El Gobierno presidido por Mariano Rajoy cerró hace dos años el grifo de las subvenciones para exhumaciones, nada más llegar al poder.
España es el segundo país del mundo, tras Camboya, con más desaparecidos.
Se ha exhumado a 6.300 de los 113.000 asesinados en la guerra y el franquismo.
20minutos.es / A. LARRAÑETA / VICTORIA LUNA / 07-04-2014
Los restos de Nicomedes Fernández, en la fosa común de El Álamo (Sevilla).
En las cunetas, en los bosques, junto a las tapias de los cementerios. En agujeros, enterrados como se da sepultura a los animales, hay todavía más de 100.000 civiles republicanos desaparecidos tras ser asesinados en la Guerra Civil y el franquismo. Cuando se acaban de cumplir 75 años del final de la contienda (el pasado 1 de abril), las asociaciones para la recuperación de la memoria histórica denuncian que desde hace dos años, cuando tomó posesión el Gobierno de Rajoy, no se ha concedido ni una sola subvención a la exhumación de fosas comunes.
La desaparición forzosa supone la violación de múltiples derechos humanos. Incluye tortura, asesinato y ocultación del cadáver. España es el segundo país del mundo en número de desaparecidos cuyos restos no han sido recuperados ni identificados, tras Camboya. Las investigaciones más precisas, avaladas por la Audiencia Nacional, contabilizan hasta 113.000 civiles desaparecidos, de los cuales se han podido exhumar y entregar a sus familiares a 6.300 en los últimos catorce años.
"Hasta el año 2000 eran los familiares los que directamente, pico y pala en mano, iban a sacar de las cunetas a sus familiares. No fue hasta el año 2000 que empezaron a hacerse las exhumaciones de forma más profesional", explica Emilio Silva, portavoz de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. El anterior Gobierno aprobó en 2006, un año antes de la Ley de la Memoria Histórica, unas ayudas públicas de hasta 60.000 euros por proyecto (que incluían varias fosas). "La ayuda que se recibía daba para pagar al arqueólogo, sus viaje o el hotel", explica Silva. Pero el grifo se cerró.
"Quieren morirse tranquilos habiendo enterrado a su padre"
Desde hace dos años no se concede ninguna ayuda a las exhumaciones con arreglo al Estado. Concretamente, desde que el Partido Popular llegó al poder en noviembre de 2011. Para paliarlo, algunas Comunidades Autónomas, como Navarra, han aprobado recientemente ayudas económicas a la apertura de fosas. Pero la mayoría de las exhumaciones siguen haciéndose gracias al trabajo voluntario. "Los motivos humanitarios que debía tener el Estado, se suplen con gente que se siente recompensada con el ánimo que reciben de los familiares que a pie de sepultura les dicen que quieren morirse tranquilos habiendo enterrado a su padre o a su hermano", explica Silva.Nicomedes y Benito eran hermanos de Hipólita. El primero fue asesinado en la localidad sevillana de El Álamo un día después de entregarse al mando en 1938 para evitar las represalias a sus hermanas por su condición de sindicalista de la CNT. Benito había muerto dos años antes tiroteado en la Sierra de Nerva (Sevilla), donde se refugió tras el golpe. Cuando Hipólita estaba en el lecho de muerte, su hijo Santiago le prometió que los encontraría. Todo lo que se sabía es que Nicomedes estaba enterrado en una cuneta de El Álamo y Benito en algún lugar de la sierra.
El 21 de noviembre de 2011 el equipo de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica empezó los trabajos en El Álamo. Esa misma mañana, tras las catas y las zanjas, los familiares se fueron a comer. A la vuelta ya aparecieron los restos. Bastaron cuatro días para desenterrar a Nicomedes, junto a cuyo cuerpo se encontró el de otro cenetista, José María Martín García.
