El pulso entre el Gobierno de España y la 
asociación de consumidores FACUA, a raíz de las campañas de aquélla 
contra las políticas de recortes, agudiza la imagen caciquil de un 
ejecutivo que no admite críticas en su contra, una postura que parece 
obedecer las directrices de su fuente ideológica, la FAES de Aznar.

El
 desarrollo de los acontecimientos presentes apunta a un preocupante 
panorama en el que cierta modalidad de censura, por parte del Gobierno 
español, podría ser una constante. La misiva del  Instituto Nacional del
 Consumo[1] -dependiente del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
 Igualdad- a FACUA, a la que insta a detener sus reiteradas críticas 
hacia los sucesivos recortes llevados a cabo por el Gobierno so pena de 
perder su condición legal de asociación de consumidores, además de su 
exclusión del Registro Estatal de Asociaciones de Consumidores y 
Usuarios[2].
 
A efectos prácticos, la sanción a FACUA implicaría, además de la 
previsible retirada de subvenciones, su expulsión "de todos los órganos 
consultivos a nivel estatal" desde los que traslada la voz de los 
consumidores y "la pérdida del derecho a opinar sobre normas que afecten
 a los consumidores en trámite de audiencia"[3]. Sin embargo, detrás de 
todo este asunto parece esconderse un aviso a navegantes, un diáfano 
mensaje que deja claro que contrariar las políticas del Gobierno puede 
tener consecuencias. En el caso de FACUA, esta advertencia se refuerza 
con la respuesta de la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril -quien 
ostenta el carné del partido en el Gobierno-, a la petición de amparo 
solicitada por la asociación de consumidores. La señora Becerril se 
limita a sugerir a FACUA "que tenga a bien revisar las campañas llevadas
 a cabo por esta organización, por si, en algún caso, se hubiera o 
hubiese producido alguna actividad que no encaje, precisamente, en los 
fines que deben presidir las actuaciones de las asociaciones de 
consumidores y usuarios"[4].
Afortunadamente, FACUA ha conseguido un importante apoyo social que[5], 
muy probablemente mitigue lo que, en caso contrario, sería un ejercicio 
de censura sin precedentes en los últimos tiempos, un duro ataque a la 
libertad de expresión y un chantaje en toda regla. Sin embargo, otras 
asociaciones o grupos de ciudadanos críticos con las políticas de 
recortes, pero con menor base social o alcance mediático, pueden verse 
afectadas por similares ejercicios de censura.
Para sostener la afirmación de que el caso FACUA no es una preocupación 
puntual para el Gobierno, es necesario acudir a su fuente ideológica. 
Como es sabido el partido en el Gobierno se nutre ideológicamente de los
 estudios y propuestas realizados desde la FAES -Fundación para el 
Análisis y los Estudios Sociales-, un think tank (laboratorio de 
ideas) presidido por el expresidente Aznar, cuyo objetivo fundamental es
 la apología del dogma neoliberal. En una publicación realizada por la 
FAES[6] se alerta de "las proposiciones arbitristas que pretenden hacer 
pasar por proyectos de reformas meditados lo que no dejan de ser 
ejercicios más o menos bien intencionados de retórica política", por 
parte de una "sedicente 'portavocía' de la sociedad civil". Es decir, 
para los guías espirituales del Gobierno, quienes discuten 
las políticas de recortes no tienen ningún tipo de credibilidad. De ahí 
que dejen claro que no les "servirá la fragmentación electoral, ni las 
propuestas radicales, ni las hojas de firmas, que aguantan mal la 
comparación con el censo electoral, que ha avalado mayoritariamente y 
hace bien poco el programa popular"[7].
De nuevo la mayoría absoluta pasa a convertirse en el salvoconducto con 
el que aplicar decisiones de corte absolutista, haciendo bueno aquello 
de "todo para el pueblo, pero sin el pueblo", de modo que oponerse a 
ellas implica en la práctica ser tildado casi de antidemocrático[8]. De 
la editorial de la FAES, se puede inferir que los "sedicentes portavoces
 de la sociedad" son un obstáculo para la aplicación de las reformas 
programadas por el Gobierno, que "exigen sacrificios importantes". Las 
críticas de FACUA a las políticas de recortes o a la subida del IVA han 
despertado las iras de un Gobierno que ha seguido el guión sugerido por 
la FAES, el mismo que les llevó a eliminar de la nómina de la 
Radiotelevisión pública a aquellos periodistas que pudieran, a propia 
cuenta y riesgo, el papel de "sedicentes portavoces de la sociedad"[9].
Estas acciones por parte del Gobierno representan, en su conjunto, 
un grave síntoma del déficit democrático que adolece el Estado español. 
Como afirman desde FACUA, "si una ley dijera que no podemos criticar al 
Gobierno estaríamos en una dictadura"[10]. La insistencia en esos 
métodos caciquiles, cuya imagen es indefectiblemente proyectada al 
extranjero[11], no deja de ser una torpeza por parte de un Gobierno que 
aún piensa que su mayoría absoluta representa una carta blanca para 
hacer y deshacer a su antojo. A estas alturas, el señor Presidente y sus
 asesores tendrían que saber que en el resto de Europa y Norteamérica 
gusta de la aplicación de recortes bajo el manto de una aparente 
democracia.
[1] Pilar Farjas: "
Requerimientos FACUA". Instituto Nacional del Consumo, 1 de agosto de 2012.
[2] "
El Gobierno amenaza a FACUA con ilegalizarla como asociación de consumidores". FACUA, 5 de agosto de 2012.
[3] "
Facua: "La amenaza del Gobierno es un grave atentado contra la democracia"". 
Público, 22 de agosto de 2012.
[4] "
Becerril
 se niega a actuar ante la amenaza de ilegalización de FACUA y “sugiere”
 a la organización que revise sus campañas anti–recortes". 
Crónica de Aragón, 23 de agosto de 2012.
[5] "
Más de 60 artistas y periodistas promueven el manifiesto 'Contra la ilegalización de FACUA, por la libertad de expresión'". FACUA, 22 de agosto de 2012.
[6] "
Editorial". 
Cuadernos de pensamiento político, 35. FAES, julio-septiembre 2012.
[7] Ibid.
[8] "
La fundación de Aznar carga contra los que protestan por los recortes". 
Público, 9 de agosto de 2012.
[9] "
La “purga” de periodistas de RTVE: Cuando ser periodista se convierte en ser culpable". 
Tercera Información, 13 de agosto de 2012.
[10] "
Facua mantiene la campaña contra los recortes pese a la amenaza del Gobierno". 
El País, 22 de agosto de 2012.
[11] "
Le Monde, Financial Times y Guardian siguen hablando de “escandalo” en RTVE". 
Tuitformación, 10 de agosto de 2012.