El Gobierno continúa dando argumentos de peso para quienes consideran que la concesión del indulto se ha convertido en una “cuarta instancia”. El Boletín Oficial del Estado (BOE) recogió este lunes una docena de reales decretos en los que el Rey, a propuesta del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, y previa deliberación del Consejo de Ministros, otorga esta medida de gracia “de carácter excepcional” al mismo número de condenados por sentencia firme. Estas remisiones de penas llegan -pues no se hacen efectivas hasta su publicación en el BOE- en plena de oleada de peticiones de indulto que están generando especial revuelo en la opinión pública.
Al caso del exministro y expresidente balear, Jaume Matas, donde el Gobierno ha mantenido un hermetismo absoluto a la espera de que se pronuncie la Audiencia Provincial de Baleares, se unen los del expresidente del Sevilla Fútbol Club José María del Nido, el exalcalde popular de Torrevieja Pedro Hernández Mateo (el TSJ valenciano ha suspendido su ingreso en la cárcel hasta que el Ejecutivo resuelva) y el extorero José Ortega Cano. Sobre este último, condenado a dos años y medio de cárcel por un accidente de tráfico en el que murió una persona, la Fiscalía ya avanzó este lunes que se opondrá a que la Audiencia Provincial de Sevilla aplace su entrada en prisión puesto que no se dan los requisitos previstos en la ley para la concesión del indulto.
En los recién indultados por el Ministerio de Justicia se encuentra el preso Mario Arango Durango, que llegó a reclamar esta medida de gracia en una carta enviada al diario elmundo.es. En ella, titulada “Farruquito a la colombiana”, el recluso se confiesa así: "Yo soy culpable de una conducción temeraria, pero como no soy español y menos bailaor, y, menos aún, famoso... Soy ciudadano de una 'república bananera' como Colombia, con mucho orgullo. Ustedes saben que como colombiano ante jueces y fiscales, en España y en cualquier parte del mundo, uno no es bien visto y lleva las de perder, como me ha sucedido a mí".
El Gobierno trabaja en “aumentar el dinamismo de la gestión de los indultos” para procurar “beneficios y mayores certidumbres a tribunales, abogados y peticionarios”Asimismo, Arango señala que en su caso no hubo que lamentar muertes, mientras que en el de Juan Manuel Fernández Montoya, Farruquito, sí hubo atropello mortal de un peatón. En el real decreto del indulto, el reo colombiano, condenado por dos delitos de homicidio en grado de tentativa a la pena de siete años de prisión por cada uno de ellos (14 años), es exonerado de cuatro años de cada una de las dos penas privativas de libertad impuestas, con lo que su condena se reduce a 6 años.
Pese a los reclamos de la oposición, el Gobierno no tiene previsto introducir cambios en una ley que se remonta a 1870. El único objetivo que se ha marcado el Ministerio de Justicia es reducir los plazos para la tramitación de los expedientes. Tal y consta en la memoria de los Presupuestos Generales del Estado para 2014, el departamento de Gallardón trabaja en “aumentar el dinamismo de la gestión de los indultos” para procurar “beneficios y mayores certidumbres a tribunales, abogados y peticionarios”. Con las mejoras introducidas hasta el momento, el plazo de reclamación de informes al tribunal sentenciador es ahora cinco veces menor que quince meses atrás, sostiene Justicia. El plazo máximo establecido para que el Ejecutivo resuelva es de un año, a partir del cual el silencio supone la desestimación de la solicitud. Si en 2012 se elevaron 7.496 peticiones de indulto al Consejo de Ministros, los presupuestos de 2013 y 2014 prevén 6.000.
Ofensiva de UPyD en las Cortes
El debate político sobre la arbitrariedad con que los
distintos gobiernos han aplicado la medida de gracia llega, además, este
martes al Congreso. UPyD defenderá una proposición no de ley
en la que exige al Gobierno someter el indulto al control parlamentario
y mayor transparencia sobre los expedientes autorizados. Así, el
partido de Rosa Díez pedirá al Ejecutivo que fije un
mecanismo de supervisión en las Cortes, previa emisión de un informe
anual conjunto elaborado por los Ministerios de Justicia y Defensa, en
el que se detallen las razones de "justicia, equidad o utilidad pública" que justifican esta prerrogativa.
La formación magenta también pretende que los reales
decretos publicados en el BOE dejen de ofrecer "la más mínima
motivación, confundiendo la naturaleza discrecional de la concesión del
indulto con su ejercicio indiscriminado o arbitrario". De igual modo,
UPyD insta al Gobierno a regular la posibilidad legal de
recurrir ante lo contencioso-administrativo la concesión del indulto por
la Fiscalía, las acusaciones o los perjudicados u ofendidos
por el delito si se ha concedido de forma "ilógica, fraudulenta o con
alarma social". En la sesión del miércoles, la diputada de UPyD Irene Lozano
preguntará a Gallardón si el Ejecutivo va a eximir a Matas de la pena
de nueve meses de cárcel a la que ha sido condenado en la primera pieza
del caso Palma Arena.
