El artículo que puede atrapar al PP en su trampa electoral

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El pluralismo político y la normalidad de la concurrencia a los actos electorales es el objeto que guió la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG) 5/1985. Esta ley, que siguió y sustituyó a la de 1977, fue aprobada por la práctica unanimidad del Congreso. La consolidación del sistema D’Hont, el número de diputados o la presentación de listas cerradas quedaron selladas hasta hoy. Para el Consejo de Estado, entre los efectos de la ley estuvo impedir “un multipartidismo paralizante” y reducir “el número de partidos, primando al que más proporción de votos recibe y penalizado a los pequeños partidos cuyos votantes se encuentren dispersos en muchos distritos”. Esto permitió consolidar la posición de los principales partidos desde finales de los 80, PSOE y PP.
Pero la Ley 5/1985 tenía más artículos. Uno, el 149, afecta a aquellos “administradores generales y de las candidaturas de los partidos que falseen cuentas”. En éste y en otros tres delitos tipificados en el Código Penal –contra la hacienda pública, por cohecho y tráfico de influencias– se basa la querella interpuesta por el Observatorio DESC contra Luis Bárcenas en el juicio que se lleva a cabo en la Audiencia Nacional.
El abogado Gonzalo Boyé, que representa a este observatorio, ha explicado a DIAGONAL que esta demanda es muy clara en cuanto a lo que se debe juzgar, que es si el PP alteró su contabilidad durante periodos electorales: “Como no está en el Código Penal, la mayor parte de la gente no lo conoce y algunos se dedican a hacer campaña diciendo que esto no es delito. Nosotros creemos que sí”. Esta infracción acarrea penas de entre uno y cuatro años de prisión y multas de 12 a 24 meses.
Las donaciones por parte de empresarios de cantidades superiores a los límites legales establecidos por la ley electoral y su encubrimiento en la información enviada al Tribunal de Cuentas es uno de los hechos que Pablo Ruz debe juzgar en una causa que recorre 20 años de normalidad democrática. La contabilidad oficial del partido de la calle Génova se ha convertido, como refirió el abogado Enrique Santiago a DIAGONAL, en “una de las mayores pruebas de cargo contra estos individuos”. Dichas cuentas muestran cómo el PP ingresó 17,5 millones como donaciones anónimas entre 1997 y 2007.
En su declaración del 13 de agosto, Antonio Ortiz, empleado de caja del PP, declaró que nunca le llamó la atención que le ordenaran realizar ingresos de cantidades fraccionadas en un mismo día en la sucursal del Banco de Vitoria, actualmente de Banesto, que está frente a la sede de Génova. La relación entre algunos de esos ingresos fragmentados, que se corresponden con las donaciones apuntadas en los papeles de Bár­cenas, es parte de la ampliación de la querella solicitada por el combo formado por Izquierda Unida, la asociación Justicia y Sociedad, Aso­ciacion Libre de Abogados (ALA), Coda-Ecologistas en Acción y Federación Los Verdes.
Hasta marzo de 2004, las salidas a la caja oficial del partido se habrían compensado con donaciones como la de Manuel Contreras (Azvi), J.L. Sánchez (Sando) o la empresa Co­pasa. El 11 de marzo, tras el atentado en Atocha, Sedesa, de la familia Cotino, se convertía en el último donante del PP antes de las elecciones legislativas. Según la declaración de Bárcenas, el 11 de marzo, el extesorero Álvaro Lapuerta recibió 300.000 euros de manos de Juan Cotino, aunque sus propios apuntes indican que la aportación fue de 200.000 euros. Tres días después, el PP perdía 35 escaños en el Congreso y el saldo de la caja B comenzaba a declinar. 2003 se había cerrado con un remanente de 506.000 euros en la caja fuerte. A finales de 2004 el resultado apenas pasaba de 150.000 euros.