La Comisión Nacional francesa de Informática y Libertades (CNIL)
dictaminó este miércoles multar a la transnacional Google con 150.000
euros por irrespetar las reglas del país galo relacionadas con la
confidencialidad de datos.
La CNIL afirmó en un comunicado que, además de pagar esta suma de
dinero, el buscador deberá publicar antes de ocho días en su página de
acogida un comunicado recogiendo la sanción durante 48 horas
La multa impuesta a Google es la máxima prevista por la legislación
francesa para este tipo de faltas y la mayor de la historia del
organismo dado “el número y la gravedad de las faltas constatadas”,
agregó.
La CNIL reprocha al grupo el no respeto de la ley francesa en su
política de protección de datos impuesta en marzo de 2012, cuando
decidió fusionar las reglas de confidencialidad de unos 60 servicios que
presta, tales como el buscador tradicional, el de vídeos Youtube, el
correo electrónico Gmail o el servicio de mapas.
“A causa del número de servicios concernidos, prácticamente todos los
internautas franceses están afectados por esta decisión“, indicó la
CNIL.
En contra de lo que considera Google, la CNIL estima que los datos
recolectados por estos servicios son “de carácter personal”, por lo que
deben respetar las reglas del país.
El organismo reprocha a Google la falta de información suficiente a los
usuarios de las condiciones y finalidad del tratamiento de sus datos
personales.
Los internautas “no pueden comprender ni la finalidad de la colecta, al
no estar determinados tal y como exige la ley, ni la amplitud de los
datos colectados”, por lo que “no están en disposición de ejercer sus
derechos”, indica.
Además, la CNIL estima que Google no respeta la obligación de obtener el
consentimiento de los usuarios para introducir “cookies” en sus
terminales.
Además, el buscador no precisa la duración de conservación de esos datos
y se otorga la posibilidad de combinarlos entre el conjunto de sus
servicios.
La CNIL indicó que las faltas cometidas por Google fueron constatadas
por 29 organismos europeos de protección de datos y que las conclusiones
de su análisis “son similares a las de las autoridades holandesas y
españolas” a finales del año pasado.