La mayoría de exhumados son hombres de 30 a 45 años
Nicomedes tenía 33 años cuando murió asesinado. Se había entregado el día antes, bajo la falsa promesa del mando de Queipo de Llanos de que nada debían temer quienes no tuvieran delitos de sangre pendientes. Como Nicomedes, la mayoría de los exhumados hasta la fecha en España son hombres (el 97% de los casos, según Emilio Silva) de entre 30 y 45 años.Santiago Fernández pudo el año pasado, finalmente —tras recibir los informes del forense— inhumar los restos de su tío Nicomedes junto a los de su madre, Hipólita. "Fue muy emocionante. Yo nunca conocí a mi tío, pero sí conviví con el dolor de mi madre por su pérdida", relata Santiago. Con su otro tío, con Benito, la familia está teniendo hasta la fecha peor suerte. "No sabemos exactamente en qué lugar del monte está enterrado. En la sierra se guarecieron muchos. Dicen que hubo un tiempo en el que todo el monte estuvo lleno de cruces para los muertos. Va a ser muy difícil", se lamenta.
Incumplimientos y asignaturas pendientes
Emilio Silva —también nieto de un desaparecido— lamenta que 75 años después todos los problemas que tienen que ver con la memoria histórica sigan vigentes; que las normas que se legislan acaben subdesarrolladas y se pongan cada vez más trabas a las exhumaciones. La asociación que representa no entiende tampoco que se invierta más en el Valle de los Caídos que en recuperar a los desaparecidos (en 2013 el Ejecutivo anunció que iba a invertir 214.000 euros en restaurar la portada de la basílica), y que se ignore el mandato de la ONU respecto a las obligaciones del Estado Español.El Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzosas de Naciones Unidas emitió un informe en septiembre pasado en el que instaba a España a investigar las desapariciones del Franquismo, al considerar que se tratan de delitos imprescriptibles y no sujetos a amnistías, como la de la Ley de 1977. La organización internacional remarcó la "situación de impunidad de los responsables de desapariciones forzadas durante la Guerra Civil y la dictadura".
Pero a Silva le pesa, sobre todo, la ignorancia del pasado y considera que el mejor homenaje a los represaliados en la Guerra Civil y el franquismo se debe hacer en los libros de texto, para que esta terrible etapa de la historia de España "no esté relegada al final donde nunca se llega, ni con biografías blanqueadas que garantizan la incultura de los derechos humanos".
Las otras grandes asignaturas pendientes son el Valle de los Caídos y la retirada de los nombres de calles y símbolos franquistas que aún exiten en numerosos municipios y ciudades de España. El problema es que la ley, según el doctor en Ciencia Política e investigador Jesús de Andrés, "está muy subdesarrollada" y, pese a que inicalmente era muy ambiciosa, "al final se quedó en agua de borrajas". "Fue un brindis al sol", añade.
"Implica cierta obligación de retirar símbolos franquistas, pero no especifica cuáles ni cómo hacerlo". El resultado es que queda todo en manos de la voluntad de los ayuntamientos, y aunque con los años se han ido retirando muchos, hay numerosos lugares en los que aún perduran. Solo en Madrid, por ejemplo, hay más de 150 símbolos y calles con nombres franquistas.
En cuanto al Valle de los Caídos, la ley solo habla de la prohibición de celebrar allí actos políticos. El Ejecutivo de Zapatero constituyó una Comisión de Expertos para reinventar el monumento, y en noviembre de 2011 emitió un informe en el que recomendaba trasladar los restos de Franco e iniciar trabajos para identificar a los 12.410 cadáveres desconocidos que aún reposan en el templo. El Gobierno de Rajoy aparcó el asunto y, el verano pasado, manifestó en respuesta escrita al diputado socialista Ramón Jáuregui que no tiene intención de actuar para cambiar de significado el monumento que Franco ideó para inmortalizar su victoria. El argumento esgrimido fue que no querían "reabrir heridas innecesarias".
