El Comité de Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas invitó a España a adoptar medidas para investigar el destino que tuvieron los fusilados y represaliados por la dictadura de Franco, según establece el derecho internacional.
Página/12 / ADRIÁN PÉREZ / 17-11-2013
El fantasma de Franco sigue presente en los crímenes de la dictadura que permanecen impunes.
El gobierno de Mariano Rajoy fue llamado una vez más a ocuparse de
los crímenes del franquismo. Ayer, el Comité de Desapariciones Forzadas
de Naciones Unidas invitó a España a adoptar las medidas necesarias para
investigar el destino que tuvieron los fusilados y represaliados por la
dictadura de Francisco Franco. En su declaración, el Comité aseguró que
esas desapariciones sólo prescriben cuando se conoce la suerte de las
víctimas. Desde España, la Asociación para la Recuperación de la Memoria
Histórica celebró la decisión del Comité de la ONU y manifestó que el
Estado debe asumir su responsabilidad por esos delitos. “El gobierno
español no puede seguir mirando para otro lado y negar a las víctimas de
la dictadura, sus derechos y debería disculparse públicamente por
haberlas maltratado”, señaló la ARMH en un comunicado.
Tal como lo establece el derecho internacional, que determina además que la desaparición forzada representa un crimen de lesa humanidad, el organismo de la ONU, con sede en Ginebra, advirtió que la prescripción de ese delito sólo se produce en el momento en que la persona aparece con vida, se encuentran sus restos o se restituye su identidad. El abogado uruguayo Alvaro Garcé García y Santos criticó la Ley de Amnistía que rige en la Península Ibérica desde 1977. “Una amnistía es una norma pacificadora. Esta norma, treinta años después, no puede constituir un obstáculo para la justicia, y la justicia está necesariamente vinculada a la verdad, y la verdad es hija del tiempo”, consideró el experto del Comité de la ONU.
Desde su perspectiva, España debe adoptar iniciativas legislativas o judiciales que permitan superar los obstáculos de orden interno que puedan impedir las investigaciones. Luego de presentar su informe sobre la implementación de la Convención Internacional sobre Desapariciones Forzadas, el gobierno español argumentó que en su legislación no figura la investigación de crímenes cometidos durante la guerra civil y el franquismo, por tratarse de delitos ya prescriptos. “Invitamos (a España) a investigar el pasado, pero no con un espíritu de revancha, sino con una mirada constructiva y hacia el futuro, porque el derecho a la verdad es indispensable”, señaló Garcé. Según los tiempos del Comité de la ONU, España tiene un año de plazo para mostrar sus avances.
La abuela de Emilio Silva murió cinco años antes de que su compañero de vida se convirtiera en el primer desaparecido de la dictadura franquista identificado por una prueba de ADN. Desde Madrid, el presidente de la ARMH señaló en diálogo con Página/12 que si le hubieran realizado una autopsia habrían descubierto que su abuela murió con la lengua mordida, como había vivido en todos los años en los que la acompañó, durante el verano, en la aldea del Bierzo. En todos esos años, jamás la escuchó nombrar a su abuelo, asesinado en una cuneta, junto a otros trece hombres, por un grupo de pistoleros de la Falange. Silva asegura que el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada le acaba de decir al gobierno español que tiene que buscar a los desaparecidos, que tiene que investigar, que tiene que colaborar con la causa argentina contra el franquismo y que no puede utilizar la Ley de Amnistía aprobada en España en 1977 para negarse a investigar crímenes que no prescribieron.
“La ONU les ha dado voz a mi abuela, a todas las abuelas y abuelos, padres y madres que han muerto en democracia, ignorados por el Estado, marginados como culpables, castigados por ser testigos mudos que conservaban en su memoria la visión de tantos crímenes”, señala el presidente de la ARMH. Y vuelve a insistir con que el gobierno de Rajoy tiene que hacer esfuerzos para determinar qué pasó con los desaparecidos del franquismo. “Tienen que levantar la alfombra bajo la que se barrieron la vida y la muerte de 113.000 civiles, decir que vivieron, decir por qué murieron, y garantizar el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación que tienen las víctimas de la dictadura”, agrega Silva.
