El fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, en una imagen de archivo.- EFE
Por ello, la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella (CEAQUA), que aglutina a más de un centenar de asociaciones que han mostrado su apoyo a la querella argentina, solicitó este martes por escrito una entrevista al Fiscal Jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, con el objetivo de pedirle que sea la voz de quienes no la tendrán en la vista judicial o lo que es lo mismo: de las víctimas de la dictadura.
"Para intercambiar opiniones al respecto, poder expresarle con mayor extensión y profundidad lo aquí expuesto y pedirle que sea la voz de quienes no la tendremos en la vista judicial, le reiteramos la solicitud de entrevista con el carácter urgente que la situación requiere", señalan la CeAqua en la carta entregada este martes en la Audiencia Nacional y a la que ha tenido acceso Público.
Las víctimas de la dictadura formulan la solicitud de entrevista en base al artículo 124.1 de la Constitución española que establece que el Ministerio Fiscal "tiene por misión promover la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos, del interés público tutelado por la ley y la de procurar ante los tribunales la satisfacción del interés social".
Asimismo, las víctimas justifican su petición en el artículo 10.2 del texto constitucional que señala que las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce, "se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificadas por España".
Carácter urgente
Las víctimas de la dictadura consideran que la necesidad de celebrar una entrevista con el Fiscal Jefe es aún más urgente que antes debido a las recientes declaraciones de Zaragoza a Efe en las que señaló que se plantea rechazar la entrega de los reclamados en España porque la Justicia española "tiene jurisdicción preferente a la de los tribunales argentinos" al tratarse de hechos delictivos cometidos por españoles contra españoles en España".Las víctimas recelan de que el propósito del Ministerio Público sea rechazar la extradición
Así, Zaragoza señaló que se ha planteado la posibilidad de pedir la apertura de un procedimiento en España para investigar al exinspector Juan Antonio González Pacheco, Billy el Niño, y al ex guardia civil Jesús Muñecas Aguilar, capitán Muñecas, pero que en este proceso "habría que valorar también los temas de fondo como el tema de la prescripción y de la amnistía".
En este sentido, las víctimas de la dictadura han hecho saber a Zaragoza que la apertura de un juicio al franquismo en España "colmaría" sus expectativas, pero también han mostrado sus reservas acerca de las verdaderas intenciones del Fiscal Jefe. Las víctimas recelan de que el propósito del Ministerio Público sea rechazar la extradición para abrir un juicio en España que no juzgue absolutamente nada alegando que los crímenes denunciados están prescritos en base a la Ley de Aministía.
"Como comprenderá, que la justicia española se haga cargo del juzgamiento efectivo de los imputados colmaría nuestras expectativas. Pero también ha manifestado que dicho enjuiciamiento no podría realizarse dada la prescripción de los delitos y la vigencia de la Ley de Amnistía. Es decir, que propondría que se los juzgue en España para que no sean juzgados, si es correcto lo que hemos interpretado", reza la misiva.
En el caso de que la Fiscalía defendiera esta postura, las víctimas consideran que el Ministerio Público estaría negando el carácter de "delitos contra la humanidad" a los crímenes del franquismo ya que estos son imprescriptibles y no se puede negar el derecho a la justicia de las víctimas bajo el amparo de ninguna ley de amnistía o de punto final.
La Justicia española no tiene prioridad
Por último, las víctimas también contradicen al Fiscal cuando señala que la justicia española es prioritaria respecto de la argentina para juzgar los crímenes. Para los querellantes, el Tribunal Constitucional español ya ha dejado establecido en su conocida sentencia sobre el genocidio en Guatemala que lo propio del principio de jurisdicción universal es la concurrencia de Estados competentes y no la prioridad o subordinación de uno respecto del otro."Encantados estaríamos de que la justicia española asuma la tarea tanto tiempo, tan antijurídicamente y tan cruelmente postergada. Pero tampoco parece ser este el caso, se reclamaría la prioridad de la jurisdicción española con el sólo propósito de enervar las extradiciones", prosigue la carta.
Nueva era de verdad
Las víctimas de la dictadura cierran su carta al Fiscal Jefe Zaragoza con el deseo de que, "a pesar de las sucesivas frustraciones", esta vez el Ministerio Público dé "cabal cumplimiento a la misión constitucional que le viene atribuida" dando comienzo a una "nueva era de verdad, justicia y reparación para las víctimas de uno de los más graves genocidios cometidos en el siglo XX".Así, también señalan en la misiva que el hecho de que los dos presuntos torturadores deban declarar ante la Justicia supone ya de por sí "una gran reparación" y "promueve y consolida la idea civilizatoria de que quienes lesionan a la humanidad deben ser judicialmente perseguidos en todo tiempo y lugar". "Estamos convencidos de que estas actuaciones judiciales colaborarán decisivamente al fin a la impunidad del franquismo, como en su día lo hicieron las iniciativas judiciales españolas, señaladamente la de jueces y fiscales de esa Audiencia Nacional, para poner término a la impunidad reinante en Argentina y otras naciones de América Latina", concluye.
