La magistrada está acusada de prevaricación por favorecer a un “amigo íntimo”
La juez Coro Cillán, el pasado mes de abril.
La juez de Madrid Coro Cillán,
titular del Juzgado de Instrucción 43, prestó el pasado día 14 de junio
declaración como imputada ante el Tribunal Superior de Justicia de
Madrid. Fue interrogada en relación con la orden de clausura que dictó
el 21 de septiembre de 2011 contra la discoteca madrileña Moma 56, que
le ha supuesto una querella de la Fiscalía de Madrid por un delito de
prevaricación y la apertura de un expediente disciplinario por parte del
Consejo del Poder Judicial. Supuestamente, con esa decisión habría favorecido a “un amigo íntimo suyo”
en detrimento de una parte de los dueños del local, que dispone de
restaurante y sala de fiestas. Los socios de la discoteca estaban
enfrentados.
Según las citadas fuentes, algunos pasajes de la declaración de Cillán fueron llamativos.
—“¿Por qué clausuró usted la discoteca Moma?”, preguntó el juez instructor a Cillán.
—“Porque se sabe que en Madrid en todas las discotecas se trafica con droga, y además todos los porteros son unos mafiosos” — respondió, ante el asombro de los presentes; entre ellos, Carlos Ruiz de Alegría, teniente fiscal del Tribunal Superior de Madrid y autor de la querella.
Lo que contestó Cillán, y ella es juez, nada tenía que ver con el objeto del interrogatorio, hasta el punto de que, según los citados medios, el instructor le rogó que se centrase en los hechos: “Ilustrísima señora, limítese a los hechos, por favor”.
En otra fase del interrogatorio, la magistrada Cillán desvió también sus respuestas al señalar, sin venir a cuento, que el exministro del Interior Alfredo Pérez Rubalcaba le había dado algunas medallas y que ella suele asistir a ponencias sobre antiterrorismo. El objetivo de las preguntas del fiscal y el instructor era averiguar si Cillán adoptó una decisión injusta (prevaricación) cuando una parte de los socios de Moma, enfrentados entre sí, acudieron a su juzgado, estando ella de guardia en Madrid, y denunciaron a los otros por administración desleal de la discoteca. Y, simultáneamente, reclamaron el precinto del local y cambio de administradores. Contra el criterio de la fiscal de guardia, que le advirtió de que antes de precintar el local debía hacerse una comprobación de los hechos denunciados, la juez Cillán ordenó esa misma noche a la policía el precinto del establecimiento. Sin ni siquiera oír a la parte contraria. “Por mis santos cojones se precinta Moma”, soltó Cillán a la fiscal, según declaró esta ante la inspección del Consejo.
Y al día siguiente puso otros administradores, entre los que estaban un supuesto “amigo íntimo” de la juez, Javier Caballero Dotres, al que llegó a otorgarle una minuta de 18.000 euros mensuales que posteriormente redujo, según consta en el exhaustivo expediente que dio lugar a que el Poder Judicial le haya abierto un expediente por tres faltas muy graves. En ese expediente, que el Consejo tiene paralizado a la espera de que se resuelva la investigación penal del Tribunal Superior, se indica que Cillán, en alguna ocasión, comentó en el juzgado que Caballero Dotres era su novio. “La magistrada me ha hablado durante casi un año de un compañero sentimental, llamado Javier Caballero, que es abogado en Alicante, y que cuando viene a Madrid se aloja en su casa”, relató la fiscal a la inspección del Consejo.
El fiscal del Tribunal Superior también preguntó a Cillán sobre la relación que mantiene con Caballero. Respondió que sus comentarios acerca de ese noviazgo eran “una broma”.
En la querella de la fiscalía y en el expediente del Consejo consta que, tras cambiar a los administradores, Cillán les acompañó al banco y les facilitó a sus supuestos amigos la apertura de una cuenta judicial en la que debían consignarse los ingresos de la discoteca. Esta labor es competencia de la secretaria del juzgado; sin embargo, la gestión la hizo personalmente Cillán ante el banco, siempre según estas pesquisas. La magistrada tendrá que prestar una segunda declaración en el Tribunal Superior el próximo miércoles. La fiscalía le preguntará sobre la autoría de una firma que consta en la apertura de la cuenta bancaria, puesto que hay dudas de si se trata de la rúbrica auténtica de la secretaria de su juzgado o bien está falsificada. En cuyo caso, aparte del delito de prevaricación, podría concurrir otro de falsedad.
