A los 24 horas de llegar a la vivienda recibió la visita de dos monjas de la residencia, que le dijeron que tenía que irse "pues ellas eran las que decidían qué se hacía con la casa". Ese mismo día las religiosas la denunciaron y, en estos momentos, está a la espera de prestar declaración en el Juzgado número 1 de lo Penal de Huelva y tiene sobre ella la amenaza de una orden judicial que puede obligarla a abandonar la casa.
La joven sabe que la vivienda no es suya, que está en ella ilegalmente, por ello solo pide "caridad" y que le den la posibilidad de quedarse en la casa a cambio del pago de un alquiler que se ajuste a sus posibilidades.
Todo ello, después de haber recurrido a distintas administraciones como la Junta de Andalucía o el Ayuntamiento de Huelva para "pedir ayuda" y que se le facilitara una solución a su situación sin que ninguna de sus gestiones hayan tenido éxito, y con el temor de que, si la echan, pueda perder la custodia de sus hijos, que están escolarizados y a los que intenta darles “una vida lo más normal posible".
"Sólo pido que las monjas hagan lo que predican, que tengan caridad conmigo", dice, porque cree que "al final lo que quieren es que salga de la casa para poder alquilarla ellas, ya que la propietaria nunca se ha quejado de nada ni la reclamado, y es ahora, precisamente cuando la casa está ocupada, cuando la quieren reclamar".
Asegura que está cuidando de la casa, que incluso ha guardado en una habitación los pocos enseres que había en ella para que "no se estropeen y no sufran problema alguno". "Si me echan no tengo adonde ir", lamenta esta madre que lo único que quiere es "dar un techo" a sus hijos y que entiende que ahora las religiosas "tienen la oportunidad de hacer una buena obra ante alguien que se la está pidiendo directamente".
