La reforma laboral ha introducido
un concepto, el de insuficiencia presupuestaria, que va a permitir
ejecutar despidos y expedientes de regulación de empleo (ERE) en
colectivos de personal laboral de las administraciones. Los sindicatos
ya están informando en los centros de trabajo de que las medidas
empezarían a ponerse en marcha con caracter inmediato, en septiembre.
La alerta máxima se ha priducido al publicarse el proyecto de Real
Decreto en el que se aprueba el reglamento de los procedimientos de
despido colectivo y de suspensión de contratos y de reducción de
jornada, en el que se concreta cuándo se entiende que concurren las
causas económicas que justifican un ERE sobre el personal laboral en la
Administración. Así, podrán iniciarse estos procesos cuando la
disponibilidad presupuestaria de la administración en cuestión haya
disminuido, al menos, un 10%. Un hecho que ya se ha producido, puesto
que los recortes de gasto obligados por el cumplimiento de la reducción
del déficit propician la situación.
El presidente del sindicato de los funcionarios CSI-F, Miguel Borra, cree que los primeros expedientes de regulación de empleo (EREs) en las administraciones públicas, a los que abre la puerta la reforma laboral, empezarán a realizarse "a principios de septiembre", especialmente en ayuntamientos.Y además, se produce una paradoja, que podría ser objeto de inconstitucionalidad: la administración tendrá "capacidad" para establecer estas condiciones presupuestarias para motivar despidos colectivos y, además, tendrá la última palabra sobre estos procesos.
Agett da la alarma
Y no sólo los sindicatos se temen lo peor. El ajuste del personal en las Administraciones Públicas se hará "especialmente intenso" a partir del tercer trimestre del año, cuando se hagan evidentes las medidas adoptadas para el cumplimiento del objetivo de déficit, según el último informe de Agett, la patronal de agencias temporales de empleo. Será además la causa de unas cifras de paro del tercer trimestre, que para la patronal será "el peor de la crisis".
Y junto a los recortes de profesionales, los de materiales. Fuentes sindicales explican que los departamentos de compras de ministerio y otros organismos tienen cerrado el presupuesto para lo que queda de año. El caso puede ser especialmente sangrante en organismos de carácter científico como el CSIC, donde se necesitan materiales para la continuidad de experimentos que no pueden ser interrumpidos.
El presidente del sindicato de los funcionarios CSI-F, Miguel Borra, cree que los primeros expedientes de regulación de empleo (EREs) en las administraciones públicas, a los que abre la puerta la reforma laboral, empezarán a realizarse "a principios de septiembre", especialmente en ayuntamientos.Y además, se produce una paradoja, que podría ser objeto de inconstitucionalidad: la administración tendrá "capacidad" para establecer estas condiciones presupuestarias para motivar despidos colectivos y, además, tendrá la última palabra sobre estos procesos.
Agett da la alarma
Y no sólo los sindicatos se temen lo peor. El ajuste del personal en las Administraciones Públicas se hará "especialmente intenso" a partir del tercer trimestre del año, cuando se hagan evidentes las medidas adoptadas para el cumplimiento del objetivo de déficit, según el último informe de Agett, la patronal de agencias temporales de empleo. Será además la causa de unas cifras de paro del tercer trimestre, que para la patronal será "el peor de la crisis".
Y junto a los recortes de profesionales, los de materiales. Fuentes sindicales explican que los departamentos de compras de ministerio y otros organismos tienen cerrado el presupuesto para lo que queda de año. El caso puede ser especialmente sangrante en organismos de carácter científico como el CSIC, donde se necesitan materiales para la continuidad de experimentos que no pueden ser interrumpidos.