La reforma del Código Penal que estudia el Ministerio de Justicia contempla eliminar en el articulado el concepto de explotación sexual y condicionar el castigo de la misma a que la víctima demuestre ese régimen de esclavitud.
El ministerio de Alberto Ruiz Gallardón defiende que, para que se castigue al proxeneta, la víctima deberá de mostrar que se encuentra "en una situación de dependencia personal y económica que no le deje otra alternativa, real o aceptable, que el ejercicio de la prostitución, o se impongan para su ejercicio condiciones gravosas o desproporcionadas o abusivas".
El PSOE denuncia que con esta reforma "se está tratando de hacer respetable a los proxenetas" y afirma que el PP está adaptado el Código Penal "a las necesidades que tienen las mafias y los proxenetas".En su opinión, lo que está haciendo Gallardón "supone de facto legalizar los grandes burdeles y negocios de prostitución en favor de establecimientos como Eurovegas".
La asociación de mujeres juristas Themis señala que los nuevos requisitos incorporados dejan fuera del Código Penal la mayoría de las conductas de proxenetismo al eliminar el concepto de explotación sexual, "que desaparece", algo inaudito porque todos los tratados internacionales recogen específicamente este término.
