Imagina que ahora tú, si eres hombre, o yo mismo quisiéramos ser padres. Pensarás que, si lo has decidido con tu pareja y se van a poner a ello, no te encontrarás con las consecuencias de la reforma de la ley del aborto. Déjame decirte que estás muy equivocado. La ley del aborto también te incumbe porque y, a la hora de tomar la decisión, deberías tener en cuenta algunas consideraciones.
¡Eso es mi decisión!
Si la vida de tu pareja corre peligro, o su salud psíquica puede verse gravemente en peligro a causa del embarazo, sólo podrá abortar legalmente con dos informes motivados, elaborados por dos médicos independientes que no desarrollen su actividad profesional en el centro donde va a llevarse a cabo el aborto (Punto Tres. Modificación del Art. 135 bis, a). En un país donde las listas de espera para las especialidades son de semanas, acogerte a este supuesto no va a ser tarea fácil, a menos que dispongas de los medios suficientes para pagar a dos informes de dos ginecólogos privados distintos. No pensemos en lo que pasaría si la mala suerte te lleva a dar con alguno de estos médicos que anteponen sus creencias religiosas a su labor profesional, que los hay.
Si esto no te parece una razón de peso para replantearte la paternidad (algo que, por cierto, me daría mucho miedo), también deberías saber que tu pareja sólo podrá abortar en caso de que el feto sufra alguna anomalía incompatible con la vida, es decir, “aquella que, previsible y habitualmente, en el momento del diagnóstico, se asocie con la muerte del feto o del recién nacido durante el periodo neonatal, aunque en condiciones excepcionales la supervivencia pueda ser mayor”. En definitiva, solamente si se sabe que el feto no podrá sobrevivir y si la muerte se produce tras el parto. Por lo tanto, si el feto sufre una anomalía incompatible con la vida que conlleva que no prospere antes del nacimiento, tampoco podrá abortar legalmente. No me imagino tomando la decisión de concebir un hijo sabiendo que ahora mi pareja no podrá abortar aunque se sepa que el feto no va a llegar a nacer. Por cierto, ambos supuestos sólo se aplican en las primeras veintidós semanas de gestación. Después, no hay nada que hacer, salvo que el diagnóstico no hubiera sido posible antes de las veintidós semanas y que además exista un informe emitido con anterioridad que así lo indique, o que la vida de la mujer corra peligro. Y siempre pidiendo autorización a un juez. O sea, casi nada.
Decidir nos hace libres.
El otro supuesto, es de la violación, también tiene tela que cortar (Punto Tres. Modificación del Artículo 135 bis. b) Sólo será legal si la violación ha sido denunciada y si se realiza durante las primeras doce semanas de la gestación. En caso de que la mujer sea menor de edad y de que los padres se nieguen —por ejemplo, porque sus creencias religiosas se lo impiden—, la decisión vuelve a quedar en manos del juez. Un defensor de esta ley podría indicar que este supuesto es garantista, ya que se supone que si una mujer no denuncia es porque realmente no ha habido violación, y por lo tanto el sexo ha sido consentido y la culpa es de la mujer por no tomar las medidas oportunas.
En un mundo perfecto, en el que los métodos anticonceptivos funcionan el 100% de las veces, donde toda la población tiene acceso gratuito y fácil a estos medios y donde, además, todo el mundo cuenta con la información necesaria para entender la necesidad de usarlos, esto sería hasta razonable. Razonable, siempre y cuando asumamos que para ese defensor de la reforma, el derecho a la mujer a disponer de su cuerpo como le plazca no tiene cabida. Pero no sólo habría que obviar los derechos de las mujeres, sino además implica asumir que denunciar una violación es fácil. Quien piense que eso es así debería conocer un poco mejor que muchas violaciones se producen por parte de la propia pareja, que existen situaciones —como la prostitución— donde una denuncia de este tipo puede resultar imposible para una mujer por encontrarse privada de libertad, o simplemente, que denunciar una violación sigue provocando un estigma social difícil de asumir. Esta ley favorece indirectamente a los violadores, y no creo que usted sea uno de ellos.
El estado no decide aquí.
La modificación de la ley es más amplia, y habría que explicar también lo que afecta a las mujeres menores de edad, donde se les incita a no tener relaciones sexuales a menos que estén dispuestas a asumir el riesgo de quedarse embarazada (Capítulo III bis, Art. 768 bis) endureciendo los requisitos para el aborto. También habría que hablar del insoslayable papel de la iglesia católica en este y otros temas, de la pseudociencia que se esconde tras muchos de los argumentos, como el del Síndrome Post Aborto (SPA), y también de la responsabilidad a la hora de ir a votar. Sin embargo, con lo visto hasta ahora, creo que queda bien claro, al menos, que esta ley nos atañe a todos y todas y que no se trata de un asunto exclusivo de las mujeres.
Pero también quiero dejar claro que, aunque así fuera, la reforma de la ley del aborto es una de las aberraciones democráticas más brutales que ha realizado el actual gobierno de Mariano Rajoy, lo que no es decir poco. No sólo se trata de una cuestión de salud: es una cuestión de derechos. Aunque si perteneces a ese grupo de hombres que no es capaz de entender que la ley del aborto también le afecta, no creo que pueda sorprender a nadie que pienses que tienes el derecho a decidir sobre el cuerpo de la mujer por una serie de creencias feudales, francamente.
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