La Guardia Civil investiga a Isabel Niñoles por los ERE

QRFERNAN-NUÑEZ :: Noticias

03/04/2016

Fuente: El Mundo

La Guardia Civil investiga a otra alto cargo de Susana Díaz por los ERE

«No he hecho nada ilegal», sostiene Isabel Niñoles, directora general de Consumo y ex alcaldesa socialista de Fernán Núñez (Córdoba)

La Fiscalía denuncia a un consejero de Susana Díaz por prevaricación

La Guardia Civil investiga a otra alto cargo de Susana Díaz por la ayuda concedida por la Consejería de Empleo con cargo al fondo de reptiles a unos empresarios de su pueblo cuando ella era alcaldesa. La ex regidora ya ha declarado ante los agentes, que analizan la posible comisión de un delito de tráfico de influencias.
Se trata de Isabel Niñoles, antigua alcaldesa socialista de la localidad cordobesa de Fernán Núñez en dos etapas y a la que Susana Díaz nombró directora general de Consumo el pasado 29 de diciembre a propuesta del consejero de Salud, Aquilino Alonso. Niñoles llegó al cargo tras haber ocupado durante un año otra dirección general de la Junta, concretamente la de Administración Local.
La Guardia Civil ha llamado a la ex regidora en relación con la subvención que la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social concedió en 2002 -en su etapa de alcaldesa- a Viveros Arroyo, una firma cuyas instalaciones estaban situadas en el término vecino de Montemayor pero controlada por un empresario de Fernán Núñez. La ayuda fue por importe de 120.202 euros y el pago se materializó en el año 2003.
Isabel Niñoles ha confirmado a EL MUNDO de Andalucía que, tras la citación policial, prestó declaración en Sevilla el pasado 14 de marzo. «No tengo nada que ocultar y estoy a disposición de lo que se quiera investigar», afirmó en conversación con este diario.
Niñoles mantiene que no medió para que se le concediera la subvención a la empresa de su paisano y mostró su «extrañeza» por estar siendo investigada. «Le aseguro que no medié, ya saldrá cuando investiguen lo que hay», sostiene la directora general, que asegura que informó a la cúpula de la Consejería de Salud en el momento en el que recibió la citación para que acudiera a declaración.
«Imagínese lo que ha llovido desde 2002 y la cantidad de empresas y personas con las que yo he podido hablar... No obstante, si ha habido que poner en contacto [a alguien] con la Delegación, es normal que los alcaldes reciban a empresarios o personas físicas que quieran emprender. Es normal que le des información, que le digas dónde tienen que ir y que de alguna manera le guíes», añadió.
Sí aseguró que nunca ha enviado un fax a la Junta en relación con esta ayuda. «Si lo hubiera hecho sería absolutamente normal, pero no recuerdo haber mandado ninguno porque, a fecha de hoy y con la edad que tengo, no he puesto jamás un fax», comenta. Y añade: «Tengo la absoluta seguridad de que no he hecho nada ilegal ni reprochable. Estoy muy tranquila».
La hoy directora general de la Junta no es la única persona vinculada al Ayuntamiento de Fernán Núñez que ha tenido que declarar en relación con la ayuda a Viveros Arroyo, una de las que se investigan en el marco de la instrucción del caso ERE. También ha comparecido ya la secretaria municipal, ésta en calidad de testigo.
Igualmente, los investigadores policiales han requerido varias veces al consistoriocordobés documentación relativa a este expediente en los últimos meses, según ha podido conocer este periódico en fuentes municipales.
Coordinadora comarcal en la ejecutiva provincial del PSOE de Córdoba, Niñoles fue portavoz adjunta en la Diputación de Córdoba y, en su primer mandato como alcaldesa (1999-2003), formó parte del Comité Federal del PSOE.
La de Viveros Arroyo es una de las ayudas por las que ya no se podrá actuar penalmentecontra sus beneficiarios, debido al tiempo transcurrido desde que se abonó -más de diez años- y que la cuantía no excede los 450.000 euros.
Compartiendo el criterio de la Fiscalía Anticorrupción, la Audiencia de Sevilla ha concluido que, en aquellas subvenciones en las que concurran estos dos supuestos, no cabe acción penal. Los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos que se investigan habrían prescrito ya, dado que no se podría aplicar el subtipo agravado para la malversación que permitiría ampliar el plazo de prescripción de los delitos de 10 a 15 años.
Ello ha motivado ya que la titular del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla haya levantado ya la imputación a 12 empresarios de la Sierra Norte de Sevilla y que haya acordado no actuar contra otros cuatro beneficiarios que aún no habían sido llamados al procedimiento. Sólo se les podrá pedir responsabilidades como beneficiarios a título lucrativo de los efectos de un delito, en aplicación del artículo 122 del Código Penal.
La otorgada por la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social en 2002 no fue la única subvención que recibió de la Junta Viveros Arroyo, hoy sin actividad. Entre el 18 y el 21 de marzo de 2005, el entonces director provincial del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) en Córdoba, Antonio Fernández Ramírez, le concedió sendas ayudas -una de 240.420 y otra de 18.705,64 euros- con cargo al programa de fomento del empleo en centros especiales de empleo, como publicó el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) el 2 de junio de 2005. Fernández Ramírez está imputado en la macrocausa de la formación.
A cambio de recibir fondos públicos, Viveros Arroyo tenía que contratar a una veintena de personas con discapacidad para facilitar su inserción social.