Los
promotores de la acción "pacífica" de protesta convocada para el
próximo martes 25 de septiembre en las inmediaciones del Congreso de los
Diputados se enfrentan a penas de hasta un año de prisión. Al menos
diez de las personas que han participado en las asambleas de preparación
de esta convocatoria, que han tenido lugar en el parque del Retiro de
Madrid, han recibido en las últimas horas citaciones judiciales en las
que se les imputa un presunto delito contra altos organismos de la
nación, tipificado en el artículo 494 del Código Penal. El pasado
sábado, cuatro activistas que portaban una pancarta de la convocatoria
también fueron detenidos mediante participaban en la manifestación de la
Cumbre Social.
Según este artículo, incurrirán en la "pena de prisión de seis meses a
un año o multa de doce a veinticuatro meses los que promuevan, dirijan o
presidan manifestaciones u otra clase de reuniones ante las sedes del
Congreso de los Diputados, del Senado o de una Asamblea Legislativa de
Comunidad Autónoma, cuando estén reunidos, alterando su normal
funcionamiento".
Según la documentación a la que ha tenido acceso Público, al menos uno
de los imputados ha sido llamado a declarar el próximo 4 de octubre en
la Audiencia Nacional. El Juzgado de Instrucción número 1 de ese
tribunal, cuyo titular es Santiago Pedraz, dirige la investigación. Al
ser citados como imputados, deberán comparecer asistidos por un abogado.
Si no lo hacen, se les designará un letrado del turno de oficio.
En una rueda de prensa que tuvo lugar ayer, varios participantes de la
acción reafirmaron su apuesta por la desobediencia civil pacífica: "No
hay ninguna intención de 'ocupar el Congreso', sino de rodearlo y andar
alrededor. Se ha consensuado que no se impedirá el tránsito de los
diputados ni se interrumpirá el funcionamiento interno del Congreso",
aseguraron. En un comunicado difundido este viernes por la coordinadora
25-S, convocante de la acción junto a la plataforma ¡En Pie!, sus
integrantes insisten en que sólo llegarán hasta donde lo permita la
barrera policial.
"Cada intento de criminalizarnos, suma apoyos"
"Es evidente que intentan construir un escenario lo más crispado
posible, que la Delegación del Gobierno pretende criminalizar nuestras
reivindicaciones y el creciente apoyo a la movilización, pero cada
intento de hacerlo suma miles de personas para rodear el Congreso el
próximo 25 de septiembre", aseguran en este texto.
Chema Ruiz, una de las caras más visibles de la lucha contra el drama de
los desahucios en Madrid, es uno de los imputados. Él ha participado en
las asambleas de preparación de esta protesta y también fue uno de los
detenidos el pasado sábado cuando portaba una pancarta de la
convocatoria. "No nos pueden acusar de algo que todavía no se ha
producido. Además, hemos reiterado nuestra voluntad de que el 25-S sea
un acto pacífico", ha señalado a este diario. "Este sistema no se puede
calificar de democrático, atentan contra las libertades fundamentales",
ha continuado Ruiz.
Los participantes del 25-S, no obstante, aseguran que este "acoso" no
les va a frenar en sus reivindicaciones. Y han anunciado que este fin de
semana seguirá habiendo asambleas abiertas a las 11 horas en el Parque
del Retiro. Sí han informado del "posible riesgo" que se deriva de la
asistencia a estas convocatorias.
