La Comunidad de Madrid atendió durante un año a una de las menores que supuestamente fue agredida por el profesor de Música y Filosofía del centro concertado Valdeluz Agustinos, en Madrid, Andrés Díez Díez. La Consejería de Asuntos Sociales aseguró en su informe final que había verosimilitud en los abusos sexuales que decía haber sufrido la joven, y los trabajadores del servicio de intervención en abuso sexual infantil recomendaron a los padres que denunciara los hechos.
Los padres no lo hicieron y la Comunidad tampoco acudió a la Fiscalía para poner en conocimiento lo que había ocurrido. Una portavoz del Gobierno regional asegura que el Código Penal se lo impide al tratarse de un delito semiprivado (contra la libertad y la integridad sexual), cuya denuncia solo le corresponde a los progenitores de la menor. Fuentes de la Fiscalía del Estado lo negaron ayer y apelaron a la máxima protección de la joven. Aseguraron que se podrían haber evitado más agresiones en el centro Valdeluz. Hay alrededor de una decena de denuncias.
Según confirmaron fuentes policiales, la menor tenía 17 años cuando acudió en enero de 2007 con sus padres al Centro Especializado de Intervención en Abuso Sexual Infantil, de la Consejería de Asuntos Sociales. Los especialistas de este servicio la atendieron hasta febrero de 2008, cuando emitieron un informe. Destacaron que la menor (que ahora tiene 24 años) sí sufrió abusos sexuales, supuestamente, por parte de Andrés Díez Díez. En ese caso, los técnicos le explicaron que podía denunciar el caso.
A partir de ahí, se abre un debate en el que los especialistas en menores y en Derecho Penal no se ponen de acuerdo. Según fuentes de la Fiscalía del Estado, la Comunidad de Madrid podría haber informado al responsable de menores del Ministerio Público para que investigara lo que ocurría en el colegio.
El fiscal jefe de Madrid, Manuel Moix, defendió ayer la opinión contraria. Afirmó que los abusos sexuales entran dentro de los llamados delitos semiprivados, que recoge el artículo 191 del Código Penal. Este recoge que “para proceder por los delitos de agresiones, acoso o abusos sexuales, será denuncia de la persona agraviada, de su representante legal o querella del Ministerio Fiscal. Cuando la víctima sea menor de edad, incapaz o una persona desvalida, bastará la denuncia del Ministerio Fiscal”. Según este precepto legal, solo la propia víctima o los tutores legales pueden denunciar. “Si los padres no denunciaron, la Comunidad de Madrid no podía acudir a la Fiscalía”, sentenció Moix.
Un catedrático de Derecho Penal, que prefirió permanecer en el anonimato, se basó precisamente en el citado artículo 191 del Código Penal para defender justo la tesis contraria: “El fiscal pudo recibir una simple información de todo lo que ocurría por parte de la Comunidad de Madrid y a partir de ahí ponerse a trabajar sobre el caso. Podría haber intervenido sin ningún problema”. Este catedrático puso como ejemplo al médico que atiende a una mujer víctima de malos tratos o de violación.
Fuentes de la Comunidad de Madrid destacaron que el centro de intervención es “un servicio de ayuda y apoyo psicológico y de orientación jurídica”, entre cuyas funciones no está el acudir a la fiscalía en caso de que se encuentren con la eventual comisión de un delito.
El que fue durante años fiscal de Menores, Félix Pantoja, cita el 158 del Código Civil “que obliga a actuar a cualquier persona que conoce la comisión de un delito” y la Ley de Protección Jurídica del Menor, “que dice que el interés de estos prevalece ante cualquier otro que pueda concurrir”, por lo que debieron informar de la situación al fiscal.
Las opiniones continuaban ayer enfrentadas entre los padres de los alumnos del Valdeluz. Algunos defendían a capa y espada al profesor detenido y a los directivos dimitidos, mientras que otros se quejaban de que el centro no hubiera puesto medidas para evitar los abusos en ocho años. Andrés Díez Díez ingresó en prisión ayer en prisión sin fianza.
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