El
conductor 'kamizake' indultado
hace unos días por el Gobierno, pese a tener una condena de 13 años de
cárcel, fue defendido por Esteban Astarloa, hermano del diputado del PP
y exalto cargo de Interior y Justicia Ignacio Astarloa, del despacho
Uría y Menéndez, donde también trabaja el hijo mayor del ministro
Alberto Ruiz-Gallardón, firmante él mismo de la medida de gracia, según
publica este miércoles el periódico
Información, de Alicante.
Fuentes del Ministerio de Justicia confirmaron que
el hijo mayor del titular del departamento José Ruiz-Gallardón Utrera,
trabaja como abogado ejerciente en ese despacho, aunque ha estado
destinado hasta hace pocas fechas en Sao Paulo (Brasil) --donde sufrió
un incidente en un atraco del que salió indemne, aunque un amigo suyo
murió-- y actualmente tiene puesto en Madrid --en el área de fusiones y
adquisiciones del despacho, según el periódico alicantino--.
Por su parte,
Esteban Astarloa es socio del mismo despacho desde 2002,
y se encarga de la defensa de Ramón Jorge R.S., el hombre que ha
conseguido el indulto del Gobierno para eludir la cárcel pese a haber
sido condenado a 13 años de cárcel por la Audiencia Provincial de
Valencia por conducir varios kilómetros en dirección contraria a alta
velocidad por una autopista, hasta chocar frontalmente con otro vehículo
que iba en sentido correcto, cuyo conductor resultó muerto y su
acompañante, herida.
La sentencia de la Audiencia de Valencia condenaba a Ramón Jorge R.S. a 13 años de cárcel
La sentencia le consideró autor de un delito de conducción con
grave desprecio para la vida de los demás,
en concurso ideal con un delito de homicidio, un delito de lesiones,
una falta de lesiones y una falta de daños. El hermano del abogado,
Ignacio Astarloa, fue subsecretario del Ministerio de Justicia
--departamento que tramita los indultos-- y secretario de Estado de
Seguridad-
El Ejecutivo aprobó el 7 de diciembre de 2012, tal y
como recogía el pasado 5 de enero el Boletín Oficial del Estado (BOE),
indultar al hombre, condenado por la Audiencia de Valencia. En concreto,
el Gobierno conmuta al acusado la pena privativa de libertad pendiente de cumplimiento por otra de dos años de multa,
que satisfará en cuotas diarias de seis euros, cuyo inicio y forma de
cumplimiento --según recoge el decreto-- serán determinados por el
tribunal sentenciador, a condición de que abone las responsabilidades
civiles fijadas en la sentencia y no vuelva a cometer delito doloso en
el plazo de cinco años desde la publicación del texto.
Respecto a que el hijo de Ruiz-Gallardón trabaje en el despacho Uría y Menéndez,
fuentes de Justicia subrayan que en esa empresa trabajan 538 abogados en 15 oficinas abiertas en todo el mundo.
El
indulto fue concedido pese all informe contrario de la Fiscalía y de la
Audiencia de Valencia, según el diario Información. Otras fuentes
conocedoras del caso señalan que sí hubo un informe favorable del centro
penitenciario donde cumplía condena hasta recibir el indulto --sólo ha
estado un total de diez meses en prisión--. La cárcel destacó que era
una persona de "conducta intachable" en la prisión. Asimismo, en el
expediente se han estudiado informes médicos que señalaban que el hombre
pudo padecer un ataque de epilepsia cuando ocurrieron los hechos, según
las mismas fuentes.
Denuncia de Stop Accidentes
El caso
fue denunciado el lunes
por la delegada de la Asociación Ayuda y Orientación a los Afectados
por Accidentes de Tráfico (Stop Accidentes) en la Comunidad Valenciana,
Ana Novella, quien recordó que
el accidente se registró en 2003 en la autopista AP-7, en el tramo Silla-San Juan (Valencia).
Novella
explicó que elevarán su protesta contra la decisión del Ejecutivo a la
Fiscalía de Seguridad Vial "para que tenga conocimiento de este tipo de
indultos". Asimismo, extenderán su escrito de queja al ministro de
Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón.
La portavoz de Stop Accidentes se quejó de que el Gobierno es "incongruente" con el indulto
Esta
portavoz lamentó que se concedan estos indultos "teniendo en cuenta que
cuesta mucho que salgan este tipo de sentencias" condenatorias. Así, ha
criticado que "una vez se han puesto, llega el Consejo de Ministros e
indultan al acusado y no pasa nada". De esta forma es, según ha dicho,
"como si no hubiera pasado nada".
Esta resolución es, a su juicio, "incongruente" con la pregonada
intención del Ejecutivo de paliar los accidentes de tráfico y bajar el
número de víctimas.
Según consta como probado en la sentencia, el
incidente tuvo lugar el 1 de diciembre de 2003. En la tarde de ese día,
el hombre golpeó su vehículo contra otro cuando circulaba por la A-7, a
la altura de Torrente-Calicanto. Éste tuvo que apartarse, se detuvo en
el arcén y avisó de lo ocurrido a los servicios de emergencia.
El
'kamikaze' condujo en 2003 durante varios kilómetros en sentido
contrario y provocó un accidente mortal al chocar contra otro coche
Seguidamente,
el conductor accedió a la AP-7 por el peaje de Silla, y cuando llegó a
la altura del punto kilométrico 551-552, efectuó un cambio de sentido y
comenzó a circular en sentido contrario entre los dos carriles, a gran
velocidad.
Los coches con los que se cruzaba tenían que apartarse
hacia el arcén o a la mediana para evitar una colisión. El hombre
circulaba sin emplear ningún otro dispositivo para avisar al resto de
usuarios de la vía de su conducción contra sentido, y sin efectuar
maniobra alguna de evasión para eludir los vehículos que circulaban en
sentido correcto.
Cuando se hallaba en el tramo Silla-San Juan, en
el término municipal Polinya de Xúquer y Partido Judicial de Sueca, en
tramo recto, a nivel y de buena visibilidad, colisionó frontalmente
contra un turismo en el que viajaba una pareja. Como consecuencia del
impacto, el hombre falleció de un traumatismo craneoencefálico y su
novia sufrió diferentes lesiones.
Varios
miembros de la Asamblea Contra el Paro y la Crisis en Fernán Núñez, han
visitado nuestros estudios para contarnos las actividades que han
realizado desde la última huelga General. Puedes escuchar la entrevista
completa en este blog
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