Soraya y Charlín: una falsa polémica para distraer al pueblo con sus disfraces
 
 
Cuarenta días después de que el blog de 
“Un espía en el Congreso” desvelara el contrato público por “revisiones ginecológicas” firmado por la ministra 
Soraya Sáenz de Santamaría,
 este abuso en el manejo de dinero público ha saltado de nuevo a la 
opinión pública nacional a causa de otro azaroso suceso: un concejal del
 BNG, Xaquín Charlín, lo reprodujo (sin citar) llamando “chochito de 
oro” a la firmante de la subvención y ha tenido que dimitir por el 
exabrupto. Sin embargo, la polémica ha servido al menos para algo: 
Moncloa reconoce que en su Palacio trabajan 1700 empleados, de los 
cuales 700 son mujeres que lo hacen a las órdenes de 
Soraya. Y entre sus privilegios está la citada revisión ginecológica sufragada con fondos públicos por valor de hasta 40.000 euros. 
Mientras
 la noticia del contrato ginecológico de la ministra Soraya circulaba por internet desde hace 40 días, la prensa en papel ha descubierto casi un mes y medio más tarde la existencia de estas subvenciones. 
La respuesta de Moncloa al diario El País ha sido la siguiente:
“El programa de reconocimiento ginecológico adjudicado en abril 
por el ministerio que atacó el concejal en su blog completa los exámenes
 médicos de vigilancia general de la salud que se realizan cada año en 
La Moncloa. La campaña, según detalla la empresa adjudicataria en su 
web, MD Anderson, incluye una exploración clínica, citología, ecografía y
 mamografía dirigida a las empleadas públicas de este ministerio que lo 
deseen. Las revisiones se llevan a cabo entre los meses de abril y junio
 y, posteriormente, se ofrecen consultas mensuales de ginecología hasta 
finales de año. “El programa lleva 15 años realizándose y es un 
complemento de vigilancia de la salud para todo el complejo de La 
Moncloa, donde trabajan 1.700 personas, no es un programa para la 
vicepresidenta”, aseguró esta mañana un portavoz del ministerio. El 
ministerio no precisó cuantas mujeres trabajan en La Moncloa pero al 
menos serían más de 700 las posibles usuarias. “El programa tiene una 
dotación de 40.000 euros pero es un tope, puede no gastarse todo si no 
hay usuarias que lo demanden”, dice Presidencia”.
 Al diario que dirige Pedro Jota Ramírez le contaron esto otro
Al diario que dirige Pedro Jota Ramírez le contaron esto otro: 
“Según
 han explicado a Elmundo.es fuentes de La Moncloa, se trata de un 
“complemento de revisión ginecológico” que se viene aplicando desde hace
 años para todas las trabajadoras de La Moncloa y que incluye un 
programa de prevención de cáncer de útero. El programa tiene un tope de 
40.000 euros, pero el gasto final dependerá de las empleadas que hagan 
uso de éste. La publicación data ya de hace varios días, pero ha salido a
 la luz este martes. Tras conocerse, ha derivado en un aluvión de 
críticas hacia el edil”.
Y así cuenta la noticia ABC: “
Se ceba Charlín 
González con Saénz de Santamaría a quien censura que se gaste 225.000 
euros en la vigilancia del Monasterio de Yuste en Plasencia -patrimonio 
nacional-; 19.300 euros en uniformes para sus ordenanzas; 175.000 euros 
en plantas… Y suma; y sigue. El nacionalista ha encontrado en los 
presupuestos una mina de oro para sacar a pesear la «sin hueso».
Por último, el portavoz del Grupo Popular en el Congreso 
justificó el gasto cuando ayer estalló la controversia en los pasillos 
de la cámara: “En declaraciones en el Congreso tras la 
reunión de la Junta de Portavoces, Alfonso Alonso ha aprovechado para 
aclarar que en el Ministerio de la Presidencia existe una “partida” para
 “la prevención de cáncer de útero” entre las trabajadoras de este 
departamento”.

Las ciudadanas, a la seguridad social. Soraya y sus empleadas, a la sanidad privada
 
Gracias a la información proporcionada en este blog y a la polémica 
nacional suscitada se han conseguido varios objetivos en beneficio de 
todos los ciudadanos: en primer lugar confirmar que los lectores de 
internet se enteran antes y mejor de las noticias que luego publican los
 medios oficiales de papel de forma tergiversada, justificando la 
corrupción o distrayéndola.
También hemos obligado al Gobierno a dar las explicaciones que no le 
piden los partidos del Congreso: el Palacio de la Moncloa emplea 1700 
trabajadores, de los cuales 700 son mujeres que, junto a la ministra 
Soraya, 
gozan del privilegio de reconocimientos ginecológicos 
privados para la prevención del cáncer de útero por valor de hasta 
40.000 euros anuales. Ahora conocemos que la bicoca dura ya 15 años (
la instauró Aznar, la prosiguió Zapatero y la continúa Rajoy),
 la pagamos entre todos y nadie la sabía, salvo las beneficiarias y sus 
ministras o ministros que por inercia la firmaban… Y la seguirán 
firmando, pues nadie ha pedido revocar este contrato debido a la crisis y
 el paro para aprovechar esos recursos públicos en crear empleo.
El propósito final también se ha conseguido: tras este escándalo, ya 
serán pocos los ciudadanos que desconozcan que entre todos pagamos las
 revisiones ginecológicas preventivas que un hospital privado realiza a Soraya y a sus empleadas y muchos medios han reproducido el contrato en sus webs.
Por eso la anécdota del concejal Charlín y su lamentable y soez 
“chochito de oro” quedará así como un divertimento para el pueblo menos 
informado y sagaz, que se conformará de esta forma con la lectura de su 
blog: “reconocimientos ginecológicos por valor de 40.000 euros, 163.000 
euros destinados al servicio de prensa o los 175.000 euros que dedica su
 departamento a plantas y jardines. Estos son sólo los 20 primeros 
contratos de un total de 878 que figuran en su organigrama. Los 
caprichos de Soraya y los departamentos que le competen son más 
importantes que los 6,2 millones de parados. Si nuestro dinero, en lugar
 de emplearse en superficialidades, se le diese a cada familia española 
desempleada, resistiríamos mejor la crisis. Lo más carajudo es que 
“Chochito de Oro” manda a los demás mortales que se aprieten el 
cinturón”, escribía el concejal dimitido.

No
 es la vulgaridad literaria la almendra del caso. Ni tampoco es atinado 
valorar este escandaloso asunto por su coste: ni siquiera sabemos si 700
 posibles privilegiadas harán uso de los 40.000€, y concluirán que no es
 un gasto elevado por persona. Todo necio confunde valor y precio, que 
diría el poeta Antonio Machado. Por eso se confirma que estamos 
gobernados por personas que no nunca han sufrido listas de espera, 
como la ex presidenta madrileña Esperanza Aguirre.
 La casta no tiene que esperar y sufrir para ser atendida, sus pruebas 
médicas y revisiones se efectúan al momento, pagadas con nuestros 
impuestos, mientras 
se recortan esos mismos servicios a
 los ciudadanos. ¿Qué importancia puede tener para ellos el derecho a la
 sanidad pública? ¿Qué clase de empatía pueden sentir hacia los 
ciudadanos que esperan durante meses su cita con el médico sin saber si 
llegarán hasta esa fecha? El gasto del dinero de todos no es la única 
consecuencia negativa de los privilegios. Es sobre todo la inmoralidad y
 crueldad que un hecho así supone.