Derechos Humanos señala que, antes de ser condenado, Bernardo Serrano no fue escuchado
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha condenado a España a
indemnizar con 18.000 euros a Bernardo Serrano Contreras, ex presidente y ex gerente de una cooperativa agrícola de Fernán Núñez, porque el Tribunal Supremo le condenó en octubre de 2005 a cuatro años de cárcel sin haber celebrado "una audiencia pública". Serrano Contreras fue acusado de falsificar etiquetas de unas semillas de trigo para poder percibir las ayudas de la Unión Europea, aunque la Audiencia Provincial de Córdoba le absolvió en octubre de 2003 al no apreciar voluntad de "engaño" en su actuación. El tribunal consideró que no podía afirmarse que la variedad de semillas comercializada hubiera sido falsificada, ya que la Administración competente, el instituto italiano encargado de la certificación, había dado su autorización y este acto tenía cobertura legal.
Sin embargo, el Supremo estableció que las etiquetas eran "efectivamente fraudulentas", ya que los responsables de la cooperativa "hacían creer a los clientes afectados que utilizaban semillas certificadas cuando no lo eran". Para llegar a esta conclusión valoró las comisiones rogatorias a Italia cursadas por el juez de instrucción.
La resolución del Tribunal de Estrasburgo, que también aprecia dilaciones indebidas durante el proceso, sostiene que España violó el artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que establece el derecho a un proceso equitativo. A su juicio, cuando el Supremo revisó la sentencia concluyó que existía "una intención fraudulenta" por parte del condenado "sin haber procedido a la apreciación directa del testimonio del interesado", pese a que el tribunal de instancia sí escuchó a otros testigos.
Sin embargo, el Supremo estableció que las etiquetas eran "efectivamente fraudulentas", ya que los responsables de la cooperativa "hacían creer a los clientes afectados que utilizaban semillas certificadas cuando no lo eran". Para llegar a esta conclusión valoró las comisiones rogatorias a Italia cursadas por el juez de instrucción.
La resolución del Tribunal de Estrasburgo, que también aprecia dilaciones indebidas durante el proceso, sostiene que España violó el artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que establece el derecho a un proceso equitativo. A su juicio, cuando el Supremo revisó la sentencia concluyó que existía "una intención fraudulenta" por parte del condenado "sin haber procedido a la apreciación directa del testimonio del interesado", pese a que el tribunal de instancia sí escuchó a otros testigos.
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