Fernán Núñez permaneció en manos
republicanas solo una semana tras el golpe de estado del 18 de julio de
1936. El 25 de julio, una columna militar rebelde llegada desde Córdoba y
acaudillada por el comandante Manuel Aguilar-Galindo y Aguilar-Galindo
tomó la localidad (el episodio puede leerse en este enlace de mi blog).
Un mínimo de 53 personas cayeron fusiladas aquel día en la cuneta de la
carretera de Córdoba y por lo menos otras 74 serían enviadas a la tumba
durante el resto del año en un pueblo que tenía 11.086 habitantes
censados. Alrededor de un 15% de la población, tras la entrada de las
tropas militares golpistas, huyó para escapar de la represión y se
refugió durante los tres años de la contienda en Manzanares (Ciudad
Real), Liria (Valencia) y en varios pueblos de la provincia de Jaén. Un
buen número de hombres huidos se enroló en la columna
Andalucía-Extremadura, de predominio anarquista, creada a mediados de
año. En febrero de 1937 se les destinó al sector de Pozoblanco y se
integraron en la 88 Brigada Mixta, ya como unidad regular del Ejército
republicano. Durante casi toda la guerra, la Brigada ocupó posiciones en
la zona cordobesa de Hinojosa del Duque y Belalcázar. Los
fernannusenses alistados en las filas republicanas pagaron un enorme
tributo de sangre, ya que al menos 54 de ellos encontraron la muerte en
los campos de batalla.
Al desmoronarse los frentes y finalizar
la guerra, el 1 de abril de 1939, los soldados republicanos
supervivientes y los refugiados emprendieron el camino de regreso desde
los pueblos de acogida, los campos de concentración o desde las
comisiones clasificadoras de prisioneros y presentados de las distintas
provincias. Los que no salieron para el exilio pronto descubrirían que
la dictadura, influida por los fascismos triunfantes en Europa, había
olvidado el lema de “si no has cometido crímenes no tienes nada que
temer” y lo sustituyó por la simple y llana política de la venganza, en
acertada definición del historiador Paul Preston. Las condiciones de
regreso de los refugiados resultaron lamentables. Volvían hacinados en
cualquier medio de locomoción y arrastrando consigo sus pocas
pertenencias, en un estado sanitario deplorable. Por ello, el 17 de
abril de 1939 el jefe de la Junta Provincial de Sanidad avisaba a la
Junta correspondiente de Fernán Núñez de la amplia incidencia de sarna y
de otras dermoparasitosis entre los retornados de la zona republicana, e
indicaba que se adoptaran las medidas oportunas de aislamiento y
desinfección. De acuerdo con las pormenorizadas fichas individuales de
huidos que se conservan en el Archivo Histórico Municipal de Fernán
Núñez, al finalizar la guerra regresaron al pueblo 440 mujeres, 271
hombres, un número indeterminado de niños menores de 16 años y 688
combatientes que habían luchado en las filas republicanas.
Los retornados a Fernán Núñez debían
presentarse ante la Guardia Civil, que en un plazo de ocho días
elaboraba un breve dossier sobre los antecedentes, conducta y
actividades político sociales del evacuado –antes y después del comienzo
de la guerra–, en el que se incluían los informes de la Guardia Civil,
las manifestaciones de “tres vecinos intachables” y las denuncias y
declaraciones de cuantos quisieran comparecer, que en Fernán Núñez
fueron bastantes. Si la información final que se obtenía del primer
atestado elaborado por la Guardia Civil era desfavorable, se detenía al
evacuado. En Fernán Núñez hemos conseguido identificar a casi todos los
cautivos porque en el Archivo Histórico se conserva un tomo de páginas
con el nombre de los reos, para el que los represores reutilizaron un
antiguo libro de registro de las reses sacrificadas en el matadero,
prueba de la consideración que les merecían los detenidos. Tras ingresar
en prisión, la justicia militar reiniciaba el proceso contra el
encausado. El juez instructor requería a la alcaldía, a la Falange y a
la Guardia Civil para que volvieran a informar sobre la actuación del
prisionero y para que facilitaran nombres y domicilios de “personas de
reconocida solvencia” que pudieran ejercer de testigos o denunciantes en
el proceso. Se estableció así una verdadera justicia al revés, en la
que los que habían permanecido fieles a la legalidad republicana eran
acusados de rebeldes y sentenciados por los propios sublevados.
Al principio, a los detenidos se les
internaba en la cárcel municipal. Con posterioridad, se habilitó como
prisión un cine céntrico de Fernán Núñez, donde se amontonaron unos
doscientos reclusos, algunos de ellos del vecino pueblo de Montemayor.
Los militares que custodiaban el local impidieron en dos ocasiones el
asalto de los falangistas, quienes pretendían realizar sacas de
prisioneros para tomarse la justicia por su mano. Bajo la cobertura de
un régimen totalitario en el que los derechos humanos y las convenciones
internacionales sobre el trato a los prisioneros de guerra eran
violados, la tortura se convirtió en el método idóneo para castigar y
para obtener de los detenidos las confesiones que sus captores querían.
