Patricia Rodríguez Pagés / o. // EFE
Los colectivos sociales conocen bien a Moreno Bonilla. En estos dos años y poco como responsable de las políticas sociales del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad no ha habido asociación que no le recrimine las graves secuelas que están causando los recortes en su día a día.
Cada 40 minutos desaparece una plaza en una residencia para mayores dependientes. Con esta contundencia denunciaba la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales “el desmantelamiento” de la Ley de Dependencia: “Cuando el PP llegó al Gobierno, 1.048.424 personas eran dependientes con derecho a recibir atención, cifra que a diciembre de 2013 bajó a 944.345; es decir, 100.183 menos”. Según la asociación, 3.138 personas en situación de dependencia perdieron el derecho a ser atendidas y se registraron 402 beneficiarios menos sólo en el mes de diciembre. La entidad, que ha sido muy crítica con la ya aprobada reforma de la Administración Local, advierte del negro futuro de 567 residencias con más de 30.000 plazas, dependientes de los ayuntamientos y entidades locales, que podrían desaparecer: “Todo hace presagiar un futuro de sufrimiento y abandono de las personas más vulnerables”.
La también temida y cuestionada reforma local pone en jaque los servicios sociales prestados históricamente por los ayuntamientos. Colectivos, sindicatos y partidos políticos en la oposición han puesto el acento, sobre todo, en las políticas de Igualdad, también dependientes de la Secretaría que dirige el que puede ser futuro candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía. Esta materia ha sido víctima de duros recortes. Sólo en Formación y Fomento del Empleo, como medidas para fomentar la igualdad de oportunidades -medidas que recoge la defenestrada Ley de Igualdad- desde 2011 se han recortado un 94%.
Pero si hay algo que hay ha levantado ampollas entre la oposición y los colectivos de mujeres es la falta de apoyos económicos que el Gobierno de Mariano Rajoy ha dado a las medidas para combatir la violencia de género. Desde la llegada del PP, los presupuestos en esta materia se han reducido casi un 30%: han pasado de los 30 millones que destinó el Ejecutivo de Zapatero en 2011 a los 21 presupuestados en 2014. Un 44% menos para la construcción de nuevas casas de la mujer, un 25% menos para la atención a víctimas y un plan, la Estrategia Nacional para la Erradicación de la Violencia de Género (2013-2016), del que poco se sabe.
Para las personas con discapacidad, la reducción drástica de apoyo económico estrangula la viabilidad de sus asociaciones y, con ella, el apoyo que ofrecen a estas personas. Un apoyo que históricamente no ha ofrecido de manera directa la Administración, que siempre se ha apoyado en los colectivos para desarrollar iniciativas. Ahora ni una opción ni otra es viable. COCEMFE ha denunciado las “políticas que únicamente buscan la rentabilidad económica” llevadas a cabo por la Admistración y que, a su juicio, “están perjudicando gravemente la salud, el empleo, la educación y la vida autónoma del colectivo”.
De la cartera de Moreno Bonilla también depende el Plan Nacional sobre Drogas. Y también aquí metió la tijera. Según denunciaba la semana pasada el que fuera Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, hasta un 50% se han reducido las ayudas a este colectivo. Chamizo se preguntaba si alguien había caído en la cuenta de cómo estaban viviendo los recortes aquellos colectivos que ya lo pasaban mal antes. “Se están cerrando narcosalas, se están cerrando centros y despidiendo a psicólogos, han aumentado las listas de espera y hay una merma en la calidad de la atención”, advertía.
Ya hay quien se pregunta, en esa carrera electoral que parece haber empezado con las europeas a la vuelta de la esquina, cómo es la Andalucía que quiere el posible candidato Moreno Bonilla. Porque, para la oposición, al margen de las estrecheces económicas producto de la crisis, los recortes propiciados por Rajoy son “recortes ideológicos”.
DE PROFESIÓN, POLÍTICO
Nacido en Barcelona hace 44 años, Juan Manuel Bonilla viene avalado por el “dedo divino de Javier Arenas”, según adelantó la propia Esperanza Aguirre la semana pasada, cuando cuestionó los métodos de su partido para elegir candidato en Andalucía. Cospedal “ha querido ir a designar a alguien que se presentara a las elecciones como una persona de consenso y sin embargo no ha sido posible”, afirmaba la madrileña después del polémico encuentro entre la secretaria general del PP y los presidentes provinciales andaluces la semana pasada, donde se escenificó la falta de acuerdo en la elección del alcalde de Tomares, José Luis Sanz, favorito del actual presidente del PP-A, Juan Ignacio Zoido, y persona que podría rivalizar con el candidato de Moncloa, José Manuel Moreno Bonilla.
Al igual que a otros cargos políticos, en su vida laboral no hay referencias a trabajos en el sector privado, según los datos que ofrece el propio Ministerio. Así, en su trayectoria profesional aparece el nombramiento como concejal de Juventud y Deporte en el Ayuntamiento de Málaga, la elección como diputado regional en la V Legislatura del Parlamento andaluz y como diputado nacional desde la VII Legislatura (año 2000) hasta que fue nombrado secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, cuando renunció a su acta parlamentaria.