Cillán es la juez que durante casi dos años abrió una nueva causa judicial del 11-M, cuestionando todo lo actuado y sentenciado por la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo y practicando todo tipo de pruebas e interrogatorios. Hasta que la Audiencia de Madrid ordenó archivar la causa porque era cosa juzgada.
El fiscal señala en su escrito que Cillán debió abstenerse de conocer este asunto puesto que ya había sido tratado por el Juzgado 38 de Madrid.
Además, le reprocha que, tras precintar el local, debió enviar la causa a reparto del Decanato, pues la misión del juez de guardia debe limitarse a la adopción de la medida cautelar, la petición de precinto, pero no puede quedarse con el asunto. El fiscal añade: “A pesar de que se vulneraron las normas de reparto y de que en cualquier caso debiera haberse inhibido (…) la querellada”, agrega, “continuó instruyendo el procedimiento, dictando providencia en fecha 30/09/11 en la que se nombró a tres administradores judiciales para que actuaran mancomunadamente”.
Uno de ellos fue “don Francisco Javier Caballero Dotres, con el cual la magistrada”, dice la fiscalía, “tenía una relación de íntima amistad”. Y no solo eso: “La magistrada ordenó la apertura en fecha 18/10/11 de una cuenta corriente en la sucursal de la entidad Banesto, sita en la calle Capitán Haya n.º 43, a fin de canalizar en la misma los ingresos y gastos derivados de la administración judicial (...) figurando como titular de la misma la Entidad Moma 56 SL., y como apoderado D. Francisco Javier Caballero Dotres; sin que haya constancia de que en el procedimiento instruido se reflejara documentalmente la apertura de la reseñada cuenta, así como los movimientos habidos en la misma”.
Según las citadas fuentes, algunos pasajes de la declaración de Cillán fueron llamativos.
—“¿Por qué clausuró usted la discoteca Moma?”, preguntó el juez instructor a Cillán.
—“Porque se sabe que en Madrid en todas las discotecas se trafica con droga, y además todos los porteros son unos mafiosos” — respondió, ante el asombro de los presentes; entre ellos, Carlos Ruiz de Alegría, teniente fiscal del Tribunal Superior de Madrid y autor de la querella.
Lo que contestó Cillán, y ella es juez, nada tenía que ver con el objeto del interrogatorio, hasta el punto de que, según los citados medios, el instructor le rogó que se centrase en los hechos: “Ilustrísima señora, limítese a los hechos, por favor”.
En otra fase del interrogatorio, la magistrada Cillán desvió también sus respuestas al señalar, sin venir a cuento, que el exministro del Interior Alfredo Pérez Rubalcaba le había dado algunas medallas y que ella suele asistir a ponencias sobre antiterrorismo. El objetivo de las preguntas del fiscal y el instructor era averiguar si Cillán adoptó una decisión injusta (prevaricación) cuando una parte de los socios de Moma, enfrentados entre sí, acudieron a su juzgado, estando ella de guardia en Madrid, y denunciaron a los otros por administración desleal de la discoteca. Y, simultáneamente, reclamaron el precinto del local y cambio de administradores. Contra el criterio de la fiscal de guardia, que le advirtió de que antes de precintar el local debía hacerse una comprobación de los hechos denunciados, la juez Cillán ordenó esa misma noche a la policía el precinto del establecimiento. Sin ni siquiera oír a la parte contraria. “Por mis santos cojones se precinta Moma”, soltó Cillán a la fiscal, según declaró esta ante la inspección del Consejo.
