La última medida anunciada por el gobierno consiste en lanzar un registro para los inquilinos condenados por morosos.
De esta manera, los propietarios podrán consultar esa lista antes de
formalizar el contrato de alquiler. Y la idea, según explican en Fomento, tiene el objetivo de “dar garantías a los propietarios para que saquen su vivienda al mercado”. No se le puede negar ingenio al señor Rajoy porque en este contexto de empobrecimiento acelerado de la ciudadanía y con la cifra de deshaucios más elevada de Europa, una lista de morosos sin duda solucionará los “efectos colaterales” de la burbuja inmobiliaria.
Al leer la audaz propuesta me he acordado de las listas de José Bono en su época de presidente de Castilla-La Mancha. Fue una de sus polémicas más sonadas. Bono organizó un buen revuelo cuando el 10 de octubre del año 2000 anunció en la cámara autonómica la propuesta de hacer listas de maltratadores como medida para frenar la violencia de género que en aquel momento ni siquiera recibía repulsa social.
Jueces y fiscales renegaron de aquellas listas porque, decían, “atentaban contra el fin rehabilitador de las penas, degradaban al reo e invadían competencias del Código Penal”. Además, subrayaban que era una propuesta inconstitucional porque atentaba contra la dignidad de los condenados,
extiendía el oprobio a sus familias, dificultaba su derecho a la
reinserción social y suponía un castigo añadido no previsto en el Código
Penal. Además, destacaban que crearía un peligroso precedente para la
difusión de listas similares de otro tipo de delitos.
Prácticamente, solo las asociaciones de mujeres apoyaron las listas “como
una forma de disuasión, amparada por el derecho a la información, ante
una violencia rampante para la que las instituciones aún no han
encontrado remedio” (en el año 2000 aún ni se soñaba con la Ley Integral contra la Violencia de género aprobada en diciembre de 2004).
Ante las listas de maltratadores, el director de la Agencia de Protección de Datos, en aquel momento, Juan Manuel Fernández López, envió un comunicado en el que explicaba que: “No se pueden establecer listas de buenos y malos porque, incluso el
delincuente más abyecto puede borrar sus antecedentes penales, que figuran en el fichero de penados y rebeldes, una vez cumplida su condena, para poder reintegrarse socialmente”.
delincuente más abyecto puede borrar sus antecedentes penales, que figuran en el fichero de penados y rebeldes, una vez cumplida su condena, para poder reintegrarse socialmente”.
Y el Partido Popular, entonces en la oposición, decía que era “una medida de mercadotecnia política”. Según la diputada popular Carmen Riolobos, la medida ‘”mas cacareada’” se queda en ‘”mucho
ruido y pocas nueces. Mucho más importante que si se publica o no la
lista de los maltratadores es que la mujer tenga trabajo y se sienta
protegida”, añadía.
¿Qué dirán todos ellos ahora? ¿Estarán tan preocupados de proteger a las personas que no pueden pagar un alquiler? ¿No le importa ahora al PP hacer “mercadotecnia política”?
Son preguntas retóricas, claro, el PP tiene ya una larga historia en la que ha demostrado su tendencia a defender a los delincuentes y castigar a las víctimas como les recordó, ayer mismo, Ada Colau, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH).
