Los inmigrantes supervivientes de la patera que naufragó en Lanzarote el 13 de diciembre tras chocar contra una patrullera de la Guardia Civil van a interponer una demanda colectiva por responsabilidad patrimonial contra la Administración del Estado y recurrirán su expulsión.
El decano del Colegio de Abogados de Las Palmas, Joaquín Espinosa, ha confirmado a Efe que dos letrados de oficio de ese colegio prestan atención jurídica a esos 17 inmigrantes, de origen marroquí, con ese fin, después de que los extranjeros la solicitaran.
La patrullera que intentaba auxiliar de madrugada a ese grupo de inmigrantes chocó contra la patera cuando el patrón de la barquilla abandonó el timón y la dejó sin gobierno. En el accidente pudo influir una avería en uno de sus propulsores que «mermaba considerablemente su capacidad de maniobra», según la Delegación del Gobierno en Canarias.
Tras ese desgraciado accidente un inmigrante murió ahogado, siete desaparecieron y 17 fueron rescatados del agua.
Los supervivientes, internados en el Centro de Internamiento de Extranjeros de Barranco Seco, en Las Palmas de Gran Canaria, pidieron al Juzgado de Instrucción que supervisa ese centro que les asignara un abogado de oficio para tramitar su reclamación.
Primero se les asignó un letrado de Lanzarote, pero los inmigrantes pidieron otro más próximo, en Las Palmas de Gran Canaria, por lo que el Colegio de Abogados de Las Palmas, tramitó su solicitud y designó a dos letrados de la capital grancanaria.
