- El relator especial de Naciones Unidas
del Consejo de Derechos Humanos destaca los “vacíos” institucionales en
materia de verdad y justicia.
- Pablo de Greiff critica en su informe
la ‘privatización’ de las exhumaciones, la falta de información oficial y
la Ley de Amnistía.
- Recomienda que el Valle de los Caídos
deje de ser un sitio de “exaltación del franquismo” y recuerda al
Gobierno que debe juzgar o extraditar a los acusados de torturas en la
causa argentina.
Son 20 páginas las que ha necesitado Pablo de Greiff,relator especial de la ONU,
para resumir su análisis sobre las medidas adoptadas por el Gobierno
español frente a las graves violaciones a los derechos humanos cometidas
durante la Guerra Civil y la dictadura franquista. Y la conclusión
principal es que España hace poco (y en ocasiones, mal) por la búsqueda de la verdad y la justicia sobre estos hechos, y por la reparación a las víctimas.
La sentencia es contundente:
“No se estableció nunca una política de Estado en materia de verdad, no
existe información oficial, ni mecanismos de esclarecimiento de la
verdad. El modelo vigente de “
privatización” de las exhumaciones,
que delega esa responsabilidad a las víctimas y asociaciones, alimenta
la indiferencia de las instituciones estatales…”. Además, De Greiff
critica duramente las “
interpretaciones restrictivas de la Ley de Amnistía” que “no sólo niegan el acceso a la justicia sono que también impiden cualquier
tipo
de investigación”.
El relator especial del
Consejo de Derechos Humanos sobre la promoción de la verdad, la
justicia, la reparación y las garantías de no repetición, realizó una
visita oficial a España del 21 de enero al 3 de febrero de este año. En
esas semanas se reunió con
numerosas asociaciones de víctimas e instituciones relacionadas con la memoria histórica, además de varios miembros del Gobierno.
Entre ellos, el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, José Manuel García-Margallo.
De sus
contactos
con el Ejecutivo de Mariano Rajoy, De Greiff destaca que el enfoque
‘oficial’ es maximalista. “Varios representantes enmarcaron las
discusiones en el siguiente esquema: ‘O todos concluimos que ya estamos
todos reconciliados o la única alternativa es el
resurgir de odios subyacentes,
lo cual implicaría un riesgo demasiado alto”, explica el relator. Su
opinión es absolutamente contraria, ya que se basa en la fortaleza y
estabilidad de la democracia española. Por el contrario, cree que “los
vacíos en la respuesta institucional al tema [...] de la Guerra Civil
continúan
siendo objeto de diferencias más profundas de lo que podrían
ser”.”Resulta especialmente sorprendente observar que no se haya hecho
más en favor de los derechos de tantas víctimas”, concluye el
especialista de la ONU.
1. Remoción de símbolos franquistas
De Greiff considera positiva
la Ley de Memoria Histórica de 2007 que obliga a quitar todos los
símbolos y monumentos que exalten el franquismo. Asegura que el Gobierno
le informó de que la mayoría de ellos ya se había retirado. Sin
embargo, destaca que posee información de la existencia de calles y
edificios, placas conmemorativas e insignias que ensalzan a altos cargos
y funcionarios franquistas.
“El
Valle de los Caídos difícilmente podrá pensarse como un lugar en favor
de la paz y la reconciliación [...] mientras siga en el centro del
monumento la tumba con flores del dictador”.
2. Valle de los Caídos
“El sitio constituye en sí
mismo la exaltación del franquismo”, observa el relator, que critica la
falta de información. “Nada da cuenta de que fue construido con el
trabajo forzoso de miles de presos políticos bajo condiciones inhumanas”
o sobre “los cuerpos de las casi 34.000 personas que ahí están
inhumadas”, afirma. “Nada explica quién fue José Antonio Primo de Rivera
ni por qué fue inhumado en el centro de la Basílica”, ni por qué Franco
“fue inhumado allí sin ser víctima de la Guerra Civil”. De Greiff
recomienda “resignificar” el lugar como guardián de la memoria y sugiere
la retirada del cuerpo de Francisco Franco. “Difícilmente podrá
pensarse como un lugar en favor de la paz y la reconciliación [...]
mientras siga en el centro del monumento la tumba con flores del
dictador”.
3. Educación deficiente
El informe destaca que las
reformas educativas de 1990 y 2006 mejoraron el enfoque sobre esta parte
de la historia española en los curriculums escolares, pero asegura que
algunos manuales aún hacen referencias globales, “manteniendo la idea de
una responsabilidad simétrica”. De Greiff considera que la mayoría de
los españoles han sido educados en la idea de que la Guerra Civil fue
“un conflicto entre dos Españas” y en la que se reforzaba la política
del “ borrón y cuenta nueva” en lugar de destacar los abusos y la violencia del régimen.
