Desde que el 18 de junio de 1870 se aprobara la Ley del Indulto, la cifra de perdonados por reyes, generalísimos y presidentes de gobierno asciende a varias decenas de miles.
Esta potestad de los gobiernos resulta imprescindible para frenar los abusos de muchos jueces que osan castigar a quienes incumplen las leyes, pues siempre ha habido incumplimientos e incumplimientos. No es lo mismo un perroflauta con dos licenciaturas que protesta en la calle impidiendo el paso de la gente honrada, que el ex juez Gómez de Liaño, condenado a 15 años por prevaricación continuada en el caso Sogecable, algo que no hace daño a nadie, y por eso fue indultado por Aznar. No es lo mismo un camello que vende hachís poniendo en peligro la salud pública que Juan Hormaechea, expresidente de Cantabria, dos veces condenado por malversación de caudales públicos y dos veces indultado, la primera por Felipe González y la segunda por Zapatero.
En los últimos años no han sido pocos los ciudadanos de bien condenados por un quítame allá esas pajas y luego indultados por gobernantes de buen corazón. El ex alcalde (PP) de Valle de Abdalajís (Málaga) condenado a 10 años de prisión por prevaricación urbanística e indultado por el gobierno del PP; Alfredo Sáenz, número 2 del Banco Santander (el de Emilio Botín), indultado por Zapatero y que luego se jubiló con una pensión de más de 88 millones; y cientos y cientos de casos.
Lo malo de indultar es que a veces se trata de un proceso largo y tedioso y que las pocas veces que los medios de información se lo cuentan a la población, pues esta tiende a cabrearse.
Así, para ahorrar tiempo, dinero y cabreos, el Gobierno de Rajoy prepara una modificación en la norma, de forma que cualquier condenado -preferentemente por delitos que no sean de sangre- cuya renta anual supere los 600.000 euros o cuyo patrimonio no sea inferior a los 10 millones, será automática e inmediatamente indultado, independientemente de la pena a la que fuere condenado por el juez.
“Eso está bien. Porque quienes se mueven en esas rentas y patrimonios no suelen fastidiar a los ciudadanos con manifestaciones, menudeo de drogas ni cosas así. Salimos ganando todos”, ha dicho un portavoz de Justicia.
