El pleno del Parlamento Europeo ha aprobado una resolución que pide
garantizar la libertad de prensa, la independencia del trabajo de los
periodistas y establecer un control anual sobre los cambios que se
producen en los estados miembros en las leyes que regulan los medios de
comunicación. El informe ha sido aprobado por una abrumadora mayoría
-539 votos a favor, 70 en contra y 78 abstenciones- si bien entre los
votos en contra se encuentran prácticamente todos los eurodiputados
españoles miembros del Partido Popular Europeo (PPE).
De los 70 votos en contra, 35 pertenecen a esta formación y 15 son eurodiputados españoles.
Sólo dos representantes de la delegación española del PP -Cristina
Gutiérrez-Cortines y Carlos Iturgaiz Angulo- han dado el 'Sí' a este
informe que destaca la "importancia y urgencia de supervisar anualmente
la libertad de los medios de comunicación y el pluralismo en todos los
Estados miembros". También ha votado a favor Salvador Sedó i Alabart,
que no pertenece al PP pero sí forma parte del Partido Popular Europeo,
mientras que Rosa Estarás se ha abstenido.
La delegación española del Partido Popular justifica este
voto en contra porque "la creación de más órganos reguladores no deja de
ser una injerencia en la libertad de expresión". "Estamos a
favor de la subsidiariedad y de que cada Estado garantice este derecho,
pero creemos que ya hay órganos suficientes y que no hace falta más
regulación", explica un portavoz de los 'populares'.
Antes de cada sesión, las delegaciones revisan los textos e informes
que van a votarse y consensúan el voto de acuerdo a su posición, si bien
cada eurodiputado puede después desmarcarse de la mayoría, como ha
ocurrido en esta ocasión. La delegación española ha sido ha votado en
contra de la mayoría del pleno y del propio PPE, que en líneas generales
ha dado su respaldo a este informe. El resto de eurodiputados españoles de otras formaciones han respaldado este texto, elaborador por la eurodiputada liberal rumana Renate Weber.
Entre otras recomendaciones, el informe pide garantizar la independencia de los periodistas frente a presiones internas de los editores o propietarios
como y frente a presiones externas de los grupos de presión políticos y
económicos. También reclama que se lleve a cabo un estudio sobre los
efectos de la crisis y el empleo precario en el sector periodístico y
propone ampliar el ámbito de aplicación de la Directiva de Servicios
Audiovisuales para establecer unos estándares mínimos de protección de
los derechos fundamentales a la libertad de expresión e información.
"Creemos que si se crean más órganos de control se acabará atentando
contra la libertad de expresión que se pretende garantizar", justifican
en la delegación española del PPE.
En cuanto a los medios públicos, el texto aprobado por la Eurocámara
exige que los cargos directivos, los consejos informativos y sus órganos
reguladores sean seleccionados bajo los principios de mérito y
experiencia y no en virtud de criterios políticos.
