El nuevo canon es un total despropósito que pretende insuflar nuevos ingresos a un modelo de negocio agonizante
Estar en Google es opcional. Poner en tu periódico
los botones de Twitter, o de Facebook, o de Menéame, también es
voluntario. Nadie obliga a ningún diario a ser "robado" por un agregador
de noticias o un buscador que enlace a sus artículos. Al contrario: es
bastante sencillo desaparecer de Google, pero ninguno de los medios de comunicación que estos días celebran el nuevo canon digital querría salir de allí.
Los periódicos dice que Google les roba, pero contratan a especialistas
en posicionamiento en buscadores para aparecer lo más arriba posible en
sus resultados. ¿Alguien conoce algún otro "robo" donde el supuesto
atracado colabore de esta manera con el ladrón?
Su discurso es hipócrita. Los diarios ganamos lectores, gracias a estos
"ladrones" a los que el Gobierno quiere ahora hacer pagar. No nos están
robando, como dicen algunos editores, sino que nos regalan ingresos, a
través de una audiencia a la que ningún medio querría hoy renunciar.
La tasa Google es un total despropósito que pretende insuflar nuevos
ingresos a un modelo de negocio agonizante y cuyos problemas tampoco
solucionará este canon. La reforma es un sinsentido, que puede hacer
desaparecer servicios en internet que son buenos para los medios y
buenos para los lectores. El enlace es la base sobre la que se ha
construido la actual web, y penalizarla –obligando al pago a quienes
enlacen a otros medios– es un disparate, además de una injusticia.
El canon es absurdo también, porque no está claro cómo se repartirán
esos ingresos y todo hace pensar en lo peor: en los mismos criterios
opacos y arbitrarios que aplican las demás entidades de gestión. Se
habla del derecho de autor, que corresponde a los periodistas, pero son
los editores quienes reclaman una tasa que dudo que compartan con los
verdaderos creadores de la información. Además, no se podrá renunciar a
ese "derecho" y el canon también se recaudará incluso en el nombre de
medios que se acogen a una licencia Creative Commons, como hace eldiario.es. Aunque no quieras cobrar ese canon, alguien lo cobrará en tu nombre.
Ayer salieron los últimos datos de ComScore y eldiario.es y nuestros
medios asociados ya sumamos 1,99 millones de usuarios únicos mensuales,
según la ola de enero. Nos hemos colocado ya entre los diez diarios de
información general más visitados, el tercero entre los digitales puros
sólo por detrás de El Confidencial y LaInformación.com. En ese mismo
mes, el periódico La Razón tuvo la mitad de audiencia que nosotros,
apenas un millón. La supuesta piratería es digital, pero hace ya tiempo
que los editores de papel no son los únicos que cuentan con lectores en
la red. Y los más "pirateados" no hemos pedido esta tasa.
eldiario.es fue el año pasado, con bastante diferencia, el medio con más audiencia en Menéame.
Nos "robaron" cientos de noticias que nos supuso 3,6 millones de
visitas (gracias, queridos usuarios de Menéame). Sólo YouTube tuvo más
tráfico desde este agregador. El segundo diario más "meneado" fue El
Confidencial y el tercero, LaInformación.com, ambos con 1,9 millones de
visitas.
Ni eldiario.es ni El Confidencial ni LaInformación.com ni por supuesto youtube.com estamos en AEDE,
la asociación de editores que ha presionado al Gobierno para que
apruebe la tasa Google. Tampoco la piden la otra patronal del sector de
la prensa, AEEPP,
que agrupa a muchos otros medios que están entre los más leídos en
España, como 20 Minutos. ¿Exactamente en nombre de quién va a recaudar
CEDRO (la entidad de gestión destinada a cobrar este canon)? ¿A quién le
va a pagar lo que recaude? ¿Con qué criterio se va a crear la mesa que
negocie con Google esta tasa? ¿Por qué AEDE se atribuye la
representación de un sector que es muchísimo más amplio?
Si el Gobierno quiere combatir la piratería y ayudar al desarrollo de
medios de comunicación solventes que garanticen ese derecho
constitucional a la información, tan importante para una democracia, el
camino es otro. Más que tasas a Google, estaría bien que dejase de
utilizar la publicidad institucional como herramienta para la censura,
como método arbitrario para controlar a los medios de comunicación o
poner y quitar directores. Que cumpla el Ejecutivo con la cacareada
transparencia y obligue a todas las administraciones a publicar un
listado anual con todas las subvenciones, ayudas y publicidad
institucional que reparte entre cada uno de los periódicos.
No creo que lo veamos. Porque si viésemos ese listado, y conociésemos
las tripas de la libertad de prensa en España, quedaríamos completamente
escandalizados.
