La
Consejería de Sanidad vulneró en el caso de este pequeño hasta nueve
normativas, según denuncia la Plataforma de la Defensa de la Dependencia
El recurso de alzada llegó tarde (ver documento).
Jomian Leonel, de 13 años de edad, falleció en Cuenca este miércoles a
consecuencia de las graves deficiencias psicomotoras que padecía y que
exigían el cuidado completo por una persona durante las 24 horas del
día. Sin embargo, el Gobierno de Castilla-La Mancha, que preside María
Dolores Cospedal, ninguneó durante meses a la madre de este gran
dependiente aquejado, además, de parálisis cerebral, le faltaba un
pulmón y el otro lo tenía seriamente afectado por la escoliosis severa
que padecía, lo que le provocaba anemia constante y no podía quejarse
porque no podía hablar ni comunicarse; no controlaba esfínteres,
requería transfusiones de sangre constantemente y como cierre de este
relato esperpéntico no podía comer vía bucal por lo que tenía que ser
alimentado mediante botón gástrico, como ya informó ELPLURAL.COM el
pasado 9 de marzo aportando distintos documentos, entre los que se
encontraba el siguiente parte médico (documento).
387,64 míseros euros o el precio del déficit
Yulisa, madre del malogrado pequeño y de otros tres hijos, en paro y con
ingresos de 640 euros, tenía que aportar facturas de todo tipo, con el
correspondiente IVA, por supuesto, para justificar los míseros 387,64
euros que recibía como ayuda al cuidado de Jomian. No sólo eso, el
Gobierno de Cospedal justificaba el pago adelantado a la madre como
“prevención a la situación de dependencia, cuando la Consejería de
Sanidad lo calificaba como gran dependiente (ver documento).
Para el portavoz de la Plataforma de la Defensa de la Ley de
Dependencia, José Luis Gómez-Ocaña, “es vergonzoso que digan que lo
hacen así para asegurar que el dinero vaya al dependiente, lanzando todo
tipo de sospechas de fraude sobre la madre”. El portavoz ha mandado un
comunicado a los medios, donde dice que: “Yulisa, su madre, rota de
dolor, podrá levantar la cabeza y seguir caminando por la vida con el
recuerdo de su hijo en el alma y la cabeza bien alta. ¿Podrá decir lo
mismo el o la responsable de dar a este niño una prestación de
prevención de dependencia, o de que su madre no haya podido estar con su
hijo en la hora de su muerte? ¿Consideran nuestros gobernantes que esto
ya sí es una línea roja que no se debe cruzar?
Vulneración de hasta nueve normativas
Y es que el caso del pequeño Jomian ha levantado ampollas entre la clase
política y los dependientes, cuya plataforma acusa al Gobierno de
Cospedal de vulnerar hasta nueve normativas en el mismo acto
administrativo. Es decir, el Ejecutivo del PP no respeta ni siquiera sus
propios decretos como lo prueba la omisión de los artículos 13.1 y 14.1
del decreto 26/2013 del procedimiento de reconocimiento de la situación
de dependencia, así como los derechos constitucionales previstos en los
artículos 10, 14, 15, 43 y 49 de la Ley 39/2006 de 14 de Diciembre,
conocida como Ley de Dependencia. (Ver decretos).
Estrangulamiento de la dependencia
Está claro, al PP le molesta la Dependencia y hace todo lo posible en
Castilla-La Mancha para “estrangular las ayudas”, como denuncia la
Plataforma, que recoge la caída preocupante de las prestaciones (591
solicitudes menos, 456 dictámenes menos, 524 personas han perdido el
derecho…), acusando al Gobierno de Cospedal de “mantener una implacable
caza del cuidador familiar, ya que este mes han batido su propio récord
con 379 personas que han perdido su prestación económica”, añaden,
“desde junio de 2011 6.525 dependientes han perdido su derecho”.
El Tribunal de Cuentas desmiente a Cospedal
Razón no le falta a esta Plataforma, que fue acusada por el director
general de Dependencia castellano-manchego de defraudar centenares de
miles de euros y de utilizar la picaresca para cobrar, incluso dijo que
los muertos seguían cobrando. Pues no, el Tribunal de Cuentas ha
desmentido públicamente al Gobierno de Cospedal, recordándole que de
28.000 dependientes que había cuando el PP llegó al poder sólo en el
1,6% se detectó algún tipo de irregularidad.471 casos que suponen 35.000
euros, o lo que es lo mismo un “fraude escandaloso” de 74 euros por
caso. En este sentido, los dependientes continúan con sus denuncias ante
la Fiscalía toledana, que mantiene abiertas diligencias preprocesales
de carácter penal contra el director General de Personas Mayores,
Discapacidad y Dependencia de Castilla-La Mancha, Juan José García
Ferrer.
Carlos Iserte
