La norma extenderá las medidas de reparación a los familiares de las víctimas de la represión, a los niños robados y a los internados en campos nazis
El Consejo de Gobierno
ha autorizado la tramitación del anteproyecto de Ley de Memoria
Democrática de Andalucía. Esta norma establecerá el régimen jurídico de
las iniciativas que se desarrollan en la comunidad autónoma para el
reconocimiento de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura
franquista, bajo los principios de verdad, justicia y reparación.
El vicepresidente de la Junta y consejero de Administración
Local y Relaciones Institucionales, Diego Valderas, ha informado sobre
este anteproyecto, que cuenta con el aval del relator de las Naciones
Unidas para la investigación de las desapariciones forzosas en España, y
supera y adapta a Andalucía el marco de la legislación estatal en
vigor, además de ampliar su horizonte temporal. Así, además de la
Segunda República, la Guerra Civil y la Dictadura franquista, incluye la
transición a la democracia hasta la entrada en vigor del Estatuto de
Autonomía, con un periodo total que abarca desde el 14 de abril de 1931
hasta el 11 de enero de 1982.
Entre otras novedades, el anteproyecto amplía la
consideración de víctima a colectivos como los familiares o los niños
robados; refuerza el régimen de protección legal de los espacios,
enclaves y bienes muebles y documentales vinculados a la recuperación de
la memoria democrática; incluye su estudio en los currículos
educativos, y faculta a la Administración autonómica para emprender
acciones y denuncias de crímenes ante los juzgados, de acuerdo con el
principio de justicia universal. Asimismo, establece la prohibición
expresa de exhibición de símbología fascista y obliga a las
instituciones a eliminar cualquier vestigio en este sentido.
El anteproyecto establece el marco de las políticas públicas
para saldar la deuda con las víctimas de la represión franquista y los
luchadores por la libertad, la democracia y la autonomía de Andalucía.
El texto se estructura en seis títulos, dedicados a las víctimas de la
represión, las medidas de reparación, los documentos de la Memoria
Democrática de Andalucía, el fomento del movimiento asociativo y
fundacional, la actuación administrativa y el régimen sancionador,
además del título preliminar, seis disposiciones adicionales, una
transitoria, una derogatoria, y dos finales.
Respecto a las víctimas, el articulado extiende esta
consideración (ya vigente para fusilados, guerrilleros, condenados y
exiliados) a los familiares, a los niños robados, a quienes padecieron
los campos de exterminio nazis y a colectivos que sufrieron especial
persecución, como homosexuales o mujeres vejadas. Asimismo, prevé la
elaboración de un censo que tendrá carácter público y prevé iniciativas
de dignificación de las fosas comunes, de acuerdo con los ayuntamientos.
Además, se señala el 14 de junio como día de recuerdo y homenaje a las
víctimas. En este día se conmemora la primera exhumación oficial de una
fosa común, que tuvo lugar en Lecrín (Granada) en 2003.
Valderas ha valorado esta norma como "sentida, importante y
necesaria", y ha señalado como uno de sus aspectos fundamentales que
"reconoce el pasado, pero mira al futuro de forma constructiva". "Con
esta ley, Andalucía se coloca a la vanguardia de la memoria democrática
en el conjunto del país", ha asegurado el vicepresidente.
Lugares de Memoria
El anteproyecto refuerza el régimen jurídico de protección
de los denominados Lugares de Memoria Democrática, regulados actualmente
por el decreto autonómico de agosto de 2011 que por primera vez en
España instauró esta figura para recordar los principales emplazamientos
de la represión franquista y homenajear a las víctimas de la Guerra
Civil y la Dictadura. Entre otras medidas, se recoge la creación del
Catálogo de Lugares y Senderos y la exigencia de informes vinculantes de
la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales para
cualquier proyecto o actuación que afecte a estos enclaves.
En la misma línea, la futura ley incluirá un conjunto de
medidas encaminadas a la recuperación del patrimonio documental
incautado por las fuerzas golpistas durante la Guerra Civil y el
franquismo.
Respecto a los símbolos, se fija un plazo de 18 meses para
la retirada de escudos, placas y nombres de calles, plazas y avenidas
que todavía exaltan el golpe de 1936 y el franquismo. Además, se faculta
a la Aministración autonómica para llevar a cabo esta medida
subsidiariamente.
Los artículos dedicados a las fosas comunes prevén un
conjunto de disposiciones destinadas a facilitar la recuperación e
identificación de los restos y la elaboración de un plan cuatrienal que
dará prioridad a las medidas de localización y exhumación. El
anteproyecto establece que estos trabajos deberán ser iniciados por la
Junta o por los ayuntamientos a instancias de las familias, las
entidades memorialistas y los investigadores. En este aspecto, también
se prevé que, cuando los enterramientos estén en terrenos privados, si
el propietario no da su consentimiento, el Gobierno andaluz deberá
proceder a la expropiación temporal de su uso. Asimismo, la Junta estará
facultada para realizar pruebas genéticas que permitan la
identificación y establecer un banco de datos de ADN.