4. Policías, militares y jueces poco formados
La ONU considera que los
miembros de la Policía, la Guardia Civil y las Fuerzas Armadas no
reciben suficiente formación sobre las graves violaciones a los derechos
humanos cometidas durante el franquismo ni sobre la responsabilidad que
pudieron tener esos cuerpos en la comisión de esos delitos. También
asegura que los jueces no reciben formación de temas específicos de
derechos humanos, ni de la obligación del Estado en la persecución de
delitos internacionales como el genocidio, los crímenes de lesa
humanidad o los crímenes de guerra.
5. Falta de información
“No existen censos oficiales
de víctimas, ni datos o estimaciones oficiales sobre el número total de
víctimas de la Guerra Civil y la dictadura”, enumera el informe.
Además, destaca temas “subexplorados” como el de los trabajos forzosos
de presos, muertes en bombardeos, represión, niños robados, o la
participación o complicidad de empresas privadas en la violación de los
derechos humanos. El relator considera que la Ley de Memoria de 2007 no
soluciona en absoluto este problema, e insta al Gobierno a establecer
una institución “independiente pero oficial” de búsqueda exhaustiva de
información, como la Comisión de la Verdad que impulsan varias
asociaciones.
6. Acceso restringido a los documentos
Lo del Centro Documental de
la Memoria Histórica de Salamanca está muy bien, según el informe. El
problema es que en la práctica no se permite el acceso libre a numerosos
archivos, y que muchos de ellos permanecen clasificados “invocando
riesgos a la seguridad nacional” y “sin criterios claros”. De Greiff
lamenta que la ley de Transparencia del Gobierno de Mariano Rajoy no
haya abordado los vacíos legales que generan este problema.
7. Exhumaciones ‘privatizadas’
El relator expresa su
“preocupación porque el Estado no haya hecho más para gestionar las
exhumaciones e identificación del los restos” y critica que esta tarea
se haya dejado en manos de familiares y asociaciones. De Greiff destaca
que el Gobierno negó “la legitimidad de este reclamo”, sino que en
general despachó el tema refiriéndose al mapa de fosas y las
subvenciones para exhumaciones. “Desde 2011 –puntualiza el relator– el
presupuesto para la ley de Memoria, incluyendo las exhumaciones, ha sido
anulado”. Asegura que el desentendimiento del Estado en este asunto
provoca que no participen autoridades judiciales y que no existan
registros oficiales sobre lo que encierran ñas 2.382 fosas que
contendrían más de 45.000 restos de personas.
8. El obstáculo de la Ley de Amnistía
Aquí es donde se observan
mayores déficits, y la Ley de Amnistía se erige como el principal
obstáculo en la búsqueda de justicia, ya que los casos se archivan “sin
que los jueces siquiera conozcan los hechos”. Pablo De Greiff entiende
que la norma en sí misma no impide la apertura de causas, sino que son
las “interpretaciones restrictivas” –tanto de esta ley como de los
principios de no retroactividad o de seguridad jurídica, o de la
aplicación de la norma más favorable o la prescripción de los delitos–
las que dificultan la investigación de los delitos.
De Greiff recuerda que estos efectos de la Ley de Amnistía son incompatibles con los compromisos internacionales que
ha suscrito España, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos, ratificado meses antes de aprobar la ley. Además, asegura que
conceder los beneficios de la ley de Amnistía requiere al menos una
investigación de los hechos, “pues de otra manera no hay responsabilidad
alguna que se pueda suspender o extinguir”.
9. Jurisdicción universal
Naciones Unidas reconoce que
España ha sido pionera en la aplicación de la jurisdicción universal, y
cita sobre todo los casos de las causas contra el dictador chileno
Augusto Pinochet y el militar argentino Adolfo Scilingo por crímenes de
lesa humanidad. La ONU ve “con precupación” las reformas de 2009 y 2014
que “limitan significativamente” que los juzgados españoles puedan
investigar crímenes internacionales graves, y asegura que “sigue
atentamente” los procesos en marcha “como la resistencia de algunos
jueces de cerrar las causas” invocando estándares internacionales.
Además, De Greiff recuerda
al Gobierno español que tiene la obligación de colaborar con la justicia
argentina en la causa en la que se investigan crímenes cometidos
durante la Guerra Civil y la dictadura. En cuanto a la solicitud de
extradición de exagentes de seguridad acusados de torturas, el relator
es taxativo: “sólo podrá denegarse la extradición de los acusados si la justicia española inicia las investigaciones y juzga a los responsables”.
10. Víctimas ‘de segunda’
“Muchas organizaciones y
víctimas han expresado que se siguen sintiendo como ‘víctimas de segunda
categoría”, describe el informe. Un sentimiento alimentado, analiza
“por medidas más ambiciosas en favor del reconocimiento y reparación
otorgadas a [...] víctimas del terrorismo”. El relator recomienda al
Gobierno español que aproveche los debates del Anteproyecto de Ley
Orgánica del Estatuto de la Víctima como oportunidad para incluir “todas
las categorías de víctimas”.
