El diputado del PP Rafael Hernando, en una sesión de control al Ejecutivo.- EFE/Archivo
Como respuesta, la ARMH ha presentado esta mañana en el juzgado decano de Madrid una denuncia por un delito de "injurias graves con publicidad". La demanda se extiende a la cadena de televisión, "por su falta de diligencia del medio", y a la Conferencia Episcopal, "como poseedora del 51% del accionariado del canal", según el texto de la denuncia al que ha tenido acceso Público.
El colectivo de víctimas alega que la afirmación de Hernando es "rotundamente falsa" y que en el momento de realizarla no existe ninguna subvención a favor de ninguna asociación de víctimas del franquismo. En ese sentido, el hecho denunciado se ve agravado, a juicio de los denunciantes, por el conocimiento expreso que tiene Hernando de la "falsedad" de su afirmación, ya que el Gobierno dejó a cero el presupuesto dedicado para las exhumaciones hace ya dos años, algo que el diputado debe tener en conocimiento.
Ceaqua: "Sería impensable que hiciese declaraciones parecidas sobre cualquier otro colectivo de víctimas" Asimismo, la insinuación del portavoz parlamentario de que las víctimas puedan enriquecerse con dinero público "lesiona, menoscaba y atenta contra la finalidad de reparación" de los familiares de desaparecidos. "[Hernando] ha realizado una imputación falsa y carente de confrontación con la realidad, procediendo a la comisión de un delito de injurias, desprestigiando a la totalidad de las víctimas [...] y atentando contra la dignidad de las mismas".
La denuncia enfatiza, además, el hecho de que el objeto de las subvenciones no son los propios familiares, sino a las "actividades relacionadas con las víctimas de la Guerra Civil y del franquismo.
La ARMH reclama que la injuria se califique como "grave hecha con publicidad", ya que Hernando realizó su afirmación en un horario de elevada audiencia de la cadena que emitía el debate, con amplia difusión. Con la denuncia, el colectivo de víctimas reclama a Hernando, a la cadena 13tv y a la Conferencia Episcopal una disculpa pública en horario de máxima audiencia.
Piden la dimisión del conservador
Por su parte, la red Ceaqua, el colectivo que agrupa a la gran mayoría de asociaciones y particulares en el marco de la querella argentina, ha manifestado públicamente su rechazo más enérgico ante las palabras de Hernando, y solicita su rectificación o, en caso de que no lo haga, su dimisión."Quisiéramos informarle de que, a pesar del tiempo transcurrido, la inmensa mayoría de ciudadanos descendientes de asesinados no ha podido recuperar los cuerpos de sus familiares, y no sólo por la ausencia de subvenciones, sino por encontrarse con todo tipo de trabas que retratan qué tipo de democracia tenemos", ha denunciado Ceaqua en un comunicado. "Sería impensable que Rafael Hernando hiciese declaraciones parecidas sobre cualquier otro colectivo de víctimas. Su falta de respeto, sensibilidad y sentido común le invalidan como representante público", añade.
Trece años esquivando obstáculos para exhumar
Entre la primera fosa común del franquismo en la que se realizaron trabajos de exhumación con métodos científicos y la última, hace apenas dos semanas, median trece años de litigios con las administraciones. Durante siete años, hasta 2007, la ARMH realizó labores en estos enterramientos sin subvención alguna. A partir de ese año, la ayuda que recibía de la administración no siempre cubría el gasto total de varios días de trabajo de personal cualificado en numerosas fosas ni las costosas pruebas de ADN.Desde hace dos años, las asociaciones y colectivos que trabajan en este ámbito han vuelto a depender sólo de sus propios recursos: cuotas de socios o campañas de crowdfunding. Este recurso de la micro financiación por internet fue utilizado por el Grupo para la Recuperación de la Memoria Histórica el pasado verano para exhumar los restos de un fusilado en 1938 en Castellón. En pocos días obtuvieron cerca de 7.000 euros.
En Alcalá del Valle (Cádiz), las familias de desaparecidos en fosas comunes pidieron ayuda a los arqueólogos de la ARMH para recuperar los restos de sus familiares. Los huesos que hallaron hace un par de semanas en uno de los muchos enterramientos que hay en la zona ya los analiza un forense en el laboratorio que la asociación tiene en Ponferrada. "Buscábamos a tres, pero en 1958 abrieron esa fosa dentro de los traslados de restos que se hicieron al Valle de los Caídos, y encontramos restos muy pequeños", aclara Marco González, vicepresidente de la ARMH sobre la particularidad de esta fosa. Debido al estado de los restos, la investigación debe indagar ahora en el destino de los huesos que faltan. "Sabemos que no llegaron al Valle, y que se los dieron en cajas a las viudas", adelanta.
El Ayuntamiento de Alcalá del Valle colaboró con la asociación ofreciéndoles alojamiento en un colegio y manutención en una residencia de personas mayores. Las trabas, en cambio, llegaron desde la Junta de Andalucía. "Nos visitó el director de la Dirección general de Memoria Democrática y nos dijo que si aparecían los restos esperásemos a ver qué decía la Justicia", detalla González.
De manera sistemática, las denuncias que se presentan en los juzgados y ante la Guarda Civil tras la localización de los primeros restos humanos acaban archivándose alegando la ley de Amnistía, de 1977, y algunos artículos de la ley de Enjuiciamiento Criminal. "Nos dicen que no denunciamos a los culpables", lamenta. Ante este contexto repetitivo, González inquirió al representante de la Junta cuánto tiempo debía dilatarse esa espera, y éste le explicó que dicha administración ahora busca seguir una política de investigación en las fosas comunes. "Nos dijo que si las familias habían esperado 80 años, podían esperar un poco más". Finalmente, y según el marco legal internacional que se utiliza en las exhumaciones en España, los arqueólogos de la ARMH continuaron su labor recuperando los restos que pudieron. "La política de la Junta de investigar las fosas es buena, pero debe tener en cuenta el componente humano y emocional de las familias, ya que se trata de hijos e hijas de más de 80 años", reclama González.
Desde los 80 buscando reparar la herida
"Imagino que eso lo habrá dicho desde su posición del bando de los vencedores", lamenta Manuel Sánchez Soriano, sobrino Dolores Soriano Bonilla, una costurera de Alcalá del Valle fusilada en septiembre de 1936. A la afirmación del diputado Hernando, contesta: "Estamos haciendo todo el trabajo a pie de calle, por nuestra cuenta y poniendo nuestro tiempo y dinero". Manuel busca a su tía abuela que, según los testigos de la época, la mataron por tejer una bandera republicana y por negarse a confeccionar un uniforme a un guardia civil. Al estallar la guerra, Dolores se refugió con sus cuatro hijos en el cortijo de El Granadal, de donde tuvo que regresar al pueblo cuando enfermó una de sus hijas. Nada más entrar, fue detenida por falangistas y conducida a la cárcel municipal. Tres días después, la trasladaron al cuartel de la Guardia Civil. De allí salió para ser asesinada.A principios de los 80, el abuelo de Manuel trató sin éxito de inscribir el fallecimiento de su hermana en el registro. "En mi familia tengo también a mi abuelo que padeció cárcel y un tío abuelo que tuvo que exiliarse y murió en Francia luchando en la Segunda Guerra Mundial". "Hemos tenido el estigma de ‘rojos' toda la vida; pero para mí es un orgullo", reconoce Manuel
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