A partir de ahora la ciudad de Pamplona cuenta con dos colaboradores más en la atención ciudadana por parte de la Policía Municipal. Se trata de dos dispositivos denominados “policía virtual“ y que facilita la comunicación entre los agentes y los ciudadanos pudiendo pedir ayuda o solicitar cualquier tipo de información.
Estos dos puestos se han situado en la plaza Sanduzelai en el barrio de San Jorge y en la plaza Alfredo Floristán en el barrio de la Milagrosa. Está formado por una estructura de casi tres metros de altura pintados en los colores distintivos del cuerpo (blanco y azul). Su equipación está formada por un pulsador, un interfono y dos cámaras, una que se puede ajustar a diferente altura y que enfoca al ciudadano y otra panorámica de los alrededores.
Todo el sistema está conectado al CCTV del Ayuntamiento de Pamplona mediante fibra óptica así como al Centro de Coordinación Operativa de la Policía Municipal (CECOP), que cuenta con un nuevo sistema de aviso para los agentes que están de guardia en caso de que se use una de las cabinas.
Su uso es sencillo y cada “policía virtual” cuenta con instrucciones para que no haya dudas. En caso de necesitarlo, el ciudadano se sitúa frente a la pantalla que posee el kiosco y acciona el pulsador. Inmediatamente se ilumina y se recibe la llamada en CECOP, conectándose las cámaras y empezando el proceso de grabación de imágenes y sonido.
En función de lo que el ciudadano le diga al agente de la policía así como de los datos que él pueda recoger mediante las cámaras y el micrófono, tomará la decisión más acertada dando instrucciones precisas o enviando efectivos al propio lugar.
De esta forma, se agiliza y facilita la comunicación entre la Policía Municipal y los ciudadanos además de que los primeros pueden contar con ayudas visuales in situ, y no únicamente con lo que le dicen a través de una llamada telefónica como se hace ahora. También es una buena forma de comunicar con ellos sin necesidad de llamar al teléfono de emergencias 112.
Su mayor problema: el alto coste porque aunque en este caso lo ha sufragado la empresa responsable del mantenimiento, hablamos de más de 85.000 euros por dispositivo.
