Todos han recibido una carta del Parlamento Europeo. El ministro de
Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, el consejero de Justicia de la Junta
de Andalucía, Emilio de Llera, el alcalde de Córdoba, José Antonio
Nieto, y el de Posadas, Antonio Ortega Borja. No es la misma misiva pero
sí es muy parecida y sólo persigue una cosa: que la familia de Anselmo
Gómez Bermudo tenga acceso a documentos oficiales sobre su arresto y
ejecución en Córdoba en 1936, durante las primeras semanas de la Guerra
Civil.
El Europarlamento cumple así una
resolución aprobada por unanimidad
a principios del pasado mes de noviembre. Anselmo Guillermo Gómez
Bermúdez, natural de Posadas y vecino de Palma del Río, ex juez de paz,
secretario y tesorero de PSOE local, fue encarcelado en la prisión
provincial y posteriormente fusilado en Córdoba el 19 de agosto de 1936.
Los familiares de este represaliado de la Guerra Civil han tenido que
acudir a Bruselas después de que ni el Juzgado de Posadas ni los de
Córdoba se mostraran competentes y negaran el acceso a documentación a
los descendientes de este fusilado.
Las cuatro misivas coinciden en asegurar que el Parlamento seguirá
“con sumo interés” el caso de Anselmo Guillermo Gómez y si se le
facilita o no a su hija el acceso a la documentación que requieren.
Además, las cartas van más lejos al citar una sentencia del Tribunal
Europeo de Derechos Humanos por el caso
Janowiec, que asegura que el silencio “sólo puede ser definido como trato inhumano” en estos casos.
FOTO: MADERO CUBERO
Las cartas están firmadas por Erminia Mazzoni, presidenta de la
Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo. Dos días después de la
resolución del Europarlamento visitó el cementerio de la Salud de
Córdoba la hija del represaliado, Guillermina Gómez Angulo, que dijo que
venía de Bruselas “de pedir la justicia que no me dan en mi país”.
Guillermina pudo dirigirse a todo el Parlamento Europeo. Tuvo cinco
minutos pero le dio tiempo a decir que a su padre lo mataron “por
socialista y por defender al pobre. En Palma del Río [donde su padre
ejercía como juez de paz] veía mucha injusticia, a niños casi desnudos
por la calle y eso él no lo podía soportar”. Según Guillermina, su padre
se enfrentó “a los señoritos del pueblo” y por eso lo fusilaron. Cuando
estalló la Guerra Civil, lo delató una persona que iba a comer a su
casa. Lo subieron a un camión y, al poco, fue asesinado. La hija de
Guillermina también se dirigió al Parlamento Europeo para exigir
justicia y, sobre todo, para denunciar que su abuelo fue una “víctima
del terrorismo”.
Esta es la primera vez que el Parlamento Europeo exige a España, de
forma unánime, que se investigue qué ha pasado con un fusilado de la
Guerra Civil. Por eso, Guillermina se ha dirigido al ministro de
Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, para pedir “que haga justicia de
verdad y no nos deje a medias”. Guillermina quiere saber dónde está
enterrado su padre, si en el cementerio de San Rafael o en el de la
Salud, o en alguna de las fosas comunes que hay en el término municipal
de Córdoba. También quiere saber cuándo fue fusilado y porqué. Quiere
tener acceso a un expediente que, según su testimonio, el Juzgado de
Posadas le negó. “No llegaron ni a recogerme los papeles que quería
presentar”, denuncia.