La falsa polémica de “chochito de oro”: Moncloa reconoce 1700 asistentes en Palacio y ginecólogo gratis para 700 empleadas de la ministra Soraya

Soraya y Charlín: una falsa polémica para distraer al pueblo con sus disfraces

Cuarenta días después de que el blog de “Un espía en el Congreso” desvelara el contrato público por “revisiones ginecológicas” firmado por la ministra Soraya Sáenz de Santamaría, este abuso en el manejo de dinero público ha saltado de nuevo a la opinión pública nacional a causa de otro azaroso suceso: un concejal del BNG, Xaquín Charlín, lo reprodujo (sin citar) llamando “chochito de oro” a la firmante de la subvención y ha tenido que dimitir por el exabrupto. Sin embargo, la polémica ha servido al menos para algo: Moncloa reconoce que en su Palacio trabajan 1700 empleados, de los cuales 700 son mujeres que lo hacen a las órdenes de Soraya. Y entre sus privilegios está la citada revisión ginecológica sufragada con fondos públicos por valor de hasta 40.000 euros. 
Mientras la noticia del contrato ginecológico de la ministra Soraya circulaba por internet desde hace 40 días, la prensa en papel ha descubierto casi un mes y medio más tarde la existencia de estas subvenciones. La respuesta de Moncloa al diario El País ha sido la siguiente:
“El programa de reconocimiento ginecológico adjudicado en abril por el ministerio que atacó el concejal en su blog completa los exámenes médicos de vigilancia general de la salud que se realizan cada año en La Moncloa. La campaña, según detalla la empresa adjudicataria en su web, MD Anderson, incluye una exploración clínica, citología, ecografía y mamografía dirigida a las empleadas públicas de este ministerio que lo deseen. Las revisiones se llevan a cabo entre los meses de abril y junio y, posteriormente, se ofrecen consultas mensuales de ginecología hasta finales de año. “El programa lleva 15 años realizándose y es un complemento de vigilancia de la salud para todo el complejo de La Moncloa, donde trabajan 1.700 personas, no es un programa para la vicepresidenta”, aseguró esta mañana un portavoz del ministerio. El ministerio no precisó cuantas mujeres trabajan en La Moncloa pero al menos serían más de 700 las posibles usuarias. “El programa tiene una dotación de 40.000 euros pero es un tope, puede no gastarse todo si no hay usuarias que lo demanden”, dice Presidencia”.
Al diario que dirige Pedro Jota Ramírez le contaron esto otro: “Según han explicado a Elmundo.es fuentes de La Moncloa, se trata de un “complemento de revisión ginecológico” que se viene aplicando desde hace años para todas las trabajadoras de La Moncloa y que incluye un programa de prevención de cáncer de útero. El programa tiene un tope de 40.000 euros, pero el gasto final dependerá de las empleadas que hagan uso de éste. La publicación data ya de hace varios días, pero ha salido a la luz este martes. Tras conocerse, ha derivado en un aluvión de críticas hacia el edil”.
Y así cuenta la noticia ABC: “Se ceba Charlín González con Saénz de Santamaría a quien censura que se gaste 225.000 euros en la vigilancia del Monasterio de Yuste en Plasencia -patrimonio nacional-; 19.300 euros en uniformes para sus ordenanzas; 175.000 euros en plantas… Y suma; y sigue. El nacionalista ha encontrado en los presupuestos una mina de oro para sacar a pesear la «sin hueso».
Por último, el portavoz del Grupo Popular en el Congreso justificó el gasto cuando ayer estalló la controversia en los pasillos de la cámara: “En declaraciones en el Congreso tras la reunión de la Junta de Portavoces, Alfonso Alonso ha aprovechado para aclarar que en el Ministerio de la Presidencia existe una “partida” para “la prevención de cáncer de útero” entre las trabajadoras de este departamento”.

Las ciudadanas, a la seguridad social. Soraya y sus empleadas, a la sanidad privada

Gracias a la información proporcionada en este blog y a la polémica nacional suscitada se han conseguido varios objetivos en beneficio de todos los ciudadanos: en primer lugar confirmar que los lectores de internet se enteran antes y mejor de las noticias que luego publican los medios oficiales de papel de forma tergiversada, justificando la corrupción o distrayéndola.
También hemos obligado al Gobierno a dar las explicaciones que no le piden los partidos del Congreso: el Palacio de la Moncloa emplea 1700 trabajadores, de los cuales 700 son mujeres que, junto a la ministra Soraya, gozan del privilegio de reconocimientos ginecológicos privados para la prevención del cáncer de útero por valor de hasta 40.000 euros anuales. Ahora conocemos que la bicoca dura ya 15 años (la instauró Aznar, la prosiguió Zapatero y la continúa Rajoy), la pagamos entre todos y nadie la sabía, salvo las beneficiarias y sus ministras o ministros que por inercia la firmaban… Y la seguirán firmando, pues nadie ha pedido revocar este contrato debido a la crisis y el paro para aprovechar esos recursos públicos en crear empleo.
El propósito final también se ha conseguido: tras este escándalo, ya serán pocos los ciudadanos que desconozcan que entre todos pagamos las revisiones ginecológicas preventivas que un hospital privado realiza a Soraya y a sus empleadas y muchos medios han reproducido el contrato en sus webs.
Por eso la anécdota del concejal Charlín y su lamentable y soez “chochito de oro” quedará así como un divertimento para el pueblo menos informado y sagaz, que se conformará de esta forma con la lectura de su blog: “reconocimientos ginecológicos por valor de 40.000 euros, 163.000 euros destinados al servicio de prensa o los 175.000 euros que dedica su departamento a plantas y jardines. Estos son sólo los 20 primeros contratos de un total de 878 que figuran en su organigrama. Los caprichos de Soraya y los departamentos que le competen son más importantes que los 6,2 millones de parados. Si nuestro dinero, en lugar de emplearse en superficialidades, se le diese a cada familia española desempleada, resistiríamos mejor la crisis. Lo más carajudo es que “Chochito de Oro” manda a los demás mortales que se aprieten el cinturón”, escribía el concejal dimitido.
No es la vulgaridad literaria la almendra del caso. Ni tampoco es atinado valorar este escandaloso asunto por su coste: ni siquiera sabemos si 700 posibles privilegiadas harán uso de los 40.000€, y concluirán que no es un gasto elevado por persona. Todo necio confunde valor y precio, que diría el poeta Antonio Machado. Por eso se confirma que estamos gobernados por personas que no nunca han sufrido listas de espera, como la ex presidenta madrileña Esperanza Aguirre. La casta no tiene que esperar y sufrir para ser atendida, sus pruebas médicas y revisiones se efectúan al momento, pagadas con nuestros impuestos, mientras se recortan esos mismos servicios a los ciudadanos. ¿Qué importancia puede tener para ellos el derecho a la sanidad pública? ¿Qué clase de empatía pueden sentir hacia los ciudadanos que esperan durante meses su cita con el médico sin saber si llegarán hasta esa fecha? El gasto del dinero de todos no es la única consecuencia negativa de los privilegios. Es sobre todo la inmoralidad y crueldad que un hecho así supone.