Ningún episodio ejemplifica la ley no escrita de los oligopolios
piratas vigente en España como el caso del ´déficit tarifario”
supuestamente generado por nuestro “pseudomercado” eléctrico. Desde la supuesta
liberalización del sector eléctrico en 1997 y la privatización de Endesa, el
precio de la electricidad ha escalado un 70%, causando una “misteriosa” deuda
pública de la que todos los gobiernos se han sentido responsables por razones
que nadie entiende las contadas ocasiones en que se explican. Cifrado a día de
hoy en más de 28.000 millones, el “déficit tarifario” es padecido año tras año
por unas eléctricas que, pese a declarar no cubrir sus costes, firman cada
ejercicio beneficios más cuantiosos.
Las razones para justificar semejante “déficit tarifario” alegan que
los precios de mercado han resultado muy superiores a los previstos. Pero no
explican cómo esos precios no responden solo a los costes de producción. Se
manipulan en función de las necesidades de producción y el monopolio de
información controlado por los propios productores y distribuidores, las
compañías eléctricas. Así, por ejemplo, durante todo el período de vigencia de
los famosos CTC –costes de transición a la competencia- aprobados por el
ministro Josep Piqué, nunca fueron liquidados a favor del sistema y a nuestro
favor los ingresos extra obtenidos por las eléctricas hasta 2001, gracias a una
tarifa basada en una estimación de precio -36 euros- superior al precio real
del mercado. En cambio, las eléctricas sí liquidaron rigurosamente los 8.660
millones de euros que les garantizaba el sistema cuando los precios reales
empezaron a superar a las tarifas a partir del 2001.
Parece muy complicado porque así se ha pretendido conscientemente.
Pero no lo es. Solo nuestras pocas y grandes eléctricas saben cuánto cuesta
realmente producir la electricidad que pagamos. Es la ley de los oligopolios
piratas en estado puro. Controlan de manera absoluta los precios, mediante un
mercado y un sistema de facturación que nadie puede contrastar o evaluar y al
que añaden continuamente costes inflados a través de la agregación de supuestos
servicios sin valor, servicios que el consumidor ni siquiera ha solicitado. El
regulador ha evitado asumir el coste político de velar por el correcto
funcionamiento del mercado y la verificación de la información que sustenta los
costes. El consumidor aunque quiera saber por qué paga lo que paga, no puede.
Carece de los recursos o de la información y tampoco tiene donde buscarla.
El ¨déficit tarifario” se ha fijado en cerca de treinta mil millones.
Pero podrían haberlo valorado en cuarenta o cincuenta. Seguramente pocos
podrían haber alegado nada en contra. Si a alguien se le hubiera ocurrido poner
objeciones habría sido discretamente silenciado, como lo son ahora quienes
cuestionan la deuda con las eléctricas. Es como si el contador de la luz de su
casa no funcionase y la compañía eléctrica le mandase cada mes una factura
descomunal, que usted acepta por pura fe o confianza; a cambio la compañía no
se la va a cobrar… de momento. La deuda se renegocia y crece año tras año.
Mientras, los sucesivos gobiernos la van dejando en el cajón para el siguiente,
apuntándose el tanto de subir poco, o incluso bajar, el recibo de la luz.
Todos ganan, menos nosotros, los clientes. Pero es que ese era el plan. La liberalización y privatización del sector eléctrico no se efectúo para liberarnos a nosotros, los consumidores, sino para liberar a los oligopolios piratas del control democrático de los gobiernos y la opinión pública. Se privatiza para abaratar costes transfiriéndolos a los clientes y facilitar la producción, no para hacer más competitivos a los mercados y más libres a los clientes. En el Neoliberalismo corsario, las privatizaciones no se hacen para liberarnos a nosotros, sino para liberar a los piratas de lo público.
