Todos han recibido una carta del Parlamento Europeo. El ministro de 
Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, el consejero de Justicia de la Junta 
de Andalucía, Emilio de Llera, el alcalde de Córdoba, José Antonio 
Nieto, y el de Posadas, Antonio Ortega Borja. No es la misma misiva pero
 sí es muy parecida y sólo persigue una cosa: que la familia de Anselmo 
Gómez Bermudo tenga acceso a documentos oficiales sobre su arresto y 
ejecución en Córdoba en 1936, durante las primeras semanas de la Guerra 
Civil.
El Europarlamento cumple así una 
resolución aprobada por unanimidad
 a principios del pasado mes de noviembre. Anselmo Guillermo Gómez 
Bermúdez, natural de Posadas y vecino de Palma del Río, ex juez de paz, 
secretario y tesorero de PSOE local, fue encarcelado en la prisión 
provincial y posteriormente fusilado en Córdoba el 19 de agosto de 1936.
 Los familiares de este represaliado de la Guerra Civil han tenido que 
acudir a Bruselas después de que ni el Juzgado de Posadas ni los de 
Córdoba se mostraran competentes y negaran el acceso a documentación a 
los descendientes de este fusilado.
Las cuatro misivas coinciden en asegurar que el Parlamento seguirá 
“con sumo interés” el caso de Anselmo Guillermo Gómez y si se le 
facilita o no a su hija el acceso a la documentación que requieren. 
Además, las cartas van más lejos al citar una sentencia del Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos por el caso 
Janowiec, que asegura que el silencio “sólo puede ser definido como trato inhumano” en estos casos.
 
FOTO: MADERO CUBERO
 
Las cartas están firmadas por Erminia Mazzoni, presidenta de la 
Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo. Dos días después de la 
resolución del Europarlamento visitó el cementerio de la Salud de 
Córdoba la hija del represaliado, Guillermina Gómez Angulo, que dijo que
 venía de Bruselas “de pedir la justicia que no me dan en mi país”.
Guillermina pudo dirigirse a todo el Parlamento Europeo. Tuvo cinco 
minutos pero le dio tiempo a decir que a su padre lo mataron “por 
socialista y por defender al pobre. En Palma del Río [donde su padre 
ejercía como juez de paz] veía mucha injusticia, a niños casi desnudos 
por la calle y eso él no lo podía soportar”. Según Guillermina, su padre
 se enfrentó “a los señoritos del pueblo” y por eso lo fusilaron. Cuando
 estalló la Guerra Civil, lo delató una persona que iba a comer a su 
casa. Lo subieron a un camión y, al poco, fue asesinado. La hija de 
Guillermina también se dirigió al Parlamento Europeo para exigir 
justicia y, sobre todo, para denunciar que su abuelo fue una “víctima 
del terrorismo”.
Esta es la primera vez que el Parlamento Europeo exige a España, de 
forma unánime, que se investigue qué ha pasado con un fusilado de la 
Guerra Civil. Por eso, Guillermina se ha dirigido al ministro de 
Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, para pedir “que haga justicia de 
verdad y no nos deje a medias”. Guillermina quiere saber dónde está 
enterrado su padre, si en el cementerio de San Rafael o en el de la 
Salud, o en alguna de las fosas comunes que hay en el término municipal 
de Córdoba. También quiere saber cuándo fue fusilado y porqué. Quiere 
tener acceso a un expediente que, según su testimonio, el Juzgado de 
Posadas le negó. “No llegaron ni a recogerme los papeles que quería 
presentar”, denuncia.