Y al día siguiente puso otros administradores, entre los que estaban un supuesto “amigo íntimo” de la juez, Javier Caballero Dotres, al que llegó a otorgarle una minuta de 18.000 euros mensuales que posteriormente redujo, según consta en el exhaustivo expediente que dio lugar a que el Poder Judicial le haya abierto un expediente por tres faltas muy graves. En ese expediente, que el Consejo tiene paralizado a la espera de que se resuelva la investigación penal del Tribunal Superior, se indica que Cillán, en alguna ocasión, comentó en el juzgado que Caballero Dotres era su novio. “La magistrada me ha hablado durante casi un año de un compañero sentimental, llamado Javier Caballero, que es abogado en Alicante, y que cuando viene a Madrid se aloja en su casa”, relató la fiscal a la inspección del Consejo.
El fiscal del Tribunal Superior también preguntó a Cillán sobre la relación que mantiene con Caballero. Respondió que sus comentarios acerca de ese noviazgo eran “una broma”.
En la querella de la fiscalía y en el expediente del Consejo consta que, tras cambiar a los administradores, Cillán les acompañó al banco y les facilitó a sus supuestos amigos la apertura de una cuenta judicial en la que debían consignarse los ingresos de la discoteca. Esta labor es competencia de la secretaria del juzgado; sin embargo, la gestión la hizo personalmente Cillán ante el banco, siempre según estas pesquisas. La magistrada tendrá que prestar una segunda declaración en el Tribunal Superior el próximo miércoles. La fiscalía le preguntará sobre la autoría de una firma que consta en la apertura de la cuenta bancaria, puesto que hay dudas de si se trata de la rúbrica auténtica de la secretaria de su juzgado o bien está falsificada. En cuyo caso, aparte del delito de prevaricación, podría concurrir otro de falsedad.
Cillán es la juez que durante casi dos años abrió una nueva causa judicial del 11-M, cuestionando todo lo actuado y sentenciado por la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo y practicando todo tipo de pruebas e interrogatorios. Hasta que la Audiencia de Madrid ordenó archivar la causa porque era cosa juzgada.
La querella del fiscal
La Fiscalía del Tribunal Superior de Madrid imputa a la juez Coro Cillán un delito de prevaricación en relación con el precinto de la discoteca Moma. Según la querella de la fiscalía, Cillán, estando de guardia el 21 de septiembre de 2011, asumió una denuncia de uno de los socios de Moma contra otros. El denunciante pedía, como medida cautelar urgente, el precinto del local. Desde el primer momento, resalta el fiscal, la juez “se posicionó a favor de la parte denunciante, dictando una serie de resoluciones judiciales en beneficio de la misma, a pesar de ser consciente de que dichas resoluciones resultaban arbitrarias, inmotivadas, y sin la mínima base fáctica que las pudiera justificar”.El fiscal señala en su escrito que Cillán debió abstenerse de conocer este asunto puesto que ya había sido tratado por el Juzgado 38 de Madrid.
Además, le reprocha que, tras precintar el local, debió enviar la causa a reparto del Decanato, pues la misión del juez de guardia debe limitarse a la adopción de la medida cautelar, la petición de precinto, pero no puede quedarse con el asunto. El fiscal añade: “A pesar de que se vulneraron las normas de reparto y de que en cualquier caso debiera haberse inhibido (…) la querellada”, agrega, “continuó instruyendo el procedimiento, dictando providencia en fecha 30/09/11 en la que se nombró a tres administradores judiciales para que actuaran mancomunadamente”.
Uno de ellos fue “don Francisco Javier Caballero Dotres, con el cual la magistrada”, dice la fiscalía, “tenía una relación de íntima amistad”. Y no solo eso: “La magistrada ordenó la apertura en fecha 18/10/11 de una cuenta corriente en la sucursal de la entidad Banesto, sita en la calle Capitán Haya n.º 43, a fin de canalizar en la misma los ingresos y gastos derivados de la administración judicial (...) figurando como titular de la misma la Entidad Moma 56 SL., y como apoderado D. Francisco Javier Caballero Dotres; sin que haya constancia de que en el procedimiento instruido se reflejara documentalmente la apertura de la reseñada cuenta, así como los movimientos habidos en la misma”.
