El artículo 15 de la popularmente llamada Ley de Memoria Histórica
 no podría ser más claro. Data de diciembre de 2007, los últimos meses 
de la primera legislatura del antiguo Presidente del Gobierno 
socialista, José Luis Rodríguez Zapatero. Es la Ley 52/2007, de 26 
de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen
 medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante 
la guerra civil y la dictadura, que entra en vigor dos días después
 de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), y supone el 
posicionamiento del Estado español a favor de la llamada memoria histórica,
 al menos desde el punto de vista formal. Años después, todavía muchos 
lamentan que aquello haya quedado en una simple declaración de buenas 
intenciones. 
Vice.com / ENRIQUE ANARTE / 11-11-2014
 Fotos de Marina Tizón
Fotos de Marina Tizón
Recordar en España es un tema tabú, fruto de discusiones interminables en cenas familiares y, para muchos, un innecesario tono 
guerracivilista
 que después de más de treinta años de democracia debería estar 
superado. Mejor no hablar de aquellos cuarenta años de dictadura, 
piensan algunos, ahora que el franquismo está muerto y bien enterrado en
 el Valle de los Caídos.
Olvidar es difícil, no obstante, cuando la memoria de los crímenes de
 aquellos años se erige imponente en el corazón de la capital de un país
 que construyó su democracia sobre la 
desmemoria. Así, cada 
mañana, el tránsito rutinario de cientos y cientos de personas se ve 
asaltado por la imagen de un monumento que recuerda al mítico Arco del 
Triunfo parisino, abandonado y algo destartalado, decrépito en sus 
entrañas, cuyo pasado es mucho más oscuro que el de su semejante galo.
Es el Arco de la Victoria de Moncloa, uno de los puntos más 
emblemáticos de la capital, situado en una de las entradas principales 
de Madrid, la conocida como Carretera de La Coruña, allá donde acaba el 
barrio de Chamberí y empiezan el Parque del Oeste, por un lado, y la 
Ciudad Universitaria, por el otro. Proyectado en los años cuarenta para 
conmemorar el triunfo golpista en la Guerra Civil española, tardó sin 
embargo una década más en construirse y nunca se inauguró oficialmente. 
En la actualidad, el monumento está totalmente abandonado, sus paredes 
llenas de grafitis y los alrededores de restos de botellón. Los 
desperfectos y roturas en el pavimento que rodea a la construcción, 
arreglado recientemente, se multiplican con el paso de los meses. Antes 
era posible acceder a escondidas y contemplar el desastre en que se 
había convertido el interior del Arco, concebido originariamente como 
una sala de exposiciones. Ahora las puertas que dan acceso al arco están
 soldadas, supuestamente para evitar actos vandálicos y desgracias.
Solo las inscripciones de ambos frentes del arco y los adornos 
esculturales parecen mantenerse ajenos a la erosión progresiva del 
monumento que conmemora la victoria de las tropas franquistas en la 
Batalla de la Ciudad Universitaria y, como consecuencia, la caída de la 
capital en manos de los enemigos de la Segunda República. "A los 
ejércitos aquí victoriosos / la inteligencia, que siempre es vencedora /
 da y dedicó este monumento", reza la inscripción en latín del 
frontispicio noroeste. La fachada sudeste, que mira a la ciudad, regala a
 los madrileños otra oda al triunfo de la dictadura, también en latín: 
"Fundado por la generosidad del Rey / restaurado por el caudillo de los 
españoles / el templo de los estudios matritenses / floreció bajo la 
mirada de Dios".
¿Quién se encarga hoy de gestionar, o mejor dicho, de no hacer nada 
con respecto del Arco de la Victoria? Es difícil llegar a saberlo. 
