Conociendo, desde Adam Smith, la supuesta mano invisible del mercado, no es aceptable de ninguna manera que cualquier especie de mano invisible pretenda marcar los destinos de la democracia. Sin embargo, incluso una política que se pretende democrática está trufada de tejemanejes que se quieren invisibles. Muchas manos mueven engranajes políticos al servicio de las partes en cada caso interesadas. Así, la situación es doblemente paradójica. Por un lado, la invisibilidad no se consigue, pues es pretensión vana en una sociedad de la información. Por otro, en una vida política plagada de maniobras sin luz y taquígrafos resulta que se alardea de medidas de transparencia, mas con una peculiaridad: junto a zonas llevadas a transparencia hay nuevos espacios de opacidad. Anverso y reverso de una democracia en la que al demos, pueblo de ciudadanos, no se le proporciona la información suficiente, empezando por esa parte del pueblo que es la militancia de un partido, a la que tampoco se le suministran los datos necesarios para un juicio crítico de las decisiones que se toman en la organización.
Situaciones de ese tipo son las que se están viviendo en el PSOE. No hace falta que insista en que también se dan en otros partidos. Me interesa el caso del Partido Socialista por lo que me afecta como miembro del mismo y por las contradicciones entre determinadas prácticas y sus principios. Lo que ha ocurrido entre las decisiones de la ejecutiva federal del PSOE, al destituir a Tomás Gómez como secretario general del PSM, por una parte, y las reacciones generadas en el seno del socialismo madrileño, por otra -o al revés-, presenta enmarañamientos entre lo visible y lo invisible que dejan a la ciudadanía perpleja. Que haya una destitución de un secretario general con su ejecutiva, para establecer una gestora en su lugar, implica que haya habido una situación de grave deterioro, de la que hay que dar cuenta para justificar la decisión. Como se ha comentado desde muchos puntos de vista, esa explicación fehaciente es la que no ha llegado a la opinión pública desde los órganos del PSOE.
La cuestión, arrancando de las presuntas irregularidades en torno al famoso tranvía de Parla cuando Gómez era alcalde de esa ciudad, parece que, aun no estando éste imputado por indicio alguno de delito, pudiera cifrarse en que no se llega a asumir por su parte una exigible responsabilidad política, de forma que eso mismo acarrea un deterioro considerable de su candidatura a la presidencia de la Comunidad. Mas si esa fuera la cuestión de fondo, es el caso que no se explicita seriamente, con lo cual toda la explicación de la defenestración de un candidato elegido en primarias viene a reducirse a los malos pronósticos que los sondeos vaticinan para el PSM con él concurriendo a las elecciones. Es argumento débil para dar cuenta de lo que se ha llamado "golpe de mano". Y más aún cuando desde ese trasfondo argumentativo se quiere resolver la situación interna promoviendo un candidato sin el compromiso de hacer primarias, que además deberían ser abiertas si se quisiera relanzar una candidatura con suficiente caudal de legitimidad. Las oscuridades se acumulan, dejando para otro momento lo que debiera ser mano visible de la democracia y no opacidades en un partido que quiere ser adalid de participación democrática.
Otra mano que, además de no temblarle el pulso, quisiera ser invisible, pero que al actuar no deja de visibilizar sus contradicciones, es la que también se hace notar en torno a las imputaciones de personas aforadas en lo relativo al caso EREs de Andalucía. Los ex-presidentes Chaves y Griñán se encuentran en esa incómoda situación, aduciendo que se ven imputados porque ellos pidieron declarar ante el Tribunal Supremo. La explicación, dada la repercusión política del caso, no es suficiente, por más que la imputación judicial tampoco especifique respecto a qué delito pudiera haber indicio. La visibilidad de una democracia que quiere recuperar su salud y el prestigio de sus instituciones requiere aplicar la máxima "a imputación, dimisión", que fue además compromiso públicamente expresado por la presidenta de la Junta de Andalucía y por el secretario general del PSOE. Y la situación es tal que, en vez de enredarse en el laberinto jurídico acerca de qué tipo de imputación se trata, lo saludable políticamente y lo honroso democráticamente sería proceder a dimitir por la responsabilidad política que al caso le afecta. Esa es la clave. Y la democracia haría visible la mano éticamente cualificada que, sin excusas, ha de suponerse que rige sus dinámicas.
José Antonio Pérez Tapias
Publicado en la revista EL SIGLO, nº 1098 (23 de febrero de 2015), p. 30
