El vicepresidente de la Junta y consejero de Administración
Local y Relaciones Institucionales, Diego Valderas, ha anunciado este
miércoles que, en el plazo de un mes, está prevista la aprobación del
decreto ley de inclusión social, en el que se incluirá una parte
“transitoria” que supondría la movilización de entre cinco y diez
millones de euros, para garantizar los suministros básicos de luz y agua
a las familias que no pueden asumir en este momento el pago de los mismos.
En declaraciones a Canal Sur Radio recogidas por Europa Press, Diego Valderas ha explicado que ese decreto ley de inclusión social está “prácticamente ya” y que, en el plazo de un mes, estará encima de la mesa. En dicha norma, según ha expuesto, habrá una parte transitoria referida a cómo atender a los suministros vitales, en la que se podrían mover entre cinco y diez millones de euros “para atender todas las necesidades de las familias más necesitadas en el terreno de suministros vitales de agua y energía”.
Ha agregado que será “transitoria” porque hay un compromiso del Gobierno para que antes de finalizar el mes de junio, haya encima de la mesa un decreto ley que hable exclusivamente de cómo abordar el tema de los suministros vitales, más allá de lo que ya recoja en una primera respuesta ese decreto de inclusión social.
Diego Valderas ha confiado en que la legislatura sea capaz de “aguantar y resistir” hasta el final, porque hay un acuerdo muy potente entre PSOE-A e IUlV-CA, que los andaluces merecen sentirlo hasta el final del proceso para valorarlo adecuadamente y en dicho proceso están las leyes, que en tiempos de escasez de recursos, “son el mejor instrumento que se puede dejar al servicio de la ciudadanía”.
En ese sentido, ha agregado que ya hay unas leyes que han avanzado y otras que tienen que avanzar en este año, en el que hay 14 normas puestas encima de la mesa.
Ha querido dejar claro que hay una hoja de ruta acordada entre ambos partidos y aceptada por el Gobierno, que ha confiado en que dé “su valor a lo largo de todo este año”.
El vicepresidente ha señalado que la futura Ley de Participación ciudadana “está ya prácticamente” y ha confiado en que en esta semana, PSOE-A e IULV-CA la tengan en sus manos para que el Consejo de Gobierno le pueda dar un impulso. Según Valderas, ha sido una norma muy participada y supone una clara apuesta por más democracia.
En declaraciones a Canal Sur Radio recogidas por Europa Press, Diego Valderas ha explicado que ese decreto ley de inclusión social está “prácticamente ya” y que, en el plazo de un mes, estará encima de la mesa. En dicha norma, según ha expuesto, habrá una parte transitoria referida a cómo atender a los suministros vitales, en la que se podrían mover entre cinco y diez millones de euros “para atender todas las necesidades de las familias más necesitadas en el terreno de suministros vitales de agua y energía”.
Ha agregado que será “transitoria” porque hay un compromiso del Gobierno para que antes de finalizar el mes de junio, haya encima de la mesa un decreto ley que hable exclusivamente de cómo abordar el tema de los suministros vitales, más allá de lo que ya recoja en una primera respuesta ese decreto de inclusión social.
Diego Valderas ha confiado en que la legislatura sea capaz de “aguantar y resistir” hasta el final, porque hay un acuerdo muy potente entre PSOE-A e IUlV-CA, que los andaluces merecen sentirlo hasta el final del proceso para valorarlo adecuadamente y en dicho proceso están las leyes, que en tiempos de escasez de recursos, “son el mejor instrumento que se puede dejar al servicio de la ciudadanía”.
En ese sentido, ha agregado que ya hay unas leyes que han avanzado y otras que tienen que avanzar en este año, en el que hay 14 normas puestas encima de la mesa.
Ha querido dejar claro que hay una hoja de ruta acordada entre ambos partidos y aceptada por el Gobierno, que ha confiado en que dé “su valor a lo largo de todo este año”.
El vicepresidente ha señalado que la futura Ley de Participación ciudadana “está ya prácticamente” y ha confiado en que en esta semana, PSOE-A e IULV-CA la tengan en sus manos para que el Consejo de Gobierno le pueda dar un impulso. Según Valderas, ha sido una norma muy participada y supone una clara apuesta por más democracia.