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Por vez primera, los principales sindicatos de la educación pública han convocado a los trabajadores de todas las etapas formativas, desde la infantil hasta la universidad, a una jornada de huelga general educativa, el martes próximo, para protestar contra los "recortes" del Gobierno.
FETE-UGT, FE-CCOO, ANPE, CSIF y STES han pedido al millón de empleados de la educación pública, mayoritariamente profesorado, que secunden la movilización contra la reducción de un 21% de los presupuestos del Estado de 2012 en educación y el decreto gubernamental de medidas para que, además, las comunidades puedan ahorrar en conjunto más de 3.000 millones, según sus necesidades. No obstante, las organizaciones laborales más representativas de Baleares o País Vasco han optado por no convocar huelga, sino otras movilizaciones.
La huelga, apoyada por los padres de CEAPA, Sindicato de Estudiantes e IU, afectaría a cerca de 7,5 millones de alumnos de centros públicos, de los que 6 millones estudian en las enseñanzas no universitarias. Según los sindicatos, los centros educativos deben permanecer abiertos y atendidos por al menos parte del personal en virtud de los servicios mínimos.
Medidas como el aumento del máximo de alumnos por aula y de las horas lectivas del profesorado supondrán prescindir de miles de docentes interinos y mermar la calidad educativa. Una afirmación que el ministro de Educación, José Ignacio Wert, ha negado y ha explicado que son "medidas excepcionales para una situación excepcional", en relación con la obligación de las CCAA de cumplir con la estabilidad presupuestaria.
FETE-UGT, FE-CCOO, ANPE, CSIF y STES han pedido al millón de empleados de la educación pública, mayoritariamente profesorado, que secunden la movilización contra la reducción de un 21% de los presupuestos del Estado de 2012 en educación y el decreto gubernamental de medidas para que, además, las comunidades puedan ahorrar en conjunto más de 3.000 millones, según sus necesidades. No obstante, las organizaciones laborales más representativas de Baleares o País Vasco han optado por no convocar huelga, sino otras movilizaciones.
La huelga, apoyada por los padres de CEAPA, Sindicato de Estudiantes e IU, afectaría a cerca de 7,5 millones de alumnos de centros públicos, de los que 6 millones estudian en las enseñanzas no universitarias. Según los sindicatos, los centros educativos deben permanecer abiertos y atendidos por al menos parte del personal en virtud de los servicios mínimos.
Medidas como el aumento del máximo de alumnos por aula y de las horas lectivas del profesorado supondrán prescindir de miles de docentes interinos y mermar la calidad educativa. Una afirmación que el ministro de Educación, José Ignacio Wert, ha negado y ha explicado que son "medidas excepcionales para una situación excepcional", en relación con la obligación de las CCAA de cumplir con la estabilidad presupuestaria.
Los sindicatos "distorsionan" el contenido de los ajustes
Los sindicatos, según Wert, han "distorsionado" el contenido del decreto-ley, y ha agregado que esa "falsificación" y distorsión del contenido de la norma es "dañina y perjudicial" para el sector educativo. "Los recortes no se hacen porque a uno le guste recortar", ha señalado Wert, quien ha justificado la necesidad de afrontar estos ajustes en que "uno ha encontrado lo que se ha encontrado" y en la obligación que tienen las comunidades autónomas de reducir su déficit al 1,5%.
Frente al calificativo de "manostijeras" utilizado por los sindicatos para referirse al ministro, éste ha insistido en que se trata de "necesidades de eficiencia", y en que está "fuera de lugar" hacer frases ingeniosas cuando la situación es tan grave.
El ministro de Educación ha expresado su respeto por la huelga, pero también que no comparte ninguna de las razones que se han esgrimido para justificar su convocatoria y que, a su juicio, no se corresponden con la realidad.
