Treinta o cincuenta iPads, la cosa está más que clara: que no uno ni dos, sino nada menos que ¡cincuenta (o treinta)! parlamentarios “extravíen” sus iPads da una idea muy clara de muchas cosas. Y los pasos a seguir son claros: uno, usar de inmediato Find my iPad. Dos, lanzar una investigación exhaustiva y transparente sobre el tema. Y tres, si se detecta falsedad alguna, interponer denuncia inmediata e inhabilitación permanente. No, no hablamos de reponer el iPad con su dinero y santas pascuas: hablamos de ser un sinvergüenza, condición que en un país serio debería ser completamente incompatible con el desempeño de un cargo público.
En el caso de la pérdida de un iPad de un representante público, es preciso además hacer notar un matiz: que el iPad puede incluso ser lo de menos. Que lo importante es su contenido: dado que un parlamentario puede manejar, por su condición, información sensible, perder un iPad con información reservada puede representar como tal un delito.
Que en un país los cargos público ostenten una cosa llamada “inmunidad” ya debería ser, de por sí, una cuestión revisable. Se pueden entender algunas de las razones esgrimidas para ello, pero en modo alguno la inmunidad puede ni debe ser total ni prácticamente incondicional. Y fundamentalmente, cuando el problema principal de este país a estas alturas se denomina, con todas sus letras, en mayúsculas y en negrita, CORRUPCIÓN.
Corrupción es lo que convierte a España en el hazmerreír de Europa. Lo que hace que los países que aportaron recursos para intentar equiparar la situación de nuestro país a la su contexto natural se planteen si hicieron bien al ver que una parte sustantiva de ese dinero ha sido malversado, desviado o absorbido por tramas organizadas corruptas y circuitos de comisiones infinitas. Corrupción es lo que hace que se nos caiga la cara de vergüenza cada vez que abrimos un periódico, sobre todo cuando llega ya a los extremos del putiferio barato, de los alias cutres, de la destrucción de pruebas y de la sensación de impunidad. Corrupción asquerosa, putrefacta y maloliente, a todos los niveles. Corrupción es lo que, como ciudadanos, no podemos en modo alguno aceptar como norma ni considerar “parte del panorama”, por mucho que desayunemos, almorcemos y cenemos con noticias que la tienen como protagonista principal. Y en España hay corrupción. Mucha corrupción. Peor aún: hay corrupción institucionalizada. Y es fundamental y perentorio detenerla como sea.
¿Cómo se detiene la corrupción? Solo hay una manera: con transparencia total, y con el recurso a medidas radicales. Una situación así, de auténtica emergencia nacional, solo puede detenerse con medidas extremas. Medidas extremas suponen aprobar con urgencia leyes que permitan detectar la corrupción de manera inmediata se produzca al nivel que se produzca, supone decretar la inhabilitación inmediata de cualquier implicado y una pena mínima de cárcel suficientemente ejemplarizante tanto para el corrupto como para el corruptor. Supone que no solo el representante público implicado, sino también el empresario o ciudadano que paga, pasen por la cárcel un número de años suficiente como para disuadir la comisión del delito. Ni un solo atisbo de medias tintas: la corrupción es perfectamente reconocible por todo aquel que la quiere reconocer.
Los iPads son una maldita anécdota, pero también una verdadera llamada de atención. Pretender justificar su pérdida con un “es que viajamos mucho” es completamente impresentable: hablamos de un recurso pagado con dinero publico y que puede contener información sensible: lo mínimo es custodiarlo adecuadamente. Va en el cargo. Si además no se han perdido, sino que se han “perdido” entre “comillas”, la cosa es infinitamente más grave, y precisa de medidas inmediatas y tajantes. No por los iPads, sino por lo que significan. Que quien tenía que legislar, se dedica a “despistar”, a “descuidar”, a “extraviar”. Muy grave. Muy significativo. Y el problema fundamental que están en la raíz de todos los demás que tiene este país.