Aunque el arco se encuentra en suelo de la Universidad Complutense de 
Madrid, su gestión es teóricamente competencia del Consorcio Urbanístico
 Ciudad Universitaria, integrado por la universidad anteriormente 
mencionada, la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), la 
Universidad Politécnica de Madrid y el Ayuntamiento de la capital. En la
 práctica, sin embargo, el asunto se asemeja a aquella prueba de 
El Grand Prix
 de la patata caliente. Cuando el tema ha sido tratado en el pleno 
municipal, representantes del PSOE, IU y UPyD han protestado por la 
falta de responsabilidad con la que los diferentes niveles de gobierno 
abordan la cuestión: el Gobierno central considera a la Comunidad de 
Madrid competente, esta pasa el balón al Ayuntamiento, y este lo deja en
 manos del Consorcio (en el cual, de todas formas, participa). El PP 
aprovechó su mayoría en el pleno para dar carpetazo al asunto.
Intentépreguntar al órgano competente sobre los planes respecto del 
arco y la gestión de este, pero la búsqueda fue infructuosa, al más puro
 estilo kafkiano. Si bien todo apunta a que es competencia de la 
administración municipal, desde allí me remitieron a la Comunidad, cuyos
 portavoces negaron su responsabilidad y, tras consultar fuentes 
internas, me confirmaron que la gestión del monumento corresponde al 
Ayuntamiento. Tratar de contactar con el Consorcio Ciudad Universitaria 
tampoco resultó una vía más efectiva: la entidad consideró que era la 
Universidad Complutense la encargada de responder a mis preguntas, 
mientras que la institución educativa devolvió la pelota al Consorcio.
Esta falta de interés, inacción o abandono, si bien no es ninguna 
novedad, contrasta con el tratamiento y la atención que reciben casos 
parecidos, como es el del monumento a las Brigadas Internacionales 
inaugurado en octubre de 2011 en el campus de la Complutense. El caso de
 este memorial, objeto de actos vandálicos en varias ocasiones, sí ha 
sido tratado, por ejemplo, por el Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid, que ordenó su retirada en abril de 2012 por considerar que la 
licencia para su construcción se presentó de manera extemporánea. El 
rector de la Complutense, José Carrillo, se ha posicionado a favor del 
monumento, alegando que no es el único en la ciudad que carece de 
licencia (como, por ejemplo, el de las víctimas del 11M) y que fueron 
las autoridades locales las que se negaron a tomar en consideración este
 permiso.
 Fotografía por Marina Tizón
Fotografía por Marina Tizón
A qué se debe, entonces, el silencio que guardan las autoridades en 
lo que respecta al Arco de la Victoria de Moncloa? Emilio Silva, 
presidente de la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica 
(ARMH), accedió a hablar conmigo sobre este tema, que en la asociación 
llevan años trabajando. "Esto tiene que ver con la falta de voluntad 
política", sentencia. "De hecho, es muy curioso, por decirlo 
asépticamente, que sea un monumento que está a unos cientos de metro de 
la residencia del Presidente del Gobierno. A ninguno de los Presidentes 
que ha habido desde que murió Franco, que habrán pasado numerosas veces 
con su coche oficial, le ha molestado que eso estuviese ahí".
La ARMH ha tratado de reunirse con todos los actores implicados, la 
gran mayoría de las veces sin recibir más que buenas palabras y poca 
ayuda. Consideran, eso sí, que incluso en el caso concreto del Arco de 
Moncloa subyace una gran responsabilidad del Gobierno central. "Es una 
falta de voluntad política que nace también de una estructura social 
predominante en España. Independientemente de que el país haya estado 
gobernado por el PP o el PSOE, los que han estado siempre al frente del 
país han sido fundamentalmente hijos del régimen. Y eso no solo tiene 
que ver con el Arco de la Victoria, sino también con que en Madrid 
todavía exista una Plaza del Caudillo. Sería impensable que en Alemania 
hubiese una Plaza del Führer, o del Duce en Italia. Y también con que 
exista en España una Fundación Francisco Franco, cuyo objetivo es 
exaltar la figura del dictador, y cuyos donantes disfrutan de 
desgravaciones fiscales. Eso no es sino fruto de un acuerdo político con
 el Estado", se lamenta.