permitieron exhumar los restos de esas 28 personas en siete tumbas
escondidas en el monte. Los forenses realizaron su trabajo y permitieron
conocer que seis eran mujeres. Los técnicos de un laboratorio privado
recogieron las muestras de ADN para establecer la relación entre los
huesos y los familiares de las personas asesinadas. Vale añadir que la
Guardia Civil realizó los correspondientes atestados sobre los restos
hallados en cada fosa.
Pero quitando esa intervención oficial de oficio, ni la búsqueda de
los enterramientos ni la exhumación y las tareas de identificación ni
tampoco los trabajos de limpieza y restauración del cementerio de La
Sauceda han contado con el apoyo del Gobierno de
Mariano Rajoy.
De hecho, el Ejecutivo del PP redujo en marzo pasado a poco más de dos
millones de euros la partida destinada a la Memoria Histórica y la ha
suprimido en el Presupuesto de 2013. Nada que agradecer a unos
gobernantes que con frecuencia invocan la “
dignidad democrática”.
Han sido las familias con el impulso de la Asociación que preside
Andrés Rebolledo
las que, en la medida de sus posibilidades, han sufragado el rescate de
los huesos de sus seres queridos, con especial mención del principal
contribuyente,
Miguel Rodríguez, cuyo abuelo cayó allí
asesinado. El próximo 1 de diciembre, las familias y los equipos que han
trabajado en la localización y excavación tienen una cita para
trasladar los restos al cementerio de La Sauceda y rendir homenaje a los
que murieron por los ideales de la libertad y los derechos democráticos
conculcados por la fuerza de las armas. El acto servirá además de para
recordar y llorar, para denunciar otra vez, una vez más, dice Rebolledo,
“
la impunidad de los autores de aquellos asesinatos”.