Están tan acostumbrados a medrar en el partido a base de lealtades y
sumisiones personales, que cuando llegan a gobernar no se fían de los
funcionarios que se encuentran. Con frecuencia los ven como un obstáculo
a sus decisiones, como burócratas que ponen objeciones y controles
legales a quienes piensan que no deberían tener límites por ser
representantes de la soberanía popular...
Con el funcionariado está sucediendo lo mismo que con la crisis
económica. Las víctimas son presentadas como culpables y los auténticos
culpables se valen de su poder para desviar responsabilidades,
metiéndoles mano al bolsillo y al horario laboral de quienes inútilmente
proclaman su inocencia.
Aquí, con el agravante de que al ser unas víctimas selectivas, personas
que trabajan para la Administración pública, el resto de la sociedad
también las pone en el punto de mira, como parte de la deuda que se le
ha venido encima y no como una parte más de quienes sufren la crisis. La
bajada salarial y el incremento de jornada de los funcionarios se
aplaude de manera inmisericorde, con la satisfecha sonrisa de los
gobernantes por ver ratificada su decisión.
Detrás de todo ello hay una ignorancia supina del origen del
funcionariado. Se envidia su status, y por eso se critica la estabilidad
que ofrece en el empleo, lo cual en tiempos de paro y de precariedad
laboral es comprensible. Pero esta permanencia tiene su razón de ser en
la garantía de independencia de la Administración respecto de quien
gobierne en cada momento, una garantía que es clave en el Estado de
derecho.
La expresión de ganar una plaza 'en propiedad' responde a la idea de que
al funcionario no se le puede privar de su empleo público, sino en los
casos legalmente previstos y nunca por capricho del político de turno.
Cierto que no pocos funcionarios consideran esa 'propiedad' en términos
patrimoniales y no funcionales, y se apoyan en ella para un escaso
rendimiento laboral, a veces con el beneplácito sindical. pero esto es
corregible mediante la inspección, sin tener que alterar aquella
garantía del Estado de derecho.
Los que más contribuyen al desprecio de la profesionalidad del
funcionariado son los políticos cuando acceden al poder. Están tan
acostumbrados a medrar en el partido a base de lealtades y sumisiones
personales, que cuando llegan a gobernar no se fían de los funcionarios
que se encuentran. Con frecuencia los ven como un obstáculo a sus
decisiones, como burócratas que ponen objeciones y controles legales a
quienes piensan que no deberían tener límites por ser representantes de
la soberanía popular. En caso de conflicto, la lealtad del funcionario a
la ley y a su función pública llega a interpretarse por el gobernante
como una deslealtad personal hacia él e incluso como una oculta
estrategia al servicio de la oposición.
Para evitar tal escollo han surgido, cada vez en mayor número, los
cargos de confianza al margen de la Administración. También se ha
provocado una hipertrofia de cargos de libre designación entre
funcionarios, lo que ha suscitado entre estos un interés en alinearse
políticamente para acceder a puestos relevantes, que luego tendrán como
premio una consolidación del complemento salarial de alto cargo.
El deseo de crear un funcionariado afín ha conducido a la intromisión
directa o indirecta de los gobernantes en procesos de selección de
funcionarios, influyendo en la convocatoria de plazas, en la definición
de sus perfiles y temarios e incluso en la composición de los
tribunales. Este modo clientelar de entender la Administración, en sí
mismo una corrupción, tiene mucho que ver con la corrupción
económico-política conocida y con el fallo en los controles para
atajarla.
Estos gobernantes de todos los colores políticos, pero sobre todo los
que se tildan de liberales, son los que, tras la perversión causada por
ellos mismos en la función pública, arremeten contra la tropa
funcionarial, sea personal sanitario, docente o puramente
administrativo.
Lo más sangrante no es el recorte económico en el salario del
funcionario, sino el insulto personal a su dignidad. Y lo grave es que
no hay propósito de enmienda. La crisis no ha corregido los malos
hábitos; todo lo más los ha frenado por falta de financiación o,
simplemente, ha forzado a practicarlos de manera más discreta.
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La Agencia Tributaria que le gustaría a Montoro (Vergara)
Artículo de Francisco J. Bastida, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo (extracto) | |
