La crisis financiera ha sentado en los banquillos de los tribunales a casi 100 consejeros y directivos de las diferentes entidades, algunos de ellos tan mediáticos como el exministro de Economía y exdirector gerente del FMI Rodrigo Rato. Sin embargo, aún no ha habido ninguna acusación formal.
‘Las cosas de palacio van despacio’, dice el refrán, y en este caso parece estar aplicándose a rajatabla en un asunto muy delicado y con numerosas implicaciones políticas pero que al mismo tiempo ha causado bastante alarma social, teniendo en cuenta además que la crisis financiera ha obligado al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) a inyectar más de 39.000 millones de euros aportados por Bruselas en la banca, que se suman a los 13.869 millones que ya prestó el Estado a los grupos de cajas para que acometieran sus fusiones.
Bankia, convertida en el símbolo de la crisis financiera, es la que acumula mayor número de imputados, con hasta 33 consejeros de Bankia y Banco Financiero y de Ahorros siendo investigados por la Audiencia Nacional tras la querella presentada por UPyD por delitos de falsificación de cuentas, maquinación para alterar el precio de las cosas y apropiación indebida. Entre los imputados, el ya mencionado Rodrigo Rato el exministro de Interior Ángel Acebes, el presidente de la patronal empresarial madrileña, Arturo Fernández, o el expresidente de Bancaja, José Luis Olivas.
Olivas, a su vez, está siendo investigado dentro de las querellas presentadas por el FROB a varios directivos del Banco de Valencia por estafa, administración desleal y apropiación indebida.
También en la Comunidad valenciana, la Audiencia Nacional investiga la gestión de la ya desaparecida Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM). Hasta 30 exconsejeros y directivos de la entidad desfilarán por el banquillo aunque el juez ha optado por formar piezas separadas con las distintas acusaciones. La investigación ha incluido el registro de la vivienda del exdirector general de la caja alicantina, Roberto López Abad.
Miguel Blesa, expresidente de Caja Madrid, tampoco ha logrado escapar de las pesquisas de los jueces, y ya se ha visto obligado a declarar como imputado por la concesión de unos créditos de 26,6 millones de euros al expresidente de la CEOE y antiguo consejero de la entidad, Gerardo Díaz Ferrán.
Las pensiones e indemnizaciones cobradas en las entidades rescatadas es otro de los asuntos que han llevado a un buen puñado de exdirectivos a sentarse en el banquillo. Así ha ocurrido en Novacaixagalicia, en la que la Fiscalía Anticorrupción ha puesto una querella contra cinco exdirectivos por asignarse unas pensiones millonarias. Entre ellos se encuentran el exdirector general de Caixanova, José Luis Pego y, procedente de Caixa Galicia, Javier García de Paredes. Un caso similar es el de Caixa Penedés, uno de los más avanzados ya que el juez ha avisado de que hay indicios de delito y todo parece indicar que habrá juicio.
CCM, primera víctima de la crisis financiera, sigue cuatro años después bajo investigación de la Audiencia Nacional por la concesión de préstamos presuntamente irregulares. En este caso, la querella está presentada contra el expresidente Juan Pedro Hernández Moltó y el exdirector general Ildefonso Ortega.
Banca Cívica y la CAN son por el momento las últimas entidades que están siendo investigadas por la Audiencia Nacional. Por un lado, se ha admitido a trámite una denuncia contra el antiguo consejo por presunta falsedad contable en la salida a Bolsa de la entidad. Entre los consejeros investigados se encuentran Enrique Goñi, exdirector general de la CAN, y Antonio Pulido, expresidente de Cajasol. Al mismo tiempo se investigan también los cobros de dietas en CAN, habiendo imputado el juez a Miguel Sanz, expresidente del Gobierno de Navarra y Enrique Maya, alcalde de Pamplona.
La imputación alude a aquella fase del procedimiento en la cual el juez investiga si hay base para sostener una acusación por la existencia de un presunto hecho punible, lo que se denomina fase de instrucción. Sólo después de esta investigación se puede hablar ya de acusados. En otras palabras, una persona imputada es la que está siendo investigada, y una acusada es la que, una vez realizada esta investigación, es juzgada.
