Mariano Rajoy ha anunciado que acometerá una “investigación interna que será sometida a auditoría externa” para poner punto y final a las sospechas de corrupción que recaen sobre la cúpula del Partido Popular tras la reactivación del Caso Bárcenas. Pero, ¿qué es eso de una “auditoria externa” que escrute una “investigación interna” previa?
En principio es simple palabrería a la que los políticos son
especialmente proclives cuando se sienten acorralados por la prensa. Pero
más allá de los malabarismos sintácticos, sí existe la posibilidad de
que sobre las cuentas del PP se haga una auditoría. Una auditoría que
necesariamente tendría que ser externa porque todas las auditorías
contables lo son. Es imprescindible que el auditor carezca de vínculos laborales con la entidad auditada, de lo contrario se produciría un grave conflicto de intereses.
Lo primero que habría que plantearse es por qué el PP no presenta la última auditoría, la correspondiente a 2012 o, en su defecto, a 2011
y sale del paso mostrándola públicamente en su integridad. Las
sociedades anónimas, por ejemplo, tienen la obligación legal de
someterse a una de estas auditorías todos los años y entregar luego sus
resultados a los accionistas, generalmente durante la Junta anual. ¿Hacen lo mismo los partidos políticos?
Si el PP tiene sus estados financieros sin auditar debe proceder a
solicitar una auditoría cuanto antes, con o sin Bárcenas de por medio.
Ahora bien, la siguiente pregunta que habría que hacerse es qué tipo de información da una auditoría contable. En principio es un examen, a cargo de uno o varios especialistas, de los libros contables para certificar la exactitud y fidelidad de los datos contenidos en ellos. Una auditoría no es una inspección fiscal. El auditor se limita a examinar lo que hay y comprobar que es cierto. Luego, el auditor emite un informe y realiza recomendaciones en función de los errores que haya encontrado.
Los auditores sólo tienen a su disposición la información contable oficial, la que Hacienda ya conoce.
Resumiendo, los auditores se mueven siempre en el terreno de lo legal y
lo visible. Pero el problema que tiene el Partido Popular ahora es que le
acusan de haber utilizado sobres con dinero en efectivo para remunerar a
sus cargos y empleados. Ese dinero no lo ha visto nadie, oficialmente no existe, es dinero negro o, por utilizar la expresión de Javier Arenas, “dinero B”.
¿Existe una contabilidad B? Si hay entradas y salidas de dinero hay contabilidad, pero no es una contabilidad que esté al alcance de cualquiera, y no está, naturalmente, a disposición de un auditor, por muy externo que sea. Tampoco está a la vista de Hacienda. Si lo estuviese no sería dinero B, sino dinero A y no habría motivo para el escándalo.
Es de suponer que las cuentas del Partido Popular están en orden y
resisten el escrutinio de cualquier auditor e, incluso, de un inspector
de Hacienda. Pero las sospechas no van por esas cuentas, sino
por otra que, siempre supuestamente, corría paralela a las oficiales y
auditables. Saber si esa cuenta existe o no excede con mucho
las competencias de un auditor es algo que entra en el terreno de la
investigación judicial que es donde se encuentra ahora.