Hace once años viajó en coche, desde Madrid hasta Ginebra, para entregarle a la ONU los primeros 64 casos de desaparecidos españoles. En ese momento, sostiene, un hilo de ADN hilvanaba la identidad de su abuelo, un hombre que quería en su pueblo una escuela pública, laica y gratuita.
Tal como lo establece el derecho internacional, que determina además que la desaparición forzada representa un crimen de lesa humanidad, el organismo de la ONU, con sede en Ginebra, advirtió que la prescripción de ese delito sólo se produce en el momento en que la persona aparece con vida, se encuentran sus restos o se restituye su identidad. El abogado uruguayo Alvaro Garcé García y Santos criticó la Ley de Amnistía que rige en la Península Ibérica desde 1977. “Una amnistía es una norma pacificadora. Esta norma, treinta años después, no puede constituir un obstáculo para la justicia, y la justicia está necesariamente vinculada a la verdad, y la verdad es hija del tiempo”, consideró el experto del Comité de la ONU.
Desde su perspectiva, España debe adoptar iniciativas legislativas o judiciales que permitan superar los obstáculos de orden interno que puedan impedir las investigaciones. Luego de presentar su informe sobre la implementación de la Convención Internacional sobre Desapariciones Forzadas, el gobierno español argumentó que en su legislación no figura la investigación de crímenes cometidos durante la guerra civil y el franquismo, por tratarse de delitos ya prescriptos. “Invitamos (a España) a investigar el pasado, pero no con un espíritu de revancha, sino con una mirada constructiva y hacia el futuro, porque el derecho a la verdad es indispensable”, señaló Garcé. Según los tiempos del Comité de la ONU, España tiene un año de plazo para mostrar sus avances.
La abuela de Emilio Silva murió cinco años antes de que su compañero de vida se convirtiera en el primer desaparecido de la dictadura franquista identificado por una prueba de ADN. Desde Madrid, el presidente de la ARMH señaló en diálogo con Página/12 que si le hubieran realizado una autopsia habrían descubierto que su abuela murió con la lengua mordida, como había vivido en todos los años en los que la acompañó, durante el verano, en la aldea del Bierzo. En todos esos años, jamás la escuchó nombrar a su abuelo, asesinado en una cuneta, junto a otros trece hombres, por un grupo de pistoleros de la Falange. Silva asegura que el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada le acaba de decir al gobierno español que tiene que buscar a los desaparecidos, que tiene que investigar, que tiene que colaborar con la causa argentina contra el franquismo y que no puede utilizar la Ley de Amnistía aprobada en España en 1977 para negarse a investigar crímenes que no prescribieron.
“La ONU les ha dado voz a mi abuela, a todas las abuelas y abuelos, padres y madres que han muerto en democracia, ignorados por el Estado, marginados como culpables, castigados por ser testigos mudos que conservaban en su memoria la visión de tantos crímenes”, señala el presidente de la ARMH. Y vuelve a insistir con que el gobierno de Rajoy tiene que hacer esfuerzos para determinar qué pasó con los desaparecidos del franquismo. “Tienen que levantar la alfombra bajo la que se barrieron la vida y la muerte de 113.000 civiles, decir que vivieron, decir por qué murieron, y garantizar el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación que tienen las víctimas de la dictadura”, agrega Silva.
Hace once años viajó en coche, desde Madrid hasta Ginebra, para entregarle a la ONU los primeros 64 casos de desaparecidos españoles. En ese momento, sostiene, un hilo de ADN hilvanaba la identidad de su abuelo, un hombre que quería en su pueblo una escuela pública, laica y gratuita.
