Los altos cargos no pagan sus multas de tráfico como
el resto de los ciudadanos. Aparcar en zona prohibida o exceder los
límites de velocidad tiene consecuencias diferentes a las habituales
para quien viaja a bordo de un coche oficial. Es habitual que diputados,
ministros y otros altos cargos aludan a "razones de seguridad" cada vez
que reciben una sanción por el uso de sus vehículos. En el Congreso
viajan en conche oficial con conductor los portavoces parlamentarios y
miembros de la Mesa. El resto de diputados viajan en sus vehículos
particulares o en los medios de transporte que el Congreso les abona al
efecto de sus desplazamientos (avion, tren y taxi). A la hora de pagar
las multas de los coches de autoridades, algunas instituciones como el
Congreso de los Diputados tienen en sus presupuestos partidas
especificas para abonar las sanciones con dinero público, como adelantó el diario.es el pasado mes de septiembre.
En el Congreso se han establecido dos modos para enfrentar las
denuncias que afectan a los vehículos de su parque móvil. Según fuentes
del Congreso en caso de que la sanción recibida comporte la pérdida de
puntos, la cámara baja elude ofrecer la identidad de quien conduce el
coche sancionado y abona la multa pagando todos los recargos. Si la
sanción no supone la pérdida de puntos para el conductor, el Congreso se
limita a recurrir aludiendo motivos de seguridad. La Dirección Técnica
de Infraestructuras e Instalaciones es el departamento encargado en el
Congreso de los Diputados de responder a las denuncias. El siguiente
documento refleja uno de los recursos presentados por el Congreso.
Corría el año 2009 cuando un agente de la policía municipal de Madrid
decidió multar al vehículo de uno de los miembros de la Mesa por aparcar
en zona reservada para minusválidos. Las excusas planteadas por el
Parlamento: razones de seguridad.
Recurso presentado por el Congreso ante una multa de aparcamiento
El vehículo al que
se refiere el documento es un Audi A6 propiedad de una empresa de
renting catalana a la que el Congreso contrata parte de su flota de
vehículos oficiales. Un coche similar al que usa la ahora la
vicepresidenta de la Cámara, Celia Villalobos, y con el que protagonizó
este vídeo de impaciencia en las puertas del Congreso mientras esperaba
la llegada de su chófer.
En España hay más de 20.000 coches oficiales, de los cuales 800
corresponden a la Administración General del Estado. Los criterios de
uso del vehículo oficial han venido determinados en las últimas décadas
por el riesgo de la amenaza de ETA, pero a día de hoy es
incomprensible el uso tan generalizado que hacen los altos cargos de
estos vehículos pagados con dinero público. En uno de sus reportajes, el
periodista de la Sexta Gonzo marcaba el umbral de lo ridículo al
lozalizar en una calle de Madrid a Ana Botella en su coche oficial.
Misión: ir a la peluquería.
