El pulso entre el Gobierno de España y la
asociación de consumidores FACUA, a raíz de las campañas de aquélla
contra las políticas de recortes, agudiza la imagen caciquil de un
ejecutivo que no admite críticas en su contra, una postura que parece
obedecer las directrices de su fuente ideológica, la FAES de Aznar.
El
desarrollo de los acontecimientos presentes apunta a un preocupante
panorama en el que cierta modalidad de censura, por parte del Gobierno
español, podría ser una constante. La misiva del Instituto Nacional del
Consumo[1] -dependiente del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad- a FACUA, a la que insta a detener sus reiteradas críticas
hacia los sucesivos recortes llevados a cabo por el Gobierno so pena de
perder su condición legal de asociación de consumidores, además de su
exclusión del Registro Estatal de Asociaciones de Consumidores y
Usuarios[2].
A efectos prácticos, la sanción a FACUA implicaría, además de la
previsible retirada de subvenciones, su expulsión "de todos los órganos
consultivos a nivel estatal" desde los que traslada la voz de los
consumidores y "la pérdida del derecho a opinar sobre normas que afecten
a los consumidores en trámite de audiencia"[3]. Sin embargo, detrás de
todo este asunto parece esconderse un aviso a navegantes, un diáfano
mensaje que deja claro que contrariar las políticas del Gobierno puede
tener consecuencias. En el caso de FACUA, esta advertencia se refuerza
con la respuesta de la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril -quien
ostenta el carné del partido en el Gobierno-, a la petición de amparo
solicitada por la asociación de consumidores. La señora Becerril se
limita a sugerir a FACUA "que tenga a bien revisar las campañas llevadas
a cabo por esta organización, por si, en algún caso, se hubiera o
hubiese producido alguna actividad que no encaje, precisamente, en los
fines que deben presidir las actuaciones de las asociaciones de
consumidores y usuarios"[4].
Afortunadamente, FACUA ha conseguido un importante apoyo social que[5],
muy probablemente mitigue lo que, en caso contrario, sería un ejercicio
de censura sin precedentes en los últimos tiempos, un duro ataque a la
libertad de expresión y un chantaje en toda regla. Sin embargo, otras
asociaciones o grupos de ciudadanos críticos con las políticas de
recortes, pero con menor base social o alcance mediático, pueden verse
afectadas por similares ejercicios de censura.
Para sostener la afirmación de que el caso FACUA no es una preocupación
puntual para el Gobierno, es necesario acudir a su fuente ideológica.
Como es sabido el partido en el Gobierno se nutre ideológicamente de los
estudios y propuestas realizados desde la FAES -Fundación para el
Análisis y los Estudios Sociales-, un think tank (laboratorio de
ideas) presidido por el expresidente Aznar, cuyo objetivo fundamental es
la apología del dogma neoliberal. En una publicación realizada por la
FAES[6] se alerta de "las proposiciones arbitristas que pretenden hacer
pasar por proyectos de reformas meditados lo que no dejan de ser
ejercicios más o menos bien intencionados de retórica política", por
parte de una "sedicente 'portavocía' de la sociedad civil". Es decir,
para los guías espirituales del Gobierno, quienes discuten
las políticas de recortes no tienen ningún tipo de credibilidad. De ahí
que dejen claro que no les "servirá la fragmentación electoral, ni las
propuestas radicales, ni las hojas de firmas, que aguantan mal la
comparación con el censo electoral, que ha avalado mayoritariamente y
hace bien poco el programa popular"[7].
De nuevo la mayoría absoluta pasa a convertirse en el salvoconducto con
el que aplicar decisiones de corte absolutista, haciendo bueno aquello
de "todo para el pueblo, pero sin el pueblo", de modo que oponerse a
ellas implica en la práctica ser tildado casi de antidemocrático[8]. De
la editorial de la FAES, se puede inferir que los "sedicentes portavoces
de la sociedad" son un obstáculo para la aplicación de las reformas
programadas por el Gobierno, que "exigen sacrificios importantes". Las
críticas de FACUA a las políticas de recortes o a la subida del IVA han
despertado las iras de un Gobierno que ha seguido el guión sugerido por
la FAES, el mismo que les llevó a eliminar de la nómina de la
Radiotelevisión pública a aquellos periodistas que pudieran, a propia
cuenta y riesgo, el papel de "sedicentes portavoces de la sociedad"[9].
Estas acciones por parte del Gobierno representan, en su conjunto,
un grave síntoma del déficit democrático que adolece el Estado español.
Como afirman desde FACUA, "si una ley dijera que no podemos criticar al
Gobierno estaríamos en una dictadura"[10]. La insistencia en esos
métodos caciquiles, cuya imagen es indefectiblemente proyectada al
extranjero[11], no deja de ser una torpeza por parte de un Gobierno que
aún piensa que su mayoría absoluta representa una carta blanca para
hacer y deshacer a su antojo. A estas alturas, el señor Presidente y sus
asesores tendrían que saber que en el resto de Europa y Norteamérica
gusta de la aplicación de recortes bajo el manto de una aparente
democracia.
[1] Pilar Farjas: "Requerimientos FACUA". Instituto Nacional del Consumo, 1 de agosto de 2012.
[2] "El Gobierno amenaza a FACUA con ilegalizarla como asociación de consumidores". FACUA, 5 de agosto de 2012.
[3] "Facua: "La amenaza del Gobierno es un grave atentado contra la democracia"". Público, 22 de agosto de 2012.
[4] "Becerril se niega a actuar ante la amenaza de ilegalización de FACUA y “sugiere” a la organización que revise sus campañas anti–recortes". Crónica de Aragón, 23 de agosto de 2012.
[5] "Más de 60 artistas y periodistas promueven el manifiesto 'Contra la ilegalización de FACUA, por la libertad de expresión'". FACUA, 22 de agosto de 2012.
[6] "Editorial". Cuadernos de pensamiento político, 35. FAES, julio-septiembre 2012.
[7] Ibid.
[8] "La fundación de Aznar carga contra los que protestan por los recortes". Público, 9 de agosto de 2012.
[9] "La “purga” de periodistas de RTVE: Cuando ser periodista se convierte en ser culpable". Tercera Información, 13 de agosto de 2012.
[10] "Facua mantiene la campaña contra los recortes pese a la amenaza del Gobierno". El País, 22 de agosto de 2012.
[11] "Le Monde, Financial Times y Guardian siguen hablando de “escandalo” en RTVE". Tuitformación, 10 de agosto de 2012.