Con este objetivo, la Guardia Civil entraba de vez en cuando en la
cárcel para apalear y atemorizar a los presos. Nada detenía a los
verdugos en su afán de castigar a los internos. Un día, delante de todos
los demás reclusos, torturaron a Amor Jiménez García, Pedro Antúnez
Luna y Antonio Naranjo Ortega rompiéndoles una silla en la cabeza, a
pesar de que los dos últimos eran inválidos. Las palizas, con puños y
vergajos, continuaban cuando los reos acudían al cuartel de la Guardia
Civil para testificar. Las humillaciones públicas también se aplicaban
con frecuencia. En una ocasión sacaron de la cárcel a los concejales de
Izquierda Republicana para que con unas pequeñas azadas, que
dificultaban su trabajo, limpiaran la hierba que había crecido en el
empedrado de la plaza del Ayuntamiento.
El 1 de octubre de 1939 se realizó un
masivo traslado en camiones de 146 reclusos –atados con alambres y
esposas– a Montilla, lo que supuso un momento generalizado de angustia
para los prisioneros y sus allegados, que desconocían el objeto del
viaje. Cuando llegaron a Montilla los internaron en las escuelas del
convento de San Luis, donde el hacinamiento obligó a que un gran número
de ellos tuviera que dormir en el patio, ya que el recinto albergaba un
mínimo de 646 internos. Su manutención era costeada por el Ayuntamiento
de Fernán Núñez a razón de 1,15 pesetas por preso y día. Los condenados a
30 años de reclusión salieron para la prisión de El Puerto de Santa
María (Cádiz) en septiembre de 1940. A mediados del mes siguiente, los
demás reclusos llegaron a las cárceles de Córdoba, convertidas en
auténticos campos de exterminio en la posguerra, con cifras de
defunciones aterradoras. Según el historiador Francisco Moreno Gómez,
aparte de los fusilados, en el año 1941 perecieron allí 502 reclusos,
unos por tifus y otros por hambre, pues oficialmente la Dirección
General de Seguridad no exigía que se administrara una ración diaria
superior a las 800 calorías, cuando una persona inactiva necesita al
menos 1.200 para sobrevivir. Como consecuencia de la política carcelaria
del franquismo, cinco fernannuñenses encontraron la muerte en la cárcel
de Córdoba, dos fallecieron en la prisión de San Juan de Mozarrifar
(Zaragoza) y en el Batallón Disciplinario de Soldados Trabajadores de
Larache (Maruecos), y otros dos, hermanos, en la cárcel de El Puerto de
Santa María.
Como en otros pueblos de la provincia,
para atender la instrucción de tantos consejos de guerra se designó juez
militar especial de Fernán Núñez a Rafael Moreno Lovera, quien también
amplió sus competencias a la vecina localidad de Montemayor. El día 7 de
junio de 1939 le sustituyó Vicente Romero Cerrillo, que alternó su
trabajo con Ángel Méndez Espejo. Un buen número de fernannuñenses fueron
procesados en Montilla, en el Juzgado Militar de Córdoba nº 4 (en el
que ejercía de juez militar instructor el capitán de Caballería Antonio
Jiménez Jiménez), y en el nº 18 de la misma ciudad (en el que actuaba de
capitán juez Cipriano Iglesias Piñeiro). En casi todos los consejos de
guerra celebrados contra los fernannuñense en Córdoba intervino de
fiscal el abogado Demetrio Carvajal Arrieta, vicepresidente de la
Diputación durante la dictadura de Primo de Rivera, y alcalde y jefe
local de la Falange en Pozoblanco, tras la toma del pueblo por los
franquistas. En 1939 se convirtió en capitán jurídico de la Auditoría de
guerra y siempre solicitó condenas muy duras para los procesados. En la
posguerra, diez fernannuñenses fueron sentenciados a pena de muerte y
fusilados en la localidad, en Montilla, Córdoba y Alicante.
En mi libro La campiña roja. La represión franquista en Fernán Núñez (1936-1943),
cuya última edición es de 2009, dedico el capítulo IV entero, titulado
“La guerra no ha terminado”, a analizar las múltiples formas de la
represión habida en el pueblo durante la posguerra. En el último de sus
apartados, “El yugo de la victoria”, se narran de manera pormenorizada
algunas de ellas y puede leerse completo en este enlace.
A continuación añado también otros
enlaces con los nombres de 702 hombres que lucharon en el Ejército
republicano, 54 soldados republicanos que murieron en los frentes de
guerra, 252 presos en posguerra, 9 reclusos muertos en las cárceles, 10
fusilados en posguerra y 410 personas que sufrieron expedientes de
incautación de bienes y de responsabilidades políticas. Al final,
publico unas tablas numéricas de la represión en el pueblo y de cifras
globales de la represión en Fernán Núñez, Córdoba, Andalucía y España.
- Relación de soldados republicanos y desafectos al régimen
- Soldados republicanos muertos en los frentes de guerra
- Fernannuñenses presos en posguerra
- Muertos en las cárceles y fusilados
- Vecinos sujetos a expedientes de incautación de bienes y responsabilidades políticas
- Cuadro global de victimas
https://arcangelbedmar.com/
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