Otra de las novedades de la futura ley será la atribución a
la Junta del deber de denunciar ante los órganos judiciales la
existencia de indicios de comisión de crímenes de lesa humanidad en las
localizaciones o identificaciones.
En este sentido, la Consejería de Administración Local y
Relaciones Institucionales podrá instar a la personación del Gabinete
Jurídico de la Junta en aquellos procedimientos en los que no haya sido
denunciante. La medida se enmarca en el principio de Justicia Universal,
que no sólo reclaman los familiares de las víctimas sino también
organismos internacionales como la ONU.
Educación
Igualmente novedosa es la previsión de incluir los
contenidos relacionados con la Memoria Democrática en los planes de
enseñanza de la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la
Educación Permanente de personas adultas. De este modo, se revisarán los
textos escolares para que ofrezcan información rigurosa sobre los
acontecimientos ocurridos antes y después de la Guerra Civil, con
contenidos basados en las conclusiones de la investigación
historiográfica. Asimismo, se impulsará la colaboración con las
universidades andaluzas para que incorporen esta materia a sus planes de
estudios.
En el ámbito de la actuación y la organización
administrativa, la norma prevé la creación del Consejo Andaluz de la
Memoria Democrática, como órgano consultivo de participación social; y
del Instituto de la Memoria Democrática, que asumirá el estudio, la
investigación y el impulso de las medidas para garantizar el
cumplimiento de la ley.
Finalmente, el régimen sancionador fija como infracciones
muy graves, con multas de entre 10.001 y los 150.000 euros, remover o
construir en los terrenos donde haya fosas u otros restos humanos, la
destrucción de estas o las excavaciones sin autorización. Incumplir la
orden de retirada de escudos, insignias o placas, no conservar o
realizar obras en los lugares de memoria democrática y trasladar restos
humanos sin autorización, o no informar del hallazgo casual de restos
serán consideradas infracciones graves y podrán ser sancionadas con
multas de entre 2.001 y 10.000 euros.
Por último, serán consideradas faltas leves (con sanciones
de entre 200 y 2.000 euros) la exhibición pública de placas, escudos,
insignias y otros elementos, o impedir la visita pública, dañar los
espacios o el mobiliario que estén catalogados como Lugares de Memoria.
Asimismo, la Junta no subvencionará o dará ayudas públicas a las
personas físicas o jurídicas, públicas o privadas que sean sancionadas.
No obstante, a este respecto, el vicepresidente de la Junta ha insistido
en que la ley "no tiene voluntad sancionadora, sino de reparación, de
justicia, de verdad".
Las políticas de recuperación de la memoria democrática en
Andalucía se iniciaron en 1999 con la aprobación en el Parlamento de una
proposición no de ley para la concesión de indemnizaciones a las
personas que lucharon en defensa de la libertad y la democracia. Dos
años después, a través del decreto 1/2001, se establecieron
compensaciones para los andaluces que fueron encarcelados y padecieron
represalias políticas durante el régimen franquista. En 2003, un nuevo
decreto amplió el derecho a las personas que estuvieron en centros
penitenciarios y campos de concentración por periodos de entre tres
meses y tres años. Estas ayudas han beneficiado a un total de 2.506
ciudadanos hasta 2013.
Asimismo, se han concedido 114 indemnizaciones, por importe
global de 205.200 euros, a mujeres represaliadas durante la postguerra
civil y la Dictadura. Esta iniciativa, recogida en un decreto de 2010,
está dirigida a las andaluzas que entre 1936 y 1950 vieron menoscabados
su honor y su intimidad con acciones vejatorias como el rapado, la
ingesta de aceite de ricino o la exposición al escarnio público. La
cantidad fijada como indemnización es la misma que la de aquellos que
sufrieron penas de cárcel.
Fosas comunes
Las medidas de reparación también han incluido la
elaboración de un mapa de fosas de Andalucía, con la localización de
614, realizado en colaboración con colectivos sociales y las
universidades públicas de la comunidad, así como la declaración de medio
centenar de Lugares de Memoria Democrática.
Según los estudios realizados, se calcula en alrededor de
60.000 la cifra de personas consideradas desaparecidas en Andalucía como
consecuencia del golpe militar de 1936, la Guerra Civil y la Dictadura.
Hasta el momento, se han realizado 38 exhumaciones y están previstas 11
más en 2014. Los lugares que acogerán estas actuaciones son Alfacar
(Granada); Cañete la Real (Málaga) y los cementerios de Almería, Cádiz
(1ª fase), los granadinos de Cullar Vega, Órgiva y Moclín, los
sevillanos de Puebla de Cazalla, Puebla de los Infantes y Coria del Río y
el de Ronda (Málaga).
La Junta, en colaboración con las universidades públicas,
también ha promovido la investigación sobre los tribunales de
Responsabilidades Políticas y de Represión de la Masonería y el
Comunismo. Además, ha colaborado en la edición de una docena de
volúmenes sobre memoria democrática y en varias exposiciones sobre el
